Organizaciones humanitarias exhortaron al gobierno de Ecuador a rechazar el pedido de Estados Unidos de un acuerdo que asegure la inmunidad de su personal destacado en territorio ecuatoriano ante la Corte Penal Internacional (CPI).
Estamos preocupados por el pedido de Washington para que Ecuador firme acuerdos de impunidad para que los ciudadanos estadounidenses acusados de crímenes contra la humanidad o de guerra no sean entregados a la CPI, dijeron los activistas en carta al canciller, Heinz Moeller, divulgada este jueves.
El pedido de los grupos no gubernamentales se refiere a las gestiones del Secretario de Estado adjunto de Estados Unidos para Asuntos del Hemisferio Occidental, Otto Reich, en procura de acuerdos bilaterales con tantos países como sea posible para dejar a funcionarios de ese país fuerza del alcance de la CPI.
La creación de la CPI es un logro no sólo para el imperio de la ley sino para la justicia universal y los derechos humanos. No obstante, el gobierno de Estados Unidos está decidido a obstruir el establecimiento de la Corte, argumentaron.
La carta fue suscripta por la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, la Auditoría Democrática Andina, el Centro de Derechos Económicos y Sociales y el Centro de Documentación en Derechos Humanos Segundo Montes Mozo.
El Colectivo Pro Derechos Humanos, la Comisión de Solidaridad y Derechos Humanos de Imbabura, la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos, el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos y la Coordinadora Política de Mujeres Ecuatorianas también firman la solicitud.
El grupo se completa con el Grupo de Trabajo sobre Niños/as en Conflictos Armados, la Defensa de los Niños-Internacional, Feministas por la Autonomía, la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos, Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Grupo Democracia y Desarrollo, Servicio Jesuita a Refugiados y el Servicio, Paz y Justicia.
Reich propuso la semana pasada en Nueva York a Moeller firmar un convenio bilateral para que Ecuador otorgue inmunidad a los ciudadanos estadounidenses ante la Corte Penal Internacional, a la cual Washington no adhirió.
Moeller respondió que se debía examinar a fondo las consecuencias políticas y jurídicas de este tema, en el contexto de las obligaciones internacionales del país.
Precisó además que Ecuador ratificó el llamado Tratado de Roma, que creó la CPI, la primera instancia jurídica permanente internacional para juzgar crímenes contra la humanidad, sin reservas, que entró en vigor el 1 de julio, por lo tanto tiene ciertas responsabilidades en este sentido.
El convenio por el cual Ecuador cedió en 1999 la base y puerto de Manta, en la costa del océano Pacífico, para ser utilizados por las fuerzas armadas de Estados Unidos ya establece condiciones especiales de tratamiento legal para el personal de ese país.
En la eventualidad de que las autoridades ecuatorianas detuvieren a un miembro del personal estadounidense o a sus dependientes deberán notificar inmediatamente a las autoridades de Estados Unidos y coordinarán su pronta entrega, dice el convenio en uno de sus puntos.
El gobierno estadounidense de George W. Bush ha solicitado a varios países de América Latina la firma de convenios similares al propuesto a Ecuador en relación a la CPT, y para ello su secretario de Estado, Colin Powell, se reunió el 16 de este mes con una docena de cancilleres de la región.
Bush consiguió en julio que el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) aprobase una resolución que otorga a los funcionarios de su país acusados de delitos contra la humanidad un año de gracia antes de ser juzgados por la CPI.
La decisión se tomó luego de que Washington amenazara con retirar su apoyo a las misiones de paz de la ONU si no se concedía esa inmunidad, con el argumento de que podrían ser objeto de denuncias por razones políticas.
Philip Reeker, portavoz del Departamento de Estado, señaló que su país negocia esos acuerdos por el temor a que los ciudadanos estadounidenses se vean afectados por situaciones políticas, e informó que ya se concretó uno con Rumania y se apresta a firmar otro con Colombia.
Por su parte, la embajadora estadounidense en Brasil, Donna Hrinak, indicó que también se han realizado contactos al respecto con ese país.
Por otro lado, la organización humanitaria Amnistía Internacional, con sede en Londres, aseguró que las presiones se producen también con Argentina y Ecuador.
El caso de Colombia es especial porque el presidente Andrés Pastrana, poco antes de entregar el cargo el 7 de agosto a su sucesor, Alvaro Uribe, decidió diferir hasta 2009 la competencia de la CPI en ese país.
La canciller colombiana Carolina Barco aseguró que el Plan Colombia, de lucha contra las drogas y la insurgencia y con importante financiación de Washington, ya incluye una cláusula que concede inmunidad a los militares estadounidenses destacados ese territorio.
La no gubernamental Comisión Colombiana de Juristas manifestó el martes su oposición a un posible acuerdo para negar la competencia de la CPI.
Esa Comisión de expertos, con estatus de consultora de la ONU, consideró que la firma de un convenio de esas características fomentaría la impunidad, violaría el principio de igualdad ante la ley y minaría la integridad de la CPI.
La creación del Corte, promovida por la Unión Europea y Canadá, fue resuelta en una reunión del foro mundial en 1998 en Roma con 120 votos a favor y la oposición de China, Estados Unidos, Irazq, Israel, Libia, Qatar y Yemen.
Su cometido será enjuiciar a responsables de crímenes de genocidio, agresión, guerra y contra la humanidad que escapen a tribunales de los países o éstos se nieguen a hacerlo. (FIN/IPS/kl/dm/ip he/02
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