Los partidos y otras organizaciones de oposición firmaron este jueves en Venezuela un pacto para la reconstrucción, especie de programa para un gobierno de transición, y preparan una huelga general para el próximo lunes.
El paro de actividades de 12 horas de este lunes será el tercero de su tipo en 10 meses en reclamo de la renuncia del presidente Hugo Chávez y la convocatoria anticipada de las elecciones, que según la Constitución se deben realizar en 2006.
La protesta es promovida con abundantes presentaciones en televisión, radio y prensa por Fedecámaras, la principal asociación empresarial del país, la mayoritaria Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), y los 34 partidos y grupos de la sociedad civil reunidos en la Coordinadora Democrática.
Entre las organizaciones que adhirieron a la huelga se cuentan las empresariales, del comercio, de industriales, agropecuarias, de escuelas privadas y farmacias, al igual que los sindicatos de trabajadores de la salud, de la educación y de otros entes públicos.
En cambio, no acatarán la convocatoria de la oposición los trabajadores del petróleo, del gas, de la industria petroquímica y siderurgia, del transporte terrestre y del Metro (tren subterráneo) de Caracas. Los expendios de víveres y la pequeña y mediana industria quedaron en libertad de sumarse o no a la huelga.
Los organizadores de la movilización llaman a sumarse a toda la sociedad, en alusión a la mitad de la población activa que trabaja en el sector informal de la economía y que, por tanto, no está contenida en ninguna organización sindical.
También es un mensaje para los 1,8 millones de desocupados, que equivalen a 15,5 por ciento de los activos, según el estatal Instituto Nacional de Estadísticas.
El presidente de Fedecámaras, Carlos Fernández, confirmó que la huelga es para exigir una salida pacífica, constitucional y democrática a la crisis.
Fernández respondió así a las declaraciones de Chávez respecto de que la protesta del lunes próximo oculta una intención golpista.
Ambas partes remiten de un modo u otro a la huelga iniciada el 8 de abril, que culminó con una multitudinaria marcha opositora tres días después en Caracas, que derivó en actos de violencia con un saldo de 18 muertos.
Los acontecimientos derivaron el 12 de ese mes en el golpe de estado cívico-militar, encabezado por el ex presidente de Fedecámaras Pedro Carmona, que desplazó a Chávez de la presidencia por sólo dos días..
La movilización de abril fue precedida también de la firma en marzo de un pacto de gobernabilidad, por parte de Fedecámaras y de la CTV y avalado por la jerarquía de la Iglesia Católica local, que contenía 10 puntos con asuntos tan variados como la lucha contra la pobreza y la despolitización de las Fuerzas Armadas.
En tanto, el pacto para la reconstrucción aprobado este jueves señala que se busca abrir un espacio de reconciliación, para recuperar la gobernanza, con un periodo de transición en el cual se organice un proceso de consulta popular, como explicara el portavoz de la oposición, el vicealmirante retirado Rafael Huizi.
La oposición organizó el 10 de este mes un acto multitudinario en reclamo de la renuncia del gobierno y de Elecciones Ya, que tres días después fue respondido por otro de igual o mayor convocatoria con el lema Respeto a la Constitución.
El ambiente político es irrespirable y existe el riesgo de graves enfrentamientos, dijo Huizi.
El primer punto del nuevo pacto opositor pide un programa urgente para superar la exclusión social y la pobreza, que en algún grado toca a siete de cada 10 venezolanos y se ha agravado bajo el peso de una inflación de 25 por ciento en los primeros nueve meses de este año,
Le siguen compromisos para reconciliar a los venezolanos en paz y con bienestar, relegitimar los poderes públicos, combatir la corrupción y reinstitucionalizar el estado civil y democrático de derecho.
El último punto destaca la postura de los opositores respecto de que Chávez no ha respetado la separación de los tres poderes del Estado.
También se propone profundizar la democracia y la descentralización administrativa, cambiar la legislación y los tribunales electorales, restablecer la integridad e institucionalización de las Fuerzas Armadas, y medidas para promover el empleo y la reactivación económicas.
El último punto indica la necesidad de normalizar las relaciones internacionales de Venezuela con sus socios tradicionales, lo que alude a los desencuentros diplomáticos con Estados Unidos y, en particular, a críticas de responsables en Washington por las relaciones de Caracas con Cuba, Iraq e Irán.
También este jueves se divulgó la declaración Contra la violencia: democracia, suscrita por 120 personalidades de todos los sectores, ya sean cercanos al gobierno, partidarios de la oposición e independientes.
El comunicado pide que, en procura de una solución a la crisis, se consulte al pueblo en el marco de la Constitución.
La mayoría de los grupos de oposición exigen un referéndum consultivo, que en breve semanas se le pregunte a la población si desea que Chávez continúe o no en el gobierno.
Precisamente, la huelga se convoca con el pretexto de que Chávez rechazó un ultimátum de la oposición de cinco días, que venció el miércoles, para que renuncie o convoque la consulta.
Chávez, en cambio, propone que los interesados en esa consulta, intenten convocarla en 2003 mediante la necesaria recolección de firmas prevista en la Constitución para los casos de pedido de revocación del mandato presidencial, de gobernadores, alcaldes y de diputados.
El mandato de Chávez podría revocarse por esa vía después de agosto de 2003 y luego de que se cumpla una serie de requisitos, el primero de los cuales es que firmen la solicitud 10 por ciento de los habilitados para votar, aproximadamente 1,5 millones de ciudadanos.
Rafael Jiménez, vicepresidente de la Asamblea Nacional (parlamento) y quien ha respaldado a Chávez, dijo este jueves a corresponsales extranjeros que es optimista acerca de que se encuentre una solución pacífica a la crisis y, de cualquier modo, tendremos elecciones el año próximo.
El secretario general de la Organización de Estados Americanos, César Gaviria, quien impulsa un diálogo entre el gobierno y oposición, otorga prioridad a la reconstitución del Poder Electoral, con una nueva ley sobre la materia y depuración del padrón.
Gaviria presentó a las partes el llamado Compromiso por la Paz y la Democracia, el cual fue firmado por el gobierno y por la mayoría de las organizaciones de oposición.
En cambio, los partidos tradicionales, el socialdemócrata Acción Democrática y el socialcristiano Copei, rehusaron suscribir el texto propuesto por Gaviria.
Las vanguardias radicales del oficialismo y de la oposición se interpretan a sí mismas, y no al país, que está saturado de enfrentamientos. La mayoría de la población quiere que Chávez se vaya, en paz y democracia, o que Chávez se quede, en paz y democracia, sentenció por su parte Jiménez. (FIN/IPS/hm/dm/ip/02
