Los graves problemas sociales de Brasil, como la desigualdad, la violencia y el desempleo, constituyeron factores de triunfo para Luiz Inácio Lula da Silva en las elecciones presidenciales, pero aparecen ahora como sus grandes desafíos.
El deterioro de la economía y de las condiciones sociales en el país, en especial en los tres últimos años, favoreció el planteo de cambio de Lula y abonó su camino para lograr 61,3 por ciento de los votos válidos en la segunda vuelta presidencial del domingo.
Esa gran mayoría de los 115 millones de electores votó por el cambio, prefiriendo el candidato de la coalición liderada por el izquierdista Partido de los Trabajadores (PT), que hizo oposición intransigente al gobierno del presidente Fernando Henrique Cardoso.
Su oponente, José Serra, no logró convencer a la población con su consigna de cambio con seguridad, afirmando que modificaría la política económica y social y priorizaría el empleo, precisamente por haber sido el candidato oficialista, del Partido de la Socialdemocracia Brasileña.
Lula asumirá el 1 de enero el gobierno de Brasil, donde un tercio de sus 171 millones de habitantes viven en la pobreza, el desempleo y la criminalidad están en aumento y la mortalidad infantil es cuatro veces superior a la de los países industrializados.
A ello se le suman epidemias de dengue y malaria, un déficit de 5,5 millones de viviendas y enormes desequilibrios entre ricos y pobres.
Mejorar los indicadores sociales en medio de las dificultades financieras del país es el gran reto del futuro gobierno, para no frustrar las expectativas generadas por el ascenso a la presidencia de un líder de izquierda, ex obrero y sindicalista.
Las estadísticas oficiales indicaron en septiembre que el desempleo alcanzó a 7,5 por ciento de la población económicamente activa, un nivel muy elevado en este país, donde la economía informal oculta gran parte de la desocupación con trabajo precario.
El desempleo en Sao Paulo es de 9,3 por ciento de los activos, el mayor en los 20 años de medición de este indicador, lo cual advierte una grave recesión industrial.
Esa desocupación, producto del estancamiento económico de los últimos años, se sumó a una campaña bien hecha que identificó a Lula con la esperanza de cambios, para determinar el triunfo de la oposición, evaluó el presidente de la Asociación Brasileña de Organizaciones no Gubernamentales, Sergio Haddad.
Pero los problemas sociales en general tienen raíces anteriores en Brasil. Las desigualdades son históricas y se agravaron en la última década, debido a la crisis económica o, como señala el PT, a las políticas liberales adoptadas por el gobierno de Cardoso.
La participación de la mitad más pobre de la población brasileña cayó de 16,5 por ciento del ingreso nacional en 1989 a 13,3 por ciento en 1999, lo cual indica una fuerte transferencia de recursos a la capa más rica.
La pobreza afectaba a 41,7 por ciento de los brasileños en 1993, luego bajó a 31,7 por ciento en 1998 gracias al control de la alta inflación con el Plan Real en 1994, pero volvió a crecer en los años siguientes hasta llegar a 33,6 por ciento en 2001, según el oficial Instituto Brasileño de Geografía y Estadísticas.
Ese porcentaje actual equivale a 58 millones de personas, de los cuales el gobierno reconoce que 22 millones no disponen de ingresos para adquirir el mínimo de alimentos necesarios.
Además, el salario mínimo mensual de 200 reales (unos 53 dólares) es considerado por el propio PT una vergüenza.
Pero el futuro gobierno tendrá que resistir las presiones para un aumento real sino quiere agravar el desequilibrio del sistema de previsión social, ya que unos 12 millones de jubilados ganan ese importe mínimo, advirtieron expertos.
El proyecto hambre cero, con que el PT pretende erradicar el problema en cuatro años, supone la existencia de 44 millones personas con severos problemas alimenticios, por emplear otros criterios.
Es una cifra mas cercana a la realidad, pues considera que el ingreso familiar tiene que atender también otras necesidades básicas, como vivienda, salud y transporte, no contempladas en el criterio gubernamental, explicó a IPS el codirector del Instituto Brasileño de Análisis Sociales y Económicas, Francisco Menezes.
El programa de gobierno de Lula anuncia que el área social será el eje del nuevo modelo de desarrollo, basado en la creación de empleo, mejor distribución del ingreso y la ampliación de la infraestructura social.
El compromiso de combatir los graves problemas sociales, empezando por el hambre, fue confirmado por Lula en su primer discurso oficial como presidente electo, emitido el lunes.
Sin embargo, los economistas advierten que sus acciones serán restringidas por las necesidades de ajuste fiscal. El acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que Lula prometió cumplir, establece un superávit primario en las cuentas públicas equivalente a 3,75 por ciento del producto interno bruto.
Posiblemente será necesario ampliar ese ahorro de los recursos del gobierno para conquistar la confianza del mercado financiero, considerada necesaria para evitar una mayor depreciación de la moneda nacional, el real, y recuperar créditos externos que escasearon en los últimos meses.
El margen de maniobra es pequeño, porque son muy limitados los recortes adicionales de gastos que el futuro gobierno podrá hacer en el presupuesto nacional de 2003, señaló el viceministro de Hacienda, Amaury Bier.
Mantener o ampliar las inversiones sociales para cumplir sus promesas y evitar la decepción popular y, a vez, atender las exigencias del mercado financiero exigirá del gobierno de Lula una creatividad que los economistas ortodoxos consideran imposible. (FIN/IPS/mo/dm/if ip/02
