El desastre ambiental provocado por el hundimiento del buque petrolero Prestige frente a la costa nordoccidental de España reveló los vacíos del derecho internacional en materia de prevención, responsabilidad y resarcimiento a los afectados.
El vertido de combustible ya cubre 300 kilómetros de las costas de la nordoccidental comunidad autónoma de Galicia sobre el oceáno Atlántico, donde se encuentra Vigo, el puerto pesquero más grande de Europa.
La tremenda tragedia ambiental y social ligada al barco Prestige vuelve a poner de manifiesto que el actual marco de instituciones internacionales no está a la altura de lo que se necesita, dijo a IPS el ex director general de la Unesco y presidente de la Fundación para la Paz, Federico Mayor Zaragoza.
El Prestige se averió a mediados de la semana pasada, pero el martes se hundió tras partirse en dos, cuando era remolcado mar afuera, con una carga de 70.000 toneladas de fuel oil.
El barco, hundido a 250 kilómetros de la costa de Galicia y a 3.600 metros de profundidad, perdió desde la semana pasada 5.000 toneladas de combustible.
El ministro de Medio Ambiente de España, Jaume Matas, admitió este jueves la gravedad de los daños, pero también dijo que las medidas adoptadas por su gobierno fueron las mejores posibles.
Jaume confirmó que la mancha de petróleo afecta una franja de 295 kilómetros de longitud, con 90 playas y 1,5 millones de metros cuadrados de superficie que deberá ser recuperada.
La restauración de los daños tendrá un costo de 42 millones de dólares, estimó Jaume, aunque el monto podría ser mayor si se partieran los barriles cargados con fuel oil, que permanecen dentro del buque.
Existen tales vacíos en el ordenamiento jurídico internacional que nadie, ni los estados ni las organizaciones internacionales pueden ser responsabilizados por lo que ocurre en estas tragedias, sostuvo el ex director de la Unesco (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura).
Hoy, además de paraísos fiscales y del narcotráfico hay otros (paraísos) que hacen posible que naveguen verdaderas bombas ambientales, concluyó Mayor Zaragoza.
Este reclamo es compartido, con matices, por autoridades, científicos y organizaciones no gubernamentales.
Las tres centrales de trabajadores de Galicia convocaron una movilización ciudadana para el 1 de diciembre en La Coruña, la mayor ciudad gallega, en protesta por la catástrofe ecológica y pesquera provocada por el vertido.
Las organizaciones sindicales subrayaron la necesidad de exigir soluciones efectivas y medidas adecuadas para los trabajadores que se vean afectados.
Las autoridades estiman que han quedado temporalmente sin empleo unos 4.000 pescadores y unos 28.000 trabajadores de industrias vinculadas a la pesca.
Para la organización Ecologistas en Acción, faltó capacidad de reacción por parte de las autoridades españolas, cuando supieron que el petrolero estaba zozobrando, y por eso no se adoptaron medidas preventivas.
El hundimiento de la embarcación con 70.000 toneladas de combustible constituye una amenaza de incalculables dimensiones para el litoral gallego sobre el Atlántico.
La zona donde zozobró el Prestige se caracteriza por una rica diversidad biológica, debido al afloramiento de corrientes frías que atraen, por ejemplo, gran cantidad de aves marinas al llamado banco gallego.
El capitán del buque, Apostolos Maguras, está detenido, acusado de delitos ambientales y de omisión de asistencia en el rescate de la nave. Su fianza fue fijada por la justicia en tres millones de dólares.
Pero la responsabilidad jurídica del accidente resulta difícil de establecer. El Prestige es propiedad de una empresa con sede en Liberia, estaba registrado en Bahamas, y la compañía armadora es de Grecia.
La empresa fletadora es filial de un poderoso consorcio ruso con base en Suiza, y la estadounidense American Bureau of Shipping lo calificó como apto para navegar.
De acuerdo a un portavoz de la firma fletadora Alfa, la responsabilidad recae sólo en los armadores, de acuerdo con lo que establece la convención internacional sobre accidentes de petroleros.
Pero la compañía armadora Universe Maritime señaló que si las autoridades españolas hubieran brindado acogida en un puerto al barco en peligro, los daños habrían sido mucho menores.
Las medidas prácticas que se reclaman son la prohibición definitiva del uso de buques de combustible sin doble casco y que el corredor de navegación marítima se aleje más de las costas al norte de España.
Unas 6.000 embarcaciones con cargas peligrosas pasan anualmente a 80 kilómetros de las costas gallegas y uno de cada cinco en las mismas condiciones de navegación que el Prestige, afirmó el senador Anxo Quintana, del Bloque Nacionalista Gallego.
La Confederación de Empresarios de Galicia exigió la vigencia inmediata de la prohibición de navegar a los buques que transportan sustancias peligrosas sin doble casco.
Los nuevos barcos que se dedican al transporte de sustancias peligrosas son construidos con un casco doble, pero aún hay muchos buques viejos, como el Prestige, navegando sin esa protección.
Estados Unidos prohibió unilateralmente en 1992 los barcos de casco simple, pero la Unión Europea (UE), a la que pertenece España, asumió una norma internacional que pospuso hasta 2015 el retiro de los barcos sin doble casco, sostuvo la española Loyola de Palacio, comisaria de Transporte de la UE.
La Confederación también urgió a las autoridades españolas que reclamen el alejamiento del corredor marítimo en el ámbito europeo e internacional.
La organización ecologista Fondo Mundial para la Naturaleza propuso que se amplíen las Zonas Marítimas Especialmente Sensibles, que se efectúen inspecciones más rigurosas a los barcos viejos y se limiten los movimientos de los cargueros en esas zonas.
La Confederación Sindical de Comisiones Obreras reclamó asimismo a la UE que controle en especial a los buques con bandera de conveniencia.
En el caso del Prestige, que navegaba con bandera de Bahamas, muchos reclamos jurídicos deberán atenerse a la permisiva legislación de ese país. (FIN/IPS/td/dcl/en/ip/02)
