Militares, policías y paramilitares intentaron este martes en Colombia impedir por la fuerza marchas y actos de la jornada campesina contra la política económica y social del gobierno, aseguraron los organizadores de la movilización.
El Consejo Nacional Campesino (CNC), que reúne a 10 organizaciones, afirmó en un comunicado que en al menos cinco departamentos, fuerzas de seguridad y paramilitares que actuaron por separado, obstaculizaron el comienzo de la protesta por tiempo indefinido dispuesta para exigir, entre otros puntos, el cese de la importación de alimentos.
Supuestos paramilitares intentaron impedir la participación de campesinos en marchas de protesta en las localidades de Argelia, Balboa, Chalán, Colosó, Corinto, El Tambo, La Vega y Piendamó, según el comunicado del CNC.
Esas localidades se hallan en el meridional departamento de Cauca y en el septentrional de Sucre.
Asimismo, el CNC aseguró que el ejército prohibió la salida de vehículos en casi todos los municipios del central departamento de Tolima, al tiempo que decomisó alimentos pertenecientes a participantes en la protesta.
En el central departamento de Caldas, soldados detuvieron el lunes a unas 90 familias pertenecientes a comunidades indígenas por el solo hecho de haber acudido a la movilización y paramilitares amenazaron con asesinar a los participantes en la protesta, agrega el comunicado.
En los centrales departamentos de Boyacá y Cundinamarca fueron impedidas las marchas de jóvenes, campesinos y de estudiantes, que pretendían caminar desde Tunja a Bogotá para participar en las protestas que convocaron las centrales obreras, indicó el CNC.
Las carreteras de Boyacá y Cundinamarca son objeto de una intensa vigilancia militar, e incluso sobrevoladas por helicópteros artillados en actitud provocadora, según el comunicado.
Los agricultores exigen la suspensión de la importación de alimentos, la concertación en la toma de decisiones gubernamentales que los afecten y programas de inversión social para el área rural.
Entre los detenidos el lunes figuran los activistas españoles Ana Andrés y Daniel Bustos, de la organización no gubernamental Solidaridad con Colombia, que acompañaban a los campesinos de la septentrional localidad de Chalán, así como el dirigente de la Federación Sindical Unitaria Agropecuaria Nelson Reina.
Autoridades militares y policiales afirmaron que algunas movilizaciones se disolvieron por razones de seguridad, pues sospechaban que los participantes actuaban presionados por guerrilleros de izquierda. En otros casos, los uniformados actuaron por orden de las gobernaciones departamentales.
El presidente de la Federación Nacional Sindical Agraria, Eberto Díaz, dijo a IPS que algunos gobernadores departamentales apelaron al estado de conmoción interior, declarado por el gobierno de Alvaro Uribe en agosto, para reprimir al campesinado.
El estado de conmoción interior permite a las autoridades tomar medidas de emergencia para hacer frente a la agudización del conflicto armado.
La decisión de declarar este estado de excepción fue respaldada por amplios sectores que condenan la escalada de la acción armada de combatientes irregulares, pero organizaciones no gubernamentales afirmaron que constituye una amenaza contra las libertades individuales.
El más cuestionado de los decretos expedidos por Uribe en el marco del estado de conmoción es el que asigna facultades judiciales a las Fuerzas Armadas para actuar en circunstancias de urgencia insuperable.
El decreto autoriza a los militares a detener sospechosos, realizar allanamientos e inspeccionar vehículos, aeronaves y buques cuando se presuma que son utilizados para cometer delitos.
Asimismo, se restringió la circulación y la residencia de personas en las denominadas zonas de rehabilitación y consolidación creadas en 14 departamentos.
Díaz afirmó que la verdadera intención del gobierno es convertir estas zonas en teatros de guerra.
La vulnerabilidad de los activistas humanitarios se agrava cuando se asigna a los militares facultades para arrestar, las cuales, por otra parte, pueden conducir al fomento de la impunidad, dijo el secretario general de la filial canadiense de la organización Amnistía Internacional, Alex Nevé.
De visita la semana pasada en Bogotá, Nevé dijo no oponerse a que los gobiernos tomen medidas para garantizar la seguridad de los ciudadanos, pero advirtió que la impunidad imperante en Colombia no se contrarrestará dándole mayores poderes a los militares para arrestar sin fórmula de juicio.
El inicio de las protesta convocadas por el CNC, coincidente con la primera huelga organizada por los sindicatos de empleados estatales en el gobierno de Uribe, sólo será suspendida cuando el gobierno atienda las peticiones de la organización campesina.
Los campesinos rechazan la proyectada fusión en una sola entidad del Instituto Nacional de Reforma Agraria, el Instituto de desarrollo Rural Integrado, el Instituto Nacional de Hidrología y Meteorología y el Instituto Nacional de Pesca.
El CNC afirmó que la importación de alimentos ha empobrecido a los asalariados y minifundistas de áreas rurales, en las que el conflicto armado se siente con mayor intensidad. (FIN/IPS/yf/mj/hd/02
