Organizaciones ecologistas apoyan una querella criminal presentada este lunes contra el presidente del gobierno español, José María Aznar, y varios de sus ministros, por la muerte de cetáceos durante maniobras navales de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).
Al término de esas maniobras, 19 cetáceos aparecieron varados, varios de ellos muertos y otros moribundos, el 24 de septiembre, en la playa de Matas Blancas, al sur de la isla de Fuerteventura, en el español archipiélago de las Canarias, ubicado frente a la costa noroccidental de Africa.
La demanda fue presentada ante el Tribunal Supremo de Justicia por Miguel Angel Díaz Palarea, abogado de la Confederación Canaria de Trabajadores (CCT), contra Aznar, sus ministros Federico Trillo, de Defensa, y Jaime Matas, de Medio Ambiente, y el almirante Fernando Armada Vadillo.
Armada Vadillo fue denunciado por su responsabilidad militar en las maniobras de la OTAN.
Según Díaz Palarea, los sónares, aparatos detectores que lanzan ondas magnéticas en las aguas desde los buques, mataron a esos mamíferos protegidos por acuerdos internacionales, y las naves utilizadas en las maniobras vertieron además combustibles y otras sustancias tóxicas, perjudiciales para el ambiente y la salud de la población local.
La palabra sónar equivale al acrónimo en inglés de navegación y localización por sonido.
La querella es apoyada por la organización no gubernamental (ONG) Ecologistas en Acción de Canarias, que agrupa a tres millares de miembros en esa comunidad autónoma, una de las 17 que integran España, dijo este lunes a IPS Antonio Hernández, portavoz del grupo ambientalista.
También expresó respaldo a la iniciativa la ONG ambientalista internacional Greenpeace, mediante el responsable de la campaña en los océanos de esa organización, Sebastián Losada.
Es absolutamente inaceptable que el gobierno español autorice este tipo de maniobras en estas aguas, uno de los lugares más importantes del mundo para la conservación de los cetáceos, expresó Losada en declaraciones a IPS.
Greenpeace exige una investigación urgente sobre las circunstancias de las maniobras militares, porque el Ministerio de Medio Ambiente no puede permitir la destrucción de uno de los patrimonios naturales más valiosos con los que contamos, y debería asegurar que su homólogo de Defensa tenga un mínimo de sensibilidad por los temas medioambientales, añadió.
Hernández afirmó que el gobierno ha hecho oídos sordos a un informe elaborado bajo la dirección del vicerrector de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Antonio José Fernández, en el cual se relacionan los daños a cetáceos con las maniobras navales.
Ese informe, de la Unidad de Anatomía Patológica de la Facultad de Veterinaria de la Universidad, fue presentado al Senado, en Madrid, por la senadora Claudina Morales Rodríguez, de la centroizquierdista Coalición Canaria.
El gobierno canario también divulgó otro estudio, realizado por la Sociedad para el Estudio de los Cetáceos en el Archipiélago Canario, cuyas conclusiones coinciden con las del informe universitario.
Esa Sociedad subrayó la importancia internacional del asunto, dado que en las aguas canarias habitan por lo menos 26 de las 78 especies de cetáceos existentes en el planeta, o sea por lo menos un tercio del total.
El único diagnóstico que hasta el momento no puede ser descartado, en relación con las lesiones encontradas en esos animales, es el inducido por una señal acústica intensa, y todos los animales sufrieron esa acción en el mismo periodo de tiempo, destacó.
Morales Rodríguez señaló, además, que cetáceos sufrieron daños similares en aguas canarias en 1985, 1987, 1988, 1989 y 1991, siempre coincidiendo con ejercicios navales en la zona.
El gobierno de España no tiene intención de renunciar a maniobras de la Alianza Atlántica en las costas canarias, ya que realizarlas es una manera de proteger los intereses nacionales y, en particular y en determinados momentos, los intereses de los ciudadanos canarios, afirmó el ministro de Defensa, Federico Trillo, del gobernante Partido Popular (PP).
La marina de guerra, la OTAN y el Ministerio de Defensa impulsan la investigación de lo que sucedió en las aguas canarias con los cetáceos, para evitar que se produzcan daños ecológicos que todos lamentamos, aseguró.
El ministro insistió en que no se ha probado que haya una relación de causa y efecto entre los daños acusados por los cetáceos y el ruido del sónar. Para respaldar esa aseveración, entregó al Senado un informe efectuado en 1998, según el cual esa relación no se ha podido verificar.
Los científicos de la OTAN, que incluyen a los más avanzados expertos de Estados Unidos, Inglaterra, Francia y España, han dicho que hasta 2005 será imposible saber si hay una relación de causalidad directa, añadió Trillo.
Los ecologistas, representados por las dos organizaciones más fuertes de ese tipo que existen en España, y la coalición que gobierna en las Islas Canarias no están dispuestos a esperar tanto tiempo. De ahí sus exigencias y la querella.
La demanda fue presentada ante el Tribunal Supremo porque la justicia ordinaria carece de competencias para juzgar a gobernantes y ministros.
Ahora el máximo organismo del Poder Judicial deberá decidir si admite el trámite de la querella, en cuyo caso deberá solicitar al parlamento que suspenda los fueros de los acusados, para que puedan ser interrogados por los jueces. El PP tiene mayoría absoluta en el parlamento. (FIN/IPS/td/mp/en/02
