Venezuela, el cuarto exportador mundial de petróleo, atraviesa por una de sus peores crisis fiscales, pese al alza sostenida de los precios del crudo, y busca dinero fresco tanto de la banca internacional como mediante una reforma de la ley que rige al Banco Central.
El petróleo venezolano se cotiza ya por encima de los 26 dólares por barril de 159 litros y el promedio en lo que va del año es superior a 21 dólares.
Pero los ingresos que genera la industria de hidrocarburos parecen insuficientes para enfrentar el déficit fiscal, que los expertos calculan en 7.300 millones de dólares.
La actividad petrolera, de control estatal, representa dos tercios de los ingresos en divisas de Venezuela y alimenta casi la mitad del presupuesto, de 36.000 millones de dólares para este año.
Venezuela mantiene desde enero una cuota de producción de crudo de 2,5 millones barriles diarios, la más baja de la última década, en sintonía con la decisión de la Organización de Países Exportadores de Petróleo de contener la oferta en los mercados internacionales.
El ministro de Finanzas, Tobías Nóbrega, ha reconocido que el gobierno de Hugo Chávez tiene necesidades de financiamiento de por lo menos 4.000 millones de dólares para lo que resta de este año.
Nóbrega y el ministro de Planificación, Felipe Pérez, visitaron hace pocas semanas Estados Unidos, para tramitar una posible emisión de deuda externa por unos 1.200 millones de dólares.
Además, la Asamblea Nacional propuso esta semana reformar la ley del Banco Central de Venezuela, que fue aprobada hace apenas un año, para que el gobierno pueda retirar las utilidades cambiarias que genera el ente emisor cada seis meses, y no anualmente como ocurre en la actualidad.
Con esa reforma, el gobierno podría disponer de hasta 2.400 millones de dólares para gastos ordinarios y cancelar el servicio de las deudas externa e interna, según el presidente de la comisión de finanzas del parlamento, el oficialista Rodrigo Cabeza.
Uno de los directores del Banco Central, Domingo Maza Zavala, advirtió que el gobierno se enfrenta a una situación fiscal comprometida, con necesidad urgente de recursos.
El Banco Central se opone a la reforma de la ley, pues asegura que provocaría aumento de la inflación y una mayor tasa de depreciación de la moneda.
En un comunicado conocido este martes, el directorio de la institución sostuvo que la Constitución prohíbe al Banco Central acordar la convalidación o financiamiento monetario de las políticas fiscales deficitarias.
Si el ministro de Finanzas, como jefe de las finanzas públicas, puede pedir utilidades a cada momento, entonces en términos generales se vulnera el funcionamiento del país, declaró otro director del Banco Central, Armando León.
El economista Gustavo García, del privado Instituto de Estudios Superiores de Administración, señaló por su parte que la reforma planteada simplemente inyectaría ganancias artificiales en la economía.
Las ganancias cambiarias que el Banco Central entrega al gobierno surgen cuando el instituto considera que obtiene utilidades al vender en 1.400 bolívares un dólar que ingresó a sus reservas a 800 bolívares, señala García.
Pero se trata de una ilusión, porque al momento de reponer las divisas se esfuma la ganancia y para entregarle al Ejecutivo esos bolívares de supuesta utilidad, el Banco Central imprime dinero nuevo, explica el economista.
La diferencia con el sistema actual, según García, es que ahora se exige que las utilidades cambiarias que se traspasan hayan sido realizadas y recaudadas, requisito que la reforma pretende sustituir por el simple cálculo de los beneficios que se generarán cuando se realice la transacción.
El también economista Ramón Espinasa, ex director de la estatal Petróleos de Venezuela y que se desempeña actualmente en el Banco Interamericano de Desarrollo, indicó por su parte que la insuficiencia de los recursos petroleros se debe a la propia contracción de la economía.
La economía cayó 9,9 por ciento en el segundo trimestre de este año, debido a una reducción de 16,7 por ciento de las actividades petroleras y de 6,5 por ciento de las no petroleras, informó el Banco Central.
Aunque han aumentado las tasas de los impuestos internos, en particular el que se aplica al valor agregado (16 por ciento) y al débito bancario (uno por ciento), la depresión de la economía es de tal magnitud que el monto total sobre el cual se aplican es más bajo en términos reales que en años anteriores, destacó Espinasa.
La consecuencia es una caída significativa de la recaudación fiscal no petrolera, añadió. (FIN/IPS/jz/ff/if/02
