Un proyecto de ley que se presentará al parlamento de Francia el día 24 propone transferir a la policía facultades de la justicia y discrimina a las comunidades minoritarias, aseguraron líderes opositores y grupos de derechos humanos.
La propuesta del ministro del Interior, Nicolas Sarkozy, es un paso hacia la transformación de la sociedad francesa en un Estado policía, según la interpretación de Michel Tubiana, presidente de la Liga de Derechos Humanos.
Los sospechosos detenidos por la policía no tendrían derecho a un abogado durante 36 horas. Esta medida extendería de hecho el período de custodia policial, en el que algunos detenidos han sido torturados y hasta asesinados.
Asimismo, la policía obtendría acceso a archivos genéticos para investigar delitos sexuales y actos de terrorismo o del crimen organizado.
La policía tendría el papel dominante, mientras los jueces, fiscales y abogados quedarían marginados. Toda la población figuraría en archivos en manos de la policía, advirtió Ulrich Schalchi, presidente de la Unión Francesa de Magistrados.
El proyecto presentado el viernes por Sarkozy establece como nuevo delito la ocupación de espacios verdes con vehículos, una práctica común de los gitanos.
La iniciativa propone para ese delito un castigo de hasta seis meses de prisión, una multa de 3.000 dólares, la suspensión del permiso de conducir hasta por tres años y la confiscación del vehículo en infracción.
Esta ley busca criminalizar a grupos de población que ya padecen la discriminación debido a su condición social y a la pobreza, sostuvo Tubiana.
Act Up, una asociación de defensa de los derechos de los homosexuales, consideró al proyecto aterrador. Sarkozy sueña con un estado totalitario dominado por agentes de policía sin control, declaró el grupo.
Por otra parte, Sarkozy arguyó que la ley propuesta representa el deseo de la población francesa de deshacerse del crimen.
En las elecciones presidenciales y parlamentarias de este año, la mayoría de los votantes expresaron una profunda insatisfacción con el estado de criminalidad y el desprecio por la ley que existe en Francia, dijo el ministro.
La Unión para la Mayoría Presidencial, que ganó las elecciones, convirtió la seguridad interna en el centro de su campaña.
Las promesas de acción contra la delincuencia también llevaron al sorprendente éxito del candidato presidencial ultranacionalista Jean-Marie Le Pen, que superó en votos al ex primer ministro socialista Lionel Jospin en la primera ronda electoral.
La ley propuesta podría modificarse antes de su presentación final al parlamento, pero es coherente con las medidas del gobierno de abatir el crimen.
La semana pasada, el gobierno anunció un incremento de 10 por ciento en el presupuesto para seguridad interna y defensa para el próximo año. En cambio, el presupuesto de cultura, investigación y educación se redujo sustancialmente.
Un gobierno que se llama democrático está aplicando las políticas de Le Pen, advirtió Bruno Marcus, presidente de la Unión de Abogados Franceses.
Según Marcus, la reforma propuesta representa una regresión sin precedentes en la defensa de las libertades civiles en Francia.
Esta reforma a nuestra código penal fue formulada por policías y será aplicada por policías. El Ministerio de Justicia ha desaparecido de las discusiones, y en el mejor de los casos es ahora una oficina de recepción en el Ministerio del Interior, afirmó.
El ministro Sarkozy desea poner bajo vigilancia a toda la población francesa, concluyó Marcus. (FIN/IPS/tra-en/jg/mlm/hd/02
