El director de la Policía de Investigaciones de Chile, Nelson Mery, comparecerá este miércoles ante una comisión especial de la Cámara de Diputados para informar sobre la protección brindada a un supuesto narcotraficante por autoridades de la Brigada Antinarcóticos.
Esa protección, otorgada por mandos superiores y medios de la brigada, ha causado un escándalo.
El diputado Pablo Longueira, líder de la derechista Unión Demócrata Independiente (UDI), el mayor partido de la oposición, emplazó al presidente Ricardo Lagos a destituir a Mery por irregularidades que tuvieron como protagonista a Raúl Sumonte, ex jefe de la policía antinarcóticos del septentrional puerto de Iquique.
Sumonte renunció la semana pasada, luego de que trascendiera que en 1998 declaró en un proceso judicial a favor de Jorge Aguilera Loyola, acusado de traficar cocaína en Iquique, situado 1.800 kilómetros al norte de Santiago, cerca de las fronteras con Perú y Bolivia.
La actuación de Sumonte desató una crisis de credibilidad sobre la actuación de la Policía de Investigaciones en el combate al narcotráfico, e incluso despertó sospechas sobre la existencia de una red de protección de narcotraficantes en la Brigada Antinarcóticos de Iquique.
Esa dependencia policial es la que se encarga en el ámbito de la policía civil de las investigaciones sobre comercio de sustancias ilícitas.
El escándalo afecta también al comisario y jefe nacional de la Brigada Antinarcóticos, Carlos Espinoza, superior inmediato de Sumonte, a quien se señala como responsable de no informar en 1998 sobre la declaración de su subalterno en el proceso contra Aguilera Loyola.
Iquique y Arica, los dos puertos del extremo norte de Chile, son las princiaples vías de ingreso al país de clorhidrato de cocaína y pasta base de cocaína desde Perú y Bolivia, y de marihuana procedente de otros países de América del Sur.
Especialistas afirman que Chile es una escala para el envío de drogas ilícitas a Estados Unidos y Europa, especialmente España y Holanda, aunque parte no despreciable de esas sustancias se comercializan en el país.
Espinoza entregó el lunes un detallado informe de su actuación a Mery, quien se reunió este martes con funcionarios del gobierno, antes de prestar declaración ante la Comisión Especial de Drogas de la Cámara de Diputados.
Fuentes gubernamentales adelantaron este martes que Lagos no tiene previsto por ahora pedir a Mery que destituya a Espinoza, pero la oposición derechista pide la cabeza del propio Mery, cuyo alejamiento del mando de la Policía de Investigaciones procuró sin éxito en anteriores oportunidades.
Longueira sostuvo que Lagos protege a Mery y le aplica un trato preferencial diferente al que da al general Patricio Ríos, comandante de la Fuerza Aérea, cuestionado duramente por el gobierno y el propio mandatario en las últimas semanas.
Ríos está envuelto en el escándalo planteado por el supuesto reagrupamiento del Comando Conjunto, un grupo represivo que actuó en los primeros años de la dictadura del general Augusto Pinochet (1973-90), cuyos antiguos miembros se habrían confabulado para entorpecer la búsqueda de restos de presos políticos desaparecidos.
De acuerdo a la Constitución heredada del régimen de Pinochet, el presidente carece de la facultad de destituir a los comandantes en jefe del Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea y la fuerza de Carabineros (policía militarizada), pero puede remover al director de la policía civil.
El conflicto en torno a Mery y Espinoza es uno de los problemas que aguardarán a Lagos cuando regrese al país este miércoles, tras una gira oficial por Rusia, Hungría y Polonia.
El gobierno está a la espera de la evolución del caso de Sumonte, quien es también sospechoso de consumir drogas ilegales, lo cual es un delito en los casos de funcionarios de servicios policiales y de vigilancia de cárceles.
El abogado Marcelo Fainé, procurador del Consejo de Defensa del Estado, dijo que ese organismo intervendrá en un eventual proceso contra Sumonte, de acuerdo a disposiciones de la Ley de Drogas.
Sumonte está actualmente bajo arresto y fue sometido a un examen de cabello para establecer si consumió drogas en los últimos seis meses, cuyos resultados se espera conocer este viernes.
El cuestionado ex jefe de la Brigada Antinarcóticos de Iquique insiste en que Aguilera Loyola era un informante de la policía, pese a que fue arrestado en 1998 cuando pretendía comercializar un kilogramo de cocaína.
Según expertos, un kilogramo de cocaína se vende en la primera región de Chile, a la cual pertenecen Arica e Iquique, en un precio en torno a los 5.000 dólares, y al doble en la región Metropolitana de Santiago.
Según el último informe del Consejo Nacional para el Control de Estupefacientes, correspondiente a 2001, 6,28 por ciento de los habitantes de la primera región consumen drogas ilícitas, o sea casi el doble que en 1993, cuando los consumidores eran 3,30 por ciento de la población regional. (FIN/IPS/ggr/dn/mp/ip/02
