El Partido Demócrata de Estados Unidos optó por la cautela en su camino hacia las elecciones parlamentarias del 5 de noviembre, azotado por los vientos de guerra que soplan desde la Casa Blanca.
Las encuestas indican que la popularidad del presidente George W. Bush, del rival Partido Republicano, sigue elevada, pero cae al mismo ritmo que el mercado bursátil, los pronósticos de recesión y los escándalos por fraude contable en grandes empresas.
Al mismo tiempo, salen a la luz republicanos disidentes con la determinación presidencial a atacar Iraq en el marco de la guerra contra el terrorismo, emprendida por Bush luego de los atentados del 11 de septiembre pasado, que dejaron 3.000 muertos en Nueva York y Washington.
Una guerra para derrocar al presidente iraquí Saddam Hussein causaría graves daños a las alianzas tradicionales de Estados Unidos, según el ex consejero de Seguridad Brent Scowcroft y el ex secretario de Estado (canciller) James Baker, ambos del gobierno de George Bush (1989-1993), padre del actual presidente.
Para peor, algunos legisladores republicanos, como el senador Chuck Hagel, manifestaron preocupación por el hecho embarazoso de que algunos de los más fervientes impulsores de un ataque contra Iraq evitaron se reclutados durante la guerra de Vietnam.
Los demócratas, que tienen posibilidades de recuperar en las elecciones parlamentarias el control de la Cámara de Representantes y de ampliar su mayoría en el Senado, mantienen la cabeza gacha.
Sólo dijeron que Bush debería pedir autorización al Congreso legislativo para atacar Iraq cuando se lo preguntó la prensa. Mientras, abrazaban en secreto la esperanza de que Bush lo hiciera de todos modos, aconsejado por el secretario (ministro) de Defensa Donald Rumsfeld y el vicepresidente Dick Cheney.
Muchos demócratas calculaban que el enojo de los aliados de Washington ante una ofensiva militar contra Saddam Hussein generaría en la ciudadanía estadounidense la sensación de que la guerra contra el terrorismo se había salido peligrosamente de control.
Por eso, los demócratas quedaron fuera de guardia cuando la Casa Blanca anunció la semana pasada que consultaría al Congreso antes de lanzar un ataque. Y muchos aún no saben qué votarán, a pesar de que todo indica que la decisión se tomará antes del receso electoral, que comenzará a mediados de octubre.
El Congreso votará antes de que (los legisladores) se vayan (de Washington a sus estados) para las elecciones, dijo el portavoz de la Casa Blanca, Ari Fleischer.
El plazo formulado por Fleischer obligó al líder del Partido Demócrata en el Senado, Tom Daschle, a sugerir que el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) avale primero la operación, como sucedió antes de la guerra del Golfo, también contra Iraq, en 1991.
Con el anuncio de la semana pasada, Bush cumplió dos objetivos. Trasladó el centro de atención de las elecciones parlamentarias de la economía y los fraudes contables, cuestiones en que los republicanos son muy vulnerables, a la necesidad de rodear al presidente de un país en guerra.
Mientras el gobierno pueda mantener los asuntos nacionales fuera de los reflectores, se verá beneficiado, dijo el senador demócrata Richard Durbin a la revista Congressional Quarterly, especializada en asuntos políticos y legislativos.
El Partido Republicano domina la Cámara de Representantes, por lo que se prevé allí una rápida autorización a la guerra, quizás a fines de este mes. La mayoría es tan cómoda que casi no influye la posición del líder republicano en la Cámara, Dick Armey, crítico de los planes militares contra Iraq.
Mientras, el líder de la minoría en la Cámara de Representantes, Richard Gephardt, comparte la resolución del presidente Bush a enfrentarse con la amenaza.
Por otra parte, dos desconocidos candidatos demócratas a un escaño legislativo triunfaron ante conocidos legisladores en ejercicio en las elecciones primarias de este verano boreal, luego de recibir cientos de miles de dólares para gastos de campaña de donantes judíos.
Los derrotados habían cuestionado al partido conservador Likud, que encabeza el gobierno de Israel y respalda con firmeza una guerra contra Iraq. Los demócratas recibieron el mensaje, dijo un funcionario demócrata del Congreso que solicitó reserva de su identidad.
Si los candidatos no apoyan al presidente Bush, quien es percibido como un gran amigo de Israel en horas de necesidad, se arriesgarán a perder uno de sus bastiones electorales más importantes, agregó el informante. La comunidad judía estadounidense vota, tradicionalmente, al Partido Demócrata.
La Cámara de Representantes, controlada en enero de 1991 por los demócratas, aprobó entonces por 250 votos contra 183 la autorización para que el gobierno de George Bush, padre del actual presidente, expulsara a los invasores iraquíes de Kuwait. Votaron a favor 86 demócratas.
Esta vez, se prevé que el margen sea aun mayor.
El Senado, que aprobó la propuesta de 1991 por 52 votos a 47, será el centro de atención en las próximas semanas. Allí hay demócratas y republicanos que ponen en duda la existencia de vínculos entre Iraq y Al Qaeda, organización islámica a la que se atribuyen los atentados de septiembre pasado.
También el gobierno está profundamente dividido entre los halcones, como Rumsfeld y Cheney, y las palomas, como el secretario de Estado Colin Powell.
Mientras, el candidato demócrata a la vicepresidencia en las elecciones de 2000, Joseph Lieberman, siempre se mostró inclinado a respaldar una acción militar para derrocar a Saddam Hussein,al igual que numerosos legisladores de su partido procedentes de estados del sur, más conservadores que los del norte.
Incluso el ex presidente Bill Clinton, de quien muchos esperaban una declaración contra la campaña en Iraq, parece tomar en cuenta que su esposa, Hillary Clinton, es senadora por el estado de Nueva York, donde reside un gran electorado judío.
No en vano la senadora Clinton pasó de ser una firme defensora del proceso de paz en Medio Oriente y de la creación de un estado palestino independiente a respaldar con entusiasmo al primer ministro de Israel, Ariel Sharon, quien declaró finalizado ese proceso. (FIN/IPS/tra-eng/jl/mj/ip/02
