El FMI propondrá el año próximo un mecanismo que permitiría a los países en crisis declarar una moratoria ordenada de su deuda pública, para evitar que eventuales demandas judiciales de tenedores privados de bonos empeoren aun más su situación financiera.
El director gerente del FMI (Fondo Monetario Internacional), Horst Koehler, dijo que la iniciativa se presentará en la próxima reunión conjunta del organismo multilateral con el Banco Mundial en abril próximo.
Sin embargo, la subdirectora gerente del FMI, Anne Krueger, pronosticó que pasarán al menos otros dos años para poner ese plan en práctica.
En la reunión conjunta que celebraron el fin de semana en Washington, el FMI y el Banco Mundial abrieron la perspectiva de que se establezcan criterios para que un país se declare en moratoria, tomando como modelo la legislación estadounidense sobre quiebra de empresas.
Eso le permitiría a las naciones que sufran crisis financieras restructurar la deuda pública y declarar la suspensión temporaria del pago de los servicios y del capital.
El Grupo de los Siete (G-7) países más poderosos del mundo pidió el sábado al FMI que afinara la iniciativa, presentada originalmente por Krueger.
Pero los países en desarrollo no manifiestan entusiasmo al respecto, porque temen que tal sistema desaliente a las entidades crediticias a prestar dinero a naciones consideradas riesgosas, lo cual obstaculizaría los préstamos o, en el mejor de los casos, aumentaría su costo.
Krueger dijo que el sistema a estudio, basado sobre los procesos legales de declaración de quiebra en Estados Unidos, reducirá la presión sobre deudores, acreedores y el propio FMI, que con frecuencia debe brindar ayuda financiera a los gobiernos para que paguen a tenedores privados de títulos de deuda pública.
El comité de políticas de desarrollo del FMI pidió a la institución que elabore una propuesta concreta para considerar un mecanismo estatutario de restructura de la deuda soberana en la reunión de abril, dijo el presidente del grupo de trabajo y secretario del Tesoro de Gran Bretaña, Gordon Brown.
El mecanismo debería prever la inclusión en los títulos de deuda pública de cláusulas de acción colectiva que den un respiro a los países en crisis, así como la instalación de un tribunal internacional que consideraría, en última instancia, una especie de quiebra.
En la eventualidad de una suspensión de los pagos de la deuda pública —como le ocurrió a Corea del Sur, Rusia y Argentina— los países realizarían una declaración formal que impidediría a los tenedores privados de títulos acudir a un tribunal para forzar el pago de toda la deuda a su favor.
Para eso, debería establecerse un procedimiento tendiente a que una supermayoría de acreedores accedan a una restructura de la deuda de ese país. Los casos de países que presenten dificultades más allá de ese procedimiento pasarían al tribunal internacional de quiebras.
Durante el periodo de suspensión de pagos, el FMI podría ayudar al gobierno del país deudor a diseñar un plan económico que le permita recuperar la solvencia.
El nuevo mecanismo pondría fin a los grandes paquetes internacionales de rescate a los países en desarrollo que sufren repentinas fugas de capital, solventados tradicionalmente por el FMI, el Banco Mundial y las naciones industrializadas.
Las propuestas de un mecanismo supranacional de quiebra a la estadounidense son frecuentes, formuladas por expertos tanto de derecha como de izquierda que rechazan las fórmulas usuales de rescate.
El FMI y los gobiernos procuran, mediante el mecanismo a estudio, obligar a los inversores privados a compartir los costos de la estabilización financiera, cuando ahora intentan rescatar sus inversiones a costas del tesoro de los Estados.
Pero este mecanismo no impediría, según algunos expertos, la avalancha de procedimientos judiciales entablados por los inversores a la espera de que el FMI alivie las crisis.
La propuesta recibió una fría recepción de los inversores privados, nucleados en el Instituto de Finanzas Internacionales, según los cuales el sistema socavaría el derecho de los tenedores de bonos a lograr el pago total de lo invertido.
Otros observadores creen que la iniciativa debería ser diseñada de modo tal que impida la fuga de capitales y el comportamiento irresponsable de los prestamistas. De todos modos, según Koehler, la quiebra sería el último recurso. (FIN/IPS/tra-eng/em/ml/mj/if dv/02
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