La justicia de México se abre paso con dificultades para aclarar el asesinato de cientos de opositores políticos en los años 60, 70 y 80 y acabar con la impunidad que ha protegido a los culpables.
Como nunca antes, fiscales y jueces investigan crímenes que en su momento, gobernantes elegidos por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) consideraron actos patrióticos. Las actuaciones complican al ex presidente Luis Echeverría (1970-1976) y a antiguos mandos militares.
La Corte Suprema de Justicia se pronunció por investigar la represión del pasado y Vicente Fox, el primer presidente en más de 70 años que no responde al PRI, designó una fiscalía especial para las averiguaciones.
Asimismo, una corte militar abrió proceso a dos generales por la muerte en los años de represión de 130 disidentes políticos y guerrilleros.
Los hechos hablan de un nuevo momento histórico en México, comentó a IPS el escritor Carlos Montemayor. Aunque, en su opinión, aún está por verse si las investigaciones llegan a conclusiones contundentes y si los culpables con castigados.
El ritual de manifestaciones y declaraciones vinculadas a la matanza de cientos de estudiantes el 2 de octubre de 1968 en la plaza de Tlatelolco, de la ciudad México, se repitió este miércoles. Pero, por primera vez, tuvo de telón de fondo una investigación judicial.
Según testimonios y fotografías, varios batallones de soldados rodearon la plaza de Tlatelolco con tanquetas y dispararon contra los estudiantes allí reunidos, que demandaban cambios políticos.
El gobierno del Gustavo Díaz Ordaz (1964-1970) afirmó que fueron los estudiantes quienes atacaron al ejército, el que respondió en defensa propia. Más de 400 jóvenes habrían muerto en la plaza, aunque el gobierno de entonces habló de menos de 30 víctimas.
La matanza de la plaza de Tlatelolco o de las Tres Culturas, que fue perpetrada dos semanas antes del comienzo de los Juegos Olímpicos en la capital mexicana, marcó a una generación y, según observadores, definió un antes y un después en la historia política mexicana.
El ex presidente Echeverría, en aquel momento secretario de Gobernación (Interior) y, por consiguiente, responsable del orden público, fue obligado a presentarse en julio último ante un fiscal. Aunque se negó a responder, amparado en algunos preceptos legales, la justicia lo considera ya un indiciado (sospechoso).
En otro frente, un juez militar determinó que había elementos suficientes para abrir juicio a los generales Francisco Quiroz y Arturo Acosta por la muerte de más de 130 disidentes políticos y guerrilleros en los años 70 y ordenó el encarcelamiento de los dos militares.
Acosta y Quiroz, señalados por grupos humanitarios y activistas políticos como responsables de la detención, tortura y muerte de centenares de opositores, ya estaban en prisión hace dos años, por acusaciones de narcotráfico.
La policía política y el ejército detuvieron entre 1974 y 1984 a por lo menos a 482 opositores, que luego desaparecieron, según un informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, de carácter estatal, pero independiente del gobierno,
La Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado, creada por el gobierno de Fox, aclaró el martes que no tiene un plazo límite para sus investigaciones.
El principal objetivo es preparar una demanda contundente contra los responsables para presentarla a un juez, indicó la Fiscalía Especial.
Expertos en derecho creen que los jueces podrían admitir la prescripción de los delitos, que entonces quedarían impunes. Pero si los califican de crímenes de lesa humanidad, la historia podría seguir otro curso.
Montemayor opinó que la integración de la Fiscalía Especial limita la posibilidad de una sanción histórica contra los gobernantes del PRI por los crímenes políticos. A su juicio, lo mejor habría sido crear una comisión de la verdad.
Según el PRI, en 2000 perdió la presidencia después de controlarla durante 71 años, Fox pretende dar un uso político- electoral a la Fiscalía creada para investigar los hechos del pasado.
Es necesario investigar los crímenes del Estado y de las guerrillas, pero lo más importante es promover la unidad del país y no odios y venganzas, advirtió el diputado Alvaro Vallarta, del PRI.
En los años 60, 70 y parte de los 80, cuando el PRI controlaba todos los poderes del Estado, incluidas las gobernaciones estaduales y los municipios, surgieron células de guerrillas, que fueron rápidamente aniquiladas.
La represión se descargó también sobre opositores que actuaban en la legalidad.
Fox ha declarado que no avalará la impunidad y que serán los jueces quienes determinen la verdad histórica de la llamada guerra sucia. (FIN/IPS/dc/ff/hd/02
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