Indígenas zapotecas de México condenados por subversión, que esperan ser amnistiados tras seis años de periódicos ayunos y de constante movilización de sus familiares, dudan en regresar a sus tierras en caso de quedar libres, pues allí prevalecen la pobreza, la violencia y la presencia militar.
Los 22 nativos, originarios del municipio de San Juan Loxicha, en las sierras del meridional estado de Oaxaca, purgan penas de 40 y 50 años de prisión imputados de pertenecer al guerrillero Ejército Popular Revolucionario (EPR), extremo que niegan.
Existe la posibilidad de que antes de enero el Congreso promulgue una ley de amnistía en favor de los zapotecas, aunque aún hay que definir los términos con varios diputados, dijo a IPS el presidente de la no gubernamental Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos (Limeddh), Adrián Ramírez.
El debate se centra en determinar si la amnistía se limitará a los indígenas o se extenderá a otros casos de personas acusadas de subversión, explicó el presidente de la Limeddh, grupo que lleva la batuta en la promoción de ese beneficio y otorga apoyo legal a los indígenas zapotecas.
Portavoces del presidente Vicente Fox señalaron que el gobierno no pondrá trabas a la amnistía y que la promulgará de forma inmediata si el Congreso legislativo finalmente la aprueba.
Los 22 indígenas presos formaban parte de un grupo de 150 que fuera detenido en 1996, tras un ataque del EPR contra un cuartel de la marina de guerra en el estado de Oaxaca, en el que murieron varios rebeldes, alguno de los cuales fueron identificados por militares como nativos de San Juan Loxicha.
De ese grupo, 71 fueron absueltos por los jueces, luego de que varios de ellos permanecieran presos hasta por cinco años, y otros 50, acusados de delitos menores, se beneficiaran de una amnistía aprobada por el Congreso estadual de Oaxaca.
Los 22 indígenas que siguen detenidos fueron condenados sin posibilidades alguna de obtener su libertad, y el resto obtuvo preliberaciones por decisión judicial.
Ninguno de los detenidos de San Juan Loxicha aceptó pertenecer al EPR y la mayoría denuncia que fueron capturados sin justificación y con violencia. Otros aseguran que fueron torturados e incomunicados por soldados.
La libertad de los indígenas es demandada por organizaciones humanitarias, pero sobre todo por las esposas, hermanas e hijas de los detenidos, quienes han realizado periódicas marchas, ayunos, protestas y denuncias con ese fin.
En Oaxaca, capital del estado del mismo nombre, un grupo de mujeres indígenas instalaron en 1997 tiendas de campaña frente a la sede de gobierno estadual para exigir la libertad de sus familiares. En ese lugar, donde realizaron huelgas de hambre en varias ocasiones, permanecieron en forma ininterrumpida hasta 2001.
Las movilizaciones también llevaron a los familiares de los encausados hasta la capital mexicana, donde cada año desde 1997 instalaron sus tiendas de campaña por periodos de uno o dos meses frente a la sede del Congreso para exigir que se promulgue la ley de amnistía.
Allí también realizaron varias huelgas de hambre, al igual que sus esposos en la cárcel.
Las mujeres han sido el motor del movimiento por la liberación de los nativos de San Juan Loxicha y ahora están a punto de conseguir su objetivo, señaló el presidente de la Limeddh, una organización fundada en 1985.
San Juan Loxicha es un municipio que reúne un pequeño poblado y 27 comunidades de indígenas y mestizos, donde se distribuyen unas 35.000 personas, la mayoría pobres.
Este distrito fue gobernado tradicionalmente por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), grupo que mantuvo la presidencia del país de 1927 a 2000, hasta que los habitantes comenzaron a cambiar sus preferencias electorales y a denunciar supuestos fraudes del PRI en los años 80.
Posteriormente maduró un proceso de reivindicación frente al Estado y se eligieron gobernantes y funcionarios municipales ajenos al PRI, varios de los cuales fueron detenidos en 1996, tras los ataques del EPR.
La violencia en San Juan Loxicha es una constante por problemas de tierras, disputas políticas o por la presencia continua de soldados que patrullan la zona para perseguir guerrilleros, señalaron organizaciones humanitarias.
Los 22 indígenas detenidos por presuntos delitos de subversión declaran que dudan en regresar a San Juan Loxicha, pues según afirman, allí serán acosados por el ejército y amenazados por personas afines al PRI, además de no contar con medios para salir de la pobreza.
Observadores señalaron que la cosecha más visible del surgimiento del EPR es la masiva militarización de extensos territorios de los estado de Oaxaca y su vecino Guerrero y la persecución, detención y tortura de docenas de campesinos pobres.
El EPR irrumpió en escena en junio de 1996 con un discurso de corte marxista-leninista. Su primera acción fue de propaganda en un acto en el que políticos recordaron el primer aniversario del asesinato de 17 campesinos de Guerrero a manos de policías.
Luego vinieron otras acciones, que incluyeron ataques a destacamentos de policía y del ejército, la mayoría en Oaxaca y Guerrero. Entre ellos se cuenta el puesto de la marina de guerra en septiembre de 1996, lo que desató las detenciones en Loxicha.
Desde 2000, el EPR, que se mueve entre las sombras, ha sufrido divisiones internas y no ha recibido ninguno respaldo político importante, no ha realizado ninguna acción de envergadura.
El ejército, con el pretexto de perseguir a ese grupo guerrillero, desató una larga cadena de violaciones contra los derechos humanos de indígenas en general y contra los zapotecos de Loxicha en particular, aseguró el Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez, dirigido por sacerdotes jesuitas.
Oaxaca se ha constituido en uno de los estados más conflictivos de México, debido a la presencia de militares en las sierras de la zona, la pobreza, los problemas internos de las comunidades y los enfrentamientos por la tenencia de tierras y por cuestiones electorales.
En ese estado viven 3,5 millones de personas, casi 70 por ciento de las cuales son indígenas de diversas etnias, y 418 de sus 570 municipios se rigen por normas tradicionales (usos y costumbres) reconocidas por la ley.
Además, 103 de cada 1.000 niños nacidos mueren antes de cumplir un año, y cuenta con 49 de los 100 municipios más pobres de México. (FIN/IPS/dc/dm/hd/02
