La reanudación de los vínculos militares entre Indonesia y Estados Unidos podría postergarse debido al asesinato de tres maestros, dos de ellos estadounidenses, en la oriental provincia indonesia de Papúa (ex Irian Jaya).
Aunque el ejército indonesio atribuyó el atentado a guerrilleros del separatista Movimiento Papúa Libre (OPM, por sus siglas en la lengua local), el jefe de policía provincial y un grupo local de derechos humanos sugirieron que los autores fueron militares.
El ataque fue realizado con armas automáticas, que el OPM no posee, y además, los rebeldes no tienen antecedentes de atentados contra extranjeros, arguyeron los acusadores de los militares.
El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció que esta semana enviaría al lugar de los hechos a expertos del Buró Federal de Investigaciones (FBI) para ayudar en la investigación policial del crimen, que tuvo lugar el 31 de agosto en el camino hacia la gigantesca mina de oro y cobre de Grasberg.
Legisladores estadounidenses que vigilan de cerca al ejército indonesio advirtieron que, en caso de que se confirme la acusación contra los militares, decenas de millones de dólares en equipos y entrenamiento militares podrían quedar retenidos.
Si la policía y el FBI descubren que el ejército fue el responsable, creo que mucha gente aquí exigirá una revisión del paquete de ayuda, dijo un funcionario del Congreso (legislativo).
El jefe del funcionario es un legislador que se opone a la reanudación de la ayuda militar a Indonesia hasta que haya más pruebas de que el gobierno civil de ese país realmente controla a las fuerzas armadas y que el ejército somete a la justicia a los oficiales implicados en violaciones a los derechos humanos.
Sólo el mes pasado, el gobierno de George W. Bush había persuadido al Congreso de atenuar las condiciones para reanudar la ayuda militar a Yakarta.
Los vínculos militares bilaterales fueron suspendidos en 1999, cuando paramilitares respaldados por el ejército indonesio perpetraron una ola de matanzas, incendios y saqueos en Timor Oriental.
Los timorenses orientales se habían pronunciado por la independencia de Indonesia en un referendo de autodeterminación celebrado en agosto de ese año, con los auspicios de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
La emboscada cerca de la mina de Grasberg se produjo en medio de una creciente tensión interna en Papúa.
Los grupos enfrentados son, por un lado, el Movimiento Papúa Libre y la Comisión Administrativa del Consejo Papuano, una federación de los principales grupos étnicos de la provincia, y por otro el ejército e indonesios de otras provincias que se instalaron en Papúa en las últimas tres décadas.
Papúa, un territorio rico en recursos minerales y forestales, iba a obtener la independencia tras la retirada de Holanda, su antiguo dominador colonial, pero Indonesia lo ocupó en 1969, con el respaldo crucial de Estados Unidos.
Desde entonces, la provincia, cuyo nombre fue sustituido por el de Irian Jaya hasta el año pasado, ha sido escenario de choques esporádicos entre las fuerzas de seguridad y el Movimiento Papúa Libre.
El mayor inversor de la provincia ha sido la compañía minera estadounidense Freeport McMoRan, con sede en el estado de Louisiana, que posee en Papúa la mina de Grasberg, el mayor depósito de oro del mundo y la tercera mayor reserva de cobre.
Freeport se ha valido del ejército indonesio para garantizar la seguridad de sus operaciones, una relación que ha provocado diversos enfrentamientos con las comunidades locales.
La compañía fue acusada por grupos nacionales e internacionales de derechos humanos de instigar al ejército a cometer distintos abusos, incluso asesinatos, contra la población local, que hasta ahora ha percibido muy poco de la riqueza producida por la mina.
La relación entre el ejército y las empresas activas en la provincia, entre ellas varias compañías madereras asiáticas, es una permanente fuente de conflicto con los residentes locales, señaló el Grupo Internacional de Crisis (ICG), con sede en Bruselas, en un informe publicado el viernes último.
Además de encargarse de la seguridad de las operaciones, los militares en varios casos actúan como socios o agentes de empresas extranjeras, según el informe.
El ICG exhortó al gobierno provincial a reducir la participación del ejército en la seguridad y en los negocios de las compañías inversionistas, como forma de aliviar la creciente tensión, y a la policía a asumir más responsabilidad en asuntos de seguridad.
Existe una correlación directa entre la injusticia en la gestión de los recursos naturales y la fuerza del sentimiento independentista en Papúa, afirmó Sidney Jones, director de proyecto del ICG para Indonesia.
Jones también trabajó muchos años como especialista en asuntos indonesios para los grupos de defensa de los derechos humanos Human Rights Watch y Amnistía Internacional.
En un intento por apaciguar la inquietud en Papúa, Yakarta aprobó este año un régimen de autonomía especial para la provincia, pero su implementación quedó en manos de una burocracia ineficiente y en algunos casos corrupta, según el informe del ICG.
La opción de la autonomía tiene poco futuro, a menos que el gobierno central de Indonesia ponga fin a las prácticas abusivas asociadas con la explotación de sus recursos, concluyó Jones.
Muchos papuanos creen que la emboscada del 31 de agosto formó parte de una estrategia más amplia del ejército para desestabilizar la provincia y justificar una campaña más fuerte contra la insurgencia.
Revelaciones en la última semana de la policía y del Instituto para el Estudio y la Promoción de los Derechos Humanos, con sede en Papúa, arrojaron más sombra sobre la versión militar de los hechos.
Una autopsia policial reveló que el atacante que el ejército afirmó haber abatido en realidad había muerto 24 horas antes del ataque.
El Instituto afirmó, en base a conversaciones con la familia del fallecido, que se trataba de un informante militar.
Fuentes policiales y otras sugirieron que miembros del ejército cometieron el ataque para presionar a Freeport, que en los últimos años intentó enmendar sus relaciones con la comunidad local financiando varios proyectos de desarrollo.
Según observadores, la compañía podría tener problemas con los militares, acostumbrados a ofrecerle protección a cambio de dinero y otras concesiones, según el informe del ICG.
Cuando Freeport molesta a los militares, éstos protagonizan algún incidente para probarle que no puede trabajar sin ellos, dijo al diario The Financial Times Denise Leith, autora de un libro sobre el tema a publicarse en breve. (FIN/IPS/tra-en/jl/js/mlm/ip-hd/02
