Las autoridades de Hong Kong sometieron a consulta pública un proyecto de ley de seguridad nacional que limita la libertad de expresión y dispone la proscripción en ese territorio de cualquier grupo u organización desaprobado por el gobierno de China.
El proyecto, tendente a la implementación del artículo 23 de la miniconstitución o Ley Básica de esta región administrativa especial de China, otorga a la policía más facultades para realizar registros sin orden judicial si tiene sospechas de subversión.
Asimismo, prevé siete años de cárcel para quien publique material sedicioso, y dispone que los ciudadanos y la prensa podrán expresarse libremente siempre que las autoridades no entiendan que sus discursos incitan a la subversión.
Lo que más preocupa a los críticos es que la decisión sobre qué constituye exactamente material sedicioso o incitación no corresponde a los tribunales de Hong Kong, sino al gobierno central de Beijing, que recuperó en 1997 su soberanía sobre esta antigua colonia británica.
Una lectura cuidadosa del documento de consulta revela numerosas medidas draconianas y graves peligros, advirtió la legisladora Margaret Ng.
Esta propuesta elimina la separación entre el sistema del continente chino y el de Hong Kong, y entrega al gobierno central una parte fundamental de la autonomía prevista en la Ley Básica, agregó.
El concepto de autonomía fue promovido por el difunto líder chino Deng Xiaoping y consagrado en la fórmula de un país, dos sistemas, que reconoce la soberanía de China sobre Hong Kong pero otorga considerable autonomía a este territorio para que continúe con su régimen económico capitalista.
Cuando Gran Bretaña devolvió Hong Kong a China el 1 de julio de 1997, entró en vigencia una miniconstitución, conocida como la Ley Básica, que garantiza las libertades del territorio al menos por 50 años.
Sin embargo, el artículo 23 de la constitución es causa de recelo entre los defensores de la democracia porque establece que Hong Kong debe aprobar leyes para prohibir cualquier acto de traición, secesión, sedición, subversión contra el gobierno central o robo de secretos de Estado.
Qian Qichen, el viceprimer ministro chino responsable de los asuntos de Hong Kong, exhortó públicamente a una rápida implementación del artículo 23 el pasado julio, cuando este territorio celebró cinco años de su devolución a China.
Las autoridades de Hong Kong se apresuraron a seguir el consejo, y hace tres semanas publicaron un nuevo proyecto de ley de seguridad nacional, que se aprobará luego de un período de consulta pública.
Pero los críticos señalan que en lugar de publicar una propuesta clara y abierta a sugerencias del público, el gobierno la publicó ya lista para su aprobación y sin aclarar los detalles.
Exhortada por miembros del Consejo Legislativo a explicar las disposiciones del proyecto, la secretaria Seguridad, Regina Ip, dijo que los taxistas, camareros y empleados de McDonald's no estudiarán en detalle las disposiciones de la propuesta, y que sólo legisladores y académicos lo harán.
Esto contradice la promesa de las autoridades de definir con claridad y precisión la propuesta legislativa, para que los derechos y libertades fundamentales queden protegidos.
El jefe ejecutivo de Hong Kong, Tung Chee-hwa, afirmó que la nueva ley es liberal y razonable y se adapta a las normas de seguridad reconocidas internacionalmente.
Pero muchos rechazan esa afirmación. Hong Kong no sólo es el centro financiero de Asia, sino también de grupos independentistas de Taiwan y Tibet, y por eso muchos críticos creen que el gobierno utilizará la ley propuesta para reprimir el disentimiento.
En Hong Kong hay frecuentes protestas pacíficas en reclamo de democracia en China y del fin de la persecución a los miembros del movimiento espiritual Falun Gong.
Cada 4 de junio hay manifestaciones de desobediencia civil, con vigilias en conmemoración de las víctimas de la sangrienta represión del movimiento por la democracia en 1989, en Beijing.
Como el gobierno de Hong Kong no publicó la redacción exacta de la ley propuesta, no está claro qué actos constituirían delito de subversión.
Intimidar al gobierno central es citado como un tipo de delito, pero queda por definir qué constituiría una intimidación.
Los críticos del proyecto recuerdan que Beijing se sintió intimidada en 1999, cuando seguidores de Falun Gong rodearon la sede del gobierno en el complejo de Zhongnanhai, en Hong Kong, para reclarmar su reconocimiento como grupo religioso.
Aunque la protesta fue silenciosa y pacífica, dos meses después Beijing proscribió a Falun Gong, al que definió como culto.
Lo malo está en los detalles, afirmó Martin Lee, líder del Partido Democrático de Hong Kong, en un comentario publicado en The Asian Wall Street Journal.
Pero para que el gobierno de Hong Kong obtenga el apoyo del público, no debe exponer esos detalles durante el período de consulta, agregó. (FIN/IPS/tra-en/ab/js/mlm/hd/02
