Una amplia mayoría de argentinos valoran la democracia, pero apenas una ínfima minoría creen en la capacidad del sistema y de sus instituciones para superar los graves problemas económicos, sociales y políticos.
Argentina afronta una de las crisis más dramáticas de su historia, con la economía prácticamente paralizada desde hace cuatro años, el desempleo que llega a 21,4 por ciento de los activos y más de la mitad de sus 37 millones de habitantes en la pobreza o directamente en la indigencia.
El panorama es más desalentador aún si al colapso económico y social se le suma la falta de credibilidad sin precedentes de la población hacia los dirigentes políticos y de otras áreas de la sociedad.
Gran parte de los argentinos descree de los partidos políticos, de los legisladores, los funcionarios y de la mayoría de los sindicalistas, a los que acusan de negligencia en sus responsabilidades y en muchos casos de corruptos.
Sólo ocho por ciento de los argentinos expresaron satisfacción con el funcionamiento de la democracia en una encuesta realizada este año por la consultora Latinobarómetro en la región, un porcentaje que contrasta con el 75 por ciento recogido en Costa Rica y el 53 por ciento en Uruguay.
Sin embargo, ese resultado de la consulta no significa el rechazo de la democracia de los argentinos. Prueba de ello es que 65 por ciento de los encuestados en este país manifestó su apoyo al sistema, un promedio apenas unos puntos porcentuales por debajo de lo señalado por costarricenses y uruguayos al respecto.
Un estudio del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) confirma el desaliento de los argentinos en la forma de funcionar la democracia en su país.
En ese informe del PNUD, 85 por ciento responde que está poco o nada conforme con la democracia, un porcentaje que cinco años atrás abarcaba a 46 por ciento de la población.
Para la presidenta de la Asociación Conciencia, Lucrecia Lacroze, el problema es que hasta ahora los argentinos habían entendido que la democracia era un sistema que sólo permitía votar cada dos años.
El grave error que cometimos durante todos estos años fue creer que no hacía falta participar sino a través del voto, dijo a IPS la dirigente de esta organización creada en vísperas de la recuperación de la democracia, en 1983, para despertar la conciencia ciudadana.
Pero en este momento, en que la crisis es tan aguda, hay un cambio y mucha gente comenzó a darse cuenta que tiene que intervenir, y realmente desea hacerlo, destacó.
Lacroze añadió que los argentinos están entendiendo recién ahora que los ciudadanos gobiernan a través de sus representantes, pero que, si éstos no tienen ninguna legitimidad, entonces hay que participar de alguna manera para cambiar las cosas y encontrar soluciones a los problemas.
Esas formas de participación, aunque no todas orgánicas, han brotado como hongos tras la lluvia. Fábricas en quiebra que son puestas en marcha por sus operarios, asambleas de vecinos que se organizan para resolver asuntos de salud, protestas por los aumentos de tarifas, son algunas de esas expresiones.
El colapso económico y la consecuente convulsión social provocaron el 20 de diciembre la caída del gobierno de Fernando de la Rúa, quien había asumido a fines de 1999 al frente de la centrista Alianaza, tras dos periodos consecutivos del justicialista (peronista) Carlos Menem (1989-1999).
También se llevó a su sucesor designado por la Asamblea Legislativa, el peronista Adolfo Rodríguez Saa, que sólo permaneció en el cargo una semana.
Con la llegada al gobierno el 1 de enero del también justicialista Eduardo Duhalde, por imposición del Congreso bicameral para completar el mandato constitucional de De la Rúa de cuatro años, se logró sortear la crisis política coyuntural, pero el malestar social persiste.
Duhalde adoptó algunas medidas polémicas, como la derogación de la ley de convertibilidad, que mantuvo la paridad cambiaria de un peso argentino igual a un dólar por 10 años, que llevó a una fuerte devaluación de la moneda nacional.
Además, como consecuencia de la liberación del tipo de cambio, el nuevo gobierno dispuso el traspaso compulsivo a pesos de los depósitos bancarios en dólares, al igual que los créditos.
Por esa y otras políticas implementadas este año, Duhalde tenía apenas seis por ciento de imagen positiva en la población , según la encuesta realizada en septiembre por la firma Catterberg y Asociados.
La población ya hizo un juicio definitivo sobre su incapacidad para sortear la crisis, y el gobierno de Duhalde no tiene margen para recuperarse, sostuvo Catterberg. De hecho, el presidente convocó a elecciones presidenciales para el 30 de marzo, seis meses antes de que se complete el mandato legal.
Duhalde aseguró 11 de este mes que su decisión es definitiva y que, aun cuando las elecciones no se realicen en marzo, su determinación es gobernar hasta el día previsto para el cambio de gobierno, el 25 de mayo. Si no en ese momento no hay presidente elegido, entonces habrá que designar a otro provisorio, agregó.
De la consulta de Catterberg y Asociados también surge que el cambio de presidente no parece entusiasmar a los votantes.
Los principales precandidatos a la presidencia no superan 25 por ciento del respaldo ciudadano. También hay demasiados argentinos que se preguntan a quién votar, apuntó el politólogo Guillermo O'Donnell.
Algunos postulantes, como el mismo Menem o Saa, cargan con fuertes sospechas de corrupción en su pasado de funcionario.
En tanto, los dirigentes considerados honestos no resultan convincentes a los encuestados en cuanto a su capacidad de gobernar y aparecen poco confiables sus planes de desarrollo y hasta los equipos de funcionarios que pueden acompañarlos.
Sin embargo, Lacroze entiende que esa inquietud es positiva. La gente está preocupada, pero no desinteresada y de este modo se está encaminando, explicó.
Hay una conciencia muy grande de que las leyes existen, pero no funcionan porque no hay quien las haga cumplir. En Conciencia recibimos un número inédito de llamados de gente que quiere participar, aseguró.
En cambio, O'Donell es más escéptico. A su juicio, Argentina es un ejemplo de país en el que los golpes de estado ya no resultan un peligro inminente, pero no porque no haya riesgos.
Las democracias no mueren sólo de muerte súbita sino que también pueden morir de muerte lenta, como está ocurriendo aquí, advirtió.
En esos procesos, nunca hay un episodio decisivo sino que existe una corrosión lenta, en la que se pierden libertades, el régimen va perdiendo legitimidad y los políticos se encapsulan en juegos cada vez mas autistas, como el que ocurrió el día 11 con el abortado juicio político contra la Corte Suprema de Justicia.
La Cámara de Diputados votó en contra, por escaso margen, una propuesta de juicio político contra los nueve jueces de la Corte, con imputaciones que en el caso de su presidente, Julio Nazareno, llegaban hasta 44 acusaciones de supuestos delitos.
La encuesta de Catterberg y Asociados indicó que 81 por ciento de los argentinos residentes en grandes ciudades pedía que los miembros del máximo tribunal de justicia renunciaran a sus cargos para permitir la renovación del cuerpo.
La Suprema Corte de Justicia cuenta con un bajísimo nivel de credibilidad, por acusaciones de parcialidad en sus fallos y la cercanía de algunos de sus jueces con el poder político tradicional.
Esta (decisión de Diputados) es una de las cosas que desconciertan a la población, pero creemos que de todo esto tiene que surgir un cambio, confió Lacroze.
No obstante, cree que la democracia argentina vive su hora más dramática, aun cuando esta vez los militares no son más una amenaza. (FIN/IPS/mv/dm/ip/02
