Organizaciones de la sociedad civil exigieron al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) un exhaustivo análisis antes de financiar un gasoducto en Bolivia, en cuya construcción participarán las compañías Enron y Shell.
Amazon Watch, Amigos de la Tierra y el Instituto de Estudios Políticos afirmaron que el BID, rama regional del Banco Mundial, analiza un crédito por 125 millones de dólares para las obras del gasoducto Yabog, a pesar de los malos antecedentes ambientales, sociales y financieros que le atribuyen a Enron y Shell.
Los problemas ambientales y económicos originados con proyectos similares a cargo de esas compañías y las investigaciones por fraude contable contra Enron en Estados Unidos deberían bastar al BID para no conceder el crédito, según las organizaciones.
El informe presentado el jueves de noche por Amazon Watch, Amigos de la Tierra y el Instituto de Estudios Políticos se basa sobre un análisis de las consecuencias de la construcción de los gasoductos Cuiaba y Bolivia-Brasil.
El estudio es una base abrumadoramente suficiente para demostrar que el BID sería negligente si financia el oleoducto Yabog, aun si Enron vende su parte de la obra, advirtieron las organizaciones.
Además, los activistas pidieron al gobierno de Estados Unidos, que controla 30 por ciento del capital del BID, a rechazar el pedido de Enron.
Enron y Shell poseen 25 por ciento del capital y el control administrativo de Transredes, la compañía que solicita el crédito al BID para la ampliación del gasoducto boliviano.
El presidente boliviano Gonzalo Sánchez de Lozada, quien impulsó la venta parcial de la empresa nacional de petróleo y gas a Enron y a Shell, se encuentra en Washington para alentar el crédito ante su par estadounidense, George W. Bush, y funcionarios del BID.
El proyecto Yabog tiene la finalidad de exportar grandes cantidades de gas natural boliviano a Estados Unidos, en especial al sudoccidental estado de California.
Enron continúa operando en todo el mundo, a pesar de su quiebra en Estados Unidos, y procura obtener dinero de estados y de organismos multilaterales para proyectos que cuentan con insuficiente control, advirtieron los activistas.
Entre los bienes de Enron en América Latina figuran la participación en un oleoducto en Colombia, compañías de gas y de electricidad en Brasil y en Venezuela y otras en Guatemala, Panamá y Puerto Rico, indicó el Instituto de Estudios Políticos, organización académica con sede en Washington.
Entidades dependientes del Banco Mundial y del Banco Europeo de Inversiones, órgano financiero de la Unión Europea, han suministrado a Enron créditos por 7.000 millones de dólares, según el Instituto.
Pero los activistas esperan que esta vez el dinero de los organismos no se utilice en un proyecto que, según ellos, será dañino para el ambiente.
Si el BID niega el crédito, enviará una importante señal a Enron y a otras empresas que no deberían contar con fondos públicos para devastar ecosistemas valiosos, dijo la directora ejecutiva de Amazon Watch, Atossa Soltani.
En su informe, las organizaciones advirtieron que el gasoducto Cuiaba, realizado por Enron y Shell, degradó la última selva tropical seca que quedaba intacta en el mundo.
Las compañías tomaron una mala decisión al construir el gasoducto a través del bosque Chiquitano y de los humedales del Pantanal brasileño, y luego implementar lo que el informe denomina un chapucero programa de conservación ambiental.
Las empresas tampoco lograron mitigar otros aspectos perjudiciales del proyecto, como el recrudecimiento de la caza y de la tala ilegales en las áreas adyacentes al gasoducto, según el informe.
La Corporación de Inversiones Privadas en el Extranjero (OPIC) del gobierno de Estados Unidos canceló un crédito de 200 millones de dólares para el gasoducto de Cuiaba y pidió al Departamento de Justicia (fiscalía general) que investigue a Enron por posibles violaciones de la Ley de Actos Corruptos en el Extranjero.
Enron fue, en el pasado, el principal cliente de la OPIC.
En su informe, las tres organizaciones también alertaron que el Proyecto Camisea en Perú, que incluye un complejo de extracción de gas y un gasoducto, es tan perjudicial para el ambiente como Yabog, Cuiabá y Bolivia-Brasil.
El BID y el Banco de Comercio Exterior estadounidense (Exim Bank) estudian la posibilidad de financiar el Proyecto Camisea, propuesto por pequeñas empresas con malos antecedentes ambientales y limitada capacidad técnica, según Amazon Watch, Amigos de la Tierra y el Instituto de Estudios Políticos.
La zona donde se pretende desarrollar el Proyecto Camisea se destaca por su biodiversidad y por ser el hogar de un millar de indígenas con escaso contacto con otras comunidades, así como de 7.000 aborígenes machigüenga.
El Proyecto Camisea viola las políticas ambientales y sobre pueblos indígenas del Banco Mundial, según el informe. (FIN/IPS/en dv/em/ml/mj/02