La oposición de Haití duda de la capacidad del gobierno para cumplir con las condiciones impuestas por la Organización de Estados Americanos (OEA) para reanudar la asistencia económica, suspendida por las irregularidades de las elecciones de 2000.
La OEA tomó la resolución la semana pasada, por temor de que los problemas financieros deterioren aun más la situación económica y social del país más pobre del continente.
La entrega de 500 millones de dólares en asistencia externa está bloqueada por la decisión del foro interamericano, incluidos préstamos por 150 millones de dólares a bajo interés otorgado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Pero la OEA estableció varias condiciones para reanudar la asistencia, que deberán cumplirse a la brevedad, con miras a las elecciones del año próximo.
Entre otras exigencias, la organización ordenó la emisión por parte del Ministerio de Justicia de un informe sobre las medidas tomadas contra los responsables de la violencia desatada el 17 de diciembre, en torno de lo que el gobierno de Jean-Bertrand Aristide denominó un intento de golpe de Estado opositor.
La resolución también condiciona la reanudación de la ayuda al desarme de las bandas afines a Lavalas, la acusación legal de los involucrados en actos de violencia política, la neutralidad partidaria de la policía y garantías para la libertad de expresión.
Una investigación de la OEA concluyó que el ataque del 17 de diciembre contra el Palacio Nacional no constituyó un intento de golpe de Estado opositor, como aseguró de inmediato Aristide. Diez personas murieron en esa ocasión y en los ataques contra dirigentes opositores que se registraron a continuación.
El secretario de Estado para las Comunicaciones, Mario Dupuy, aseguró que el informe del gobierno sobre esos acontecimientos será publicado la semana próxima.
El dirigente de la coalición opositora Convergencia Democrática y ex colaborador de Aristide Evans Paul manifestó desaliento ante la resolución de la OEA.
No podemos contar con la ayuda extranjera cuando el problema es luchar contra un sistema anárquico. La movilización para derrocar a Aristide debe continuar a todo nivel. La OEA encontró su propia salida a esta crisis, que, de cualquier manera, continuará, dijo Paul.
Si bien la oposición se manifestó desalentada por entender que la resolución de la OEA deja de lado a los disidentes, una acusación que fue rechazada por el jefe de la misión de la organización en Haití, David Lee.
Todos los partidos políticos contribuyeron a la resolución, y algunos términos de ella fueron extraídos de un acuerdo anterior entre el partido de Aristide, Lavalas, y la Convergencia Democrática, agregó Lee.
Pero el canciller Joseph Philippe Antonio afirmó que el gobierno carece de los medios técnicos y financieros para implementar el desarme de las milicias de Lavalas, y sostuvo que para ello era necesaria la asistencia de la OEA.
La declaración de Antonio llevó a algunos observadores a pronosticar que un cuerpo multinacional armado debería ser enviado a Haití para desmovilizar a las milicias. La policía no cuenta con equipos suficientes para combatir a estos grupos, que poseen armamento militar.
Por otra parte, las renuncias del personal están diezmando a las fuerzas de seguridad. La segunda ciudad haitiana, Cap-Haitien, cuenta con apenas 30 policías con escaso equipamiento para garantizar la seguridad de los más de 300.000 habitantes.
Veinte personas murieron y 500 viviendas resultaron incendiadas en los choques registrados en las dos últimas semanas entre grupos armados en Cité Soleil, área pobre de 500.000 habitantes en la periferia de Puerto Príncipe.
El embajador de Haití en la OEA, Roger Noriega, dijo al Consejo Permanente de la organización el 4 de este mes que la resolución no solucionará la crisis política, porque las palabras nunca serán suficientes. (FIN/IPS/tra-fr-eng/imc/sz/ml/mj/ip/02
