El gobierno autónomo vasco presentará en España una querella criminal contra el juez Baltasar Garzón, por considerarlo culpable del delito de prevaricación al suspender las actividades de Batasuna, el partido que apoya a ETA.
El anuncio fue efectuado este martes por el portavoz del gobierno vasco, Josu Jon Imaz, y por el consejero (ministro) del Interior, Javier Balza, en una conferencia de prensa realizada en Vitoria, capital de esa comunidad autónoma, una de las 17 que integran España.
Prevaricar, según el código penal español, es dictar a sabiendas una resolución injusta, una autoridad, un juez o un funcionario. De ser hallado culpable por la justicia, Garzón podría ser condenado a una pena entre cinco y 10 años de prisión y ser inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas.
Garzón, candidato este año al premio Nobel de la Paz, es internacionalmente conocido por haber instruido el proceso contra el ex dictador chileno Augusto Pinochet y los ex dictadores de Argentina, contra bandas internacionales de narcotraficantes y contra los responsables de asesinatos de ETA.
El 22 de agosto decretó la suspensión de por tres años de la actividad de Batasuna como partido político, por considerar a ese partido parte integrante de Euskadi ta Askatasuna (ETA, Patria Vasca y Libertad en vascuence), a la que calificó de banda terrorista.
Imaz informó de que la querella será presentada ante el Tribunal Supremo, por creer que las medidas adoptadas tras la suspensión de Batasuna restringen los derechos de reunión y manifestación.
Según Balza, el juez creó una situación de inseguridad jurídica. En su opinión, las consecuencias de sus medidas afectan a personas e instituciones no relacionadas con Batasuna e implican a toda la sociedad vasca.
Batasuna se presentó a elecciones y logró puestos minoritarios en los congresos autónomos del País Vasco y de la comunidad autónoma de Navarra. Esta última es considerada parte del País Vasco por Batasuna y por los nacionalistas moderados, aunque sus ciudadanos resolvieron por amplia mayoría (85 por ciento) organizarse como comunidad autónoma independiente.
El parlamento navarro, donde los nacionalistas son minoría, aplicó la medida dispuesta por Garzón. Disolvió el grupo parlamentario de Batasuna, le retiró las subvenciones y cerró su oficina.
Pero mantuvo en sus cargos a los diputados de ese partido por considerar, al igual que el juez, que la resolución judicial no podía afectar a una representación surgida de las urnas.
De manera paralela al anuncio de Imaz y Balsa, la mesa del parlamento vasco tomó el acuerdo de no disolver el grupo parlamentario de Batasuna, por considerar nulo de pleno derecho el auto dictado por el magistrado.
A favor del acuerdo votaron los sectores nacionalistas e Izquierda Unida, y en contra el gobernante Partido Popular (PP) y la principal fuerza de oposición en España, el Partido Socialista Obrero Español (PSOE).
El presidente del parlamento vasco, Juan María Atutxa, especificó que el acuerdo no significa ignorar a ningún juez ni defender a un grupo como Batasuna, sino defender el respeto a esta Institución.
Los abogados del parlamento vasco elaboraron un informe solicitado por Atutxa, en el que consignaron que lo resuelto por Garzón es una intrusión y un menoscabo de la autonomía parlamentaria.
También calificaron de insólito que se pretenda suspender al grupo sin haber suspendido a ninguno de sus integrantes ni haber imputado un delito a alguno de ellos individualmente.
Garzón considera que Batasuna, como organización que forma parte del entramado de ETA, es terrorista. Suspendió todas las actividades de ese partido, entendiendo por tal los actos públicos, el mantenimiento de locales (que fueron clausurados) y la percepción de subvenciones (que les fueron intervenidas).
A su entender, el código penal lo faculta para tomar esas decisiones, pero no puede interferir en la actividad de los parlamentarios, ya que éstos tienen inmunidad.
Para ser procesados hay que quitarles previamente sus fueros y la instrucción del proceso debe pasar a una instancia superior, el Tribunal Supremo de Justicia.
El ministro de Administraciones Públicas y secretario general del PP, Javier Arenas, calificó de profundo error el rechazo del parlamento vasco de la resolución del juez. Arenas anunció que su Ministerio estudiará el tema por si es necesario tomar algún tipo de medida.
Asimismo, calificó de insólita la querella anunciada por el gobierno vasco, porque carece de precedentes en la historia de los gobiernos autonómicos.
Pero más dura fue la reacción del ministro de Justicia, José María Michavila, quien se manifestó sorprendido de que haya un gobierno que se querella contra jueces y no contra el terrorismo.
Michavila consideró muy negativo que un gobierno y un partido político que están en contra de la ilegalización de quienes financian el terrorismo, estén querellándose contra los jueces.
Se refirió así al moderado Partido Nacionalista Vasco y a su escisión, Eusko Alkartasuna, que gobiernan en coalición en esa comunidad autónoma.
El ministro de Interior, Angel Acebes, expresó temor de que con la reacción del nacionalismo moderado se esté ante lo de siempre, que para él es no querer hacer nada cuando se planta cara a todo ese entorno y entramado que supone la exclusión, el miedo y el terror. (FIN/IPS/af/ff/ip/02
