Treinta y dos organizaciones no gubernamentales (ONG) y un grupo de intelectuales presentarán esta semana al presidente de Colombia, Alvaro Uribe, dos propuestas para el intercambio de guerrilleros presos por personas secuestradas por los insurgentes.
Las iniciativas, que se presentarán al gobierno en forma separada, proponen poner en libertad a los insurgentes no involucrados en crímenes de guerra o lesa humanidad, a cambio de la liberación de todos los secuestrados.
La propuesta del sector no gubernamental se basa en principios del derecho internacional humanitario y tiene respaldo de la Iglesia Católica y de sindicatos de trabajadores y de empresarios, sostuvo el director de la organización Indepaz, Camilo González, que conduce el pedido.
La idea es lograr una liberación de las personas que por razones políticas han sido secuestradas por la guerrilla o encarceladas por el Estado, en el caso de los guerrilleros, y permitirá que también recobren la libertad los uniformados secuestrados, dijo González.
De acuerdo con la petición que firmarán este martes ONG, sindicatos y grupos empresariales, en una primera etapa deberían ser liberados 20 políticos secuestrados, entre ellos la ex candidata presidencial Ingrid Betancourt, que desde febrero es cautiva de las rebeldes Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
En opinión de González, éste sería el inicio de un proceso que debe conducir al fin de los secuestros extorsivos, que golpean duramente a muchas familias colombianas y a un diálogo que permita la liberación de todos los secuestrados.
Mientras, el ex canciller Augusto Ramírez, miembro de la Comisión de Conciliación Nacional (CCN), manifestó que un grupo de intelectuales, cuyos nombres aún se mantienen en reserva, prepara un documento para proponer a Uribe una solución al drama de los secuestrados.
Ramírez dijo a IPS que ambas iniciativas tienen en común la referencia a principios del derecho humanitario, que señalan la viabilidad de un acuerdo para el intercambio de prisioneros sin alterar por ello el estatuto de cada parte: el gobierno y las FARC.
Algunos críticos se oponen a un intercambio de esta naturaleza pues, de llevarse a cabo, implicaría el reconocimiento implícito del gobierno a la condición de beligerante de la guerrilla.
Varios analistas señalan que las FARC mantienen secuestrado a un grupo de líderes políticos para presionar por una ley de canje o un intercambio humanitario que permita liberar a guerrilleros presos en las cárceles colombianas.
En una entrevista celebrada en agosto con familiares de 12 diputados retenidos por las FARC las autoridades explicaron que estudian procedimientos humanitarios para una posible liberación de secuestrados en poder de la guerrilla, con la mediación de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) .
En esa oportunidad, el consejero presidencial para la paz, Luis Restrepo, y el vicepresidente Francisco Santos manifestaron que el gobierno prefiere manejar el intercambio humanitario en forma confidencial, pero reiteraron que existe una gestión de buenos oficios de la ONU.
La práctica del secuestro político fue condenada el 11 de abril, un mes antes de las elecciones presidenciales, por la División de las Américas de Human Rights Watch (HRW), en una carta firmada por el director ejecutivo, José Miguel Vivanco, y dirigida al máximo líder de las FARC, Manuel Marulanda.
Según Vivanco, la escalada de secuestros políticos no solo demuestra que las FARC-EP (Ejército del Pueblo) continúan persiguiendo principalmente a civiles en este conflicto, sino también un desprecio reprensible por el libre proceso político en Colombia.
Además de los doce diputados del occidental departamento de Valle del Cauca, secuestrados el 11 de abril, y de la ex candidata presidencial Betancourt, las FARC retienen al ex gobernador del central departamento de Meta, Alan Jara, a cinco congresistas y a unos 50 policías y militares.
La propuesta de un acuerdo humanitario para la liberación de secuestrados y guerrilleros, fue respaldada este lunes por el vicepresidente de la influyente Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Miguel Caro, quien la calificó como positiva.
De acuerdo a Caro, si se diera este paso se abriría la posibilidad de iniciar nuevas negociaciones de paz con la guerrilla de las FARC, que con unos 15.000 combatientes es el grupo guerrillero más antiguo y numeroso de Colombia.
El vicepresidente del Senado, Darío Martínez, del opositor Partido Liberal, pidió al gobierno y a los rebeldes reflexionar sobre las distintas alternativas para facilitar la liberación de los secuestrados.
Martínez sostuvo que el gobierno dispone de herramientas legales, como el estado de conmoción interior impuesto en agosto, y de normas internacionales para tramitar el intercambio humanitario de prisioneros.
Uribe decretó en agosto el estado de conmoción interior, que lo autoriza a tomar medidas excepcionales para enfrentar la escalada de violencia de la insurgencia. (FIN/IPS/yf/dcl/ip/02)
