Los asentamientos en parques nacionales y otras zonas protegidas por razones ambientales de la capital venezolana se ha multiplicado en el último año, sin que las autoridades logren desalojar a los ocupantes ni ofrecerles alternativas de vivienda.
Según el gobierno metropolitano, en la actualidad hay en Caracas 96 focos de ocupaciones ilegales, ubicados en el parque nacional El Avila, sobre la montaña que rodea al valle donde está la capital, en el área protegida de El Algodonal, en el Parque Universal La Paz y en el bosque de pinos Menca de Leoni, ya deforestado en tres cuartas partes.
Las autoridades calculan que en cada foco se han instalado más de 30 familias, que en pocos días limpiaron y dividieron en parcelas los terrenos, para comenzar luego a construir endebles viviendas de madera y zinc.
En El Avila hay asentadas más de 700 familias, y en El Algodonal hay más de 500.
Integrantes del gobierno nacional y autoridades locales no se ponen de acuerdo sobre el modo de afrontar el problema, e intercambian reproches.
La ministra de Ambiente, Ana Elisa Osorio, alegó que no puede poner preso a nadie por invadir, aunque la ley se lo permite, e instó a los alcaldes a mediar porque no se trata de atropellar al pueblo.
El problema de la ocupación ilegal es de educación y de conciencia ambiental. Los parques y zonas protegidas son bienes del dominio público y no se pueden ocupar para resolver un problema individual, admitió.
Los gobiernos locales deben discriminar quién de verdad no posee casa, organizar a esas personas y procurar una solución al problema, sostuvo.
El presidente de la Asociación de Alcaldes, Said Bijani, replicó que las fuerzas de policía municipal no pueden actuar en procesos de desalojo, porque carecen del equipo antimotines que puede ser necesario en tales casos.
Esa tarea corresponde a las policías estatales y a la Guardia Nacional (que es parte de las Fuerzas Armadas), pero éstas no actúan porque no se les da la orden, añadió.
Según la alcaldía metropolitana de Caracas, sólo el ministerio del Ambiente puede impartir ese tipo de orden.
El alcalde de Caracas es Alfredo Peña, ex colaborador del presidente Hugo Chávez y en la actualidad acérrimo opoitor a él.
El urbanista Marco Negrón dijo a IPS que la oleada de invasiones se debe a la agudización del déficit de viviendas en los últimos tres años, en los cuales se paralizaron las tareas de construcción a cargo del Estado.
En Caracas no se realizan obras. Creo que eso se debe en buena parte a el gobierno (nacional) aspiraba a construir con costos irreales, opinó.
Según especialistas, en la capital hay un déficit de 20 por ciento de viviendas para sectores populares, o sea que sería necesario construir unas 40.000.
A eso se le suma que en Caracas no hay desde hace mucho tiempo una política urbana. Se creyó que la creación de la alcaldía metropolitana sería una solución, pero (esa institución) ha fallado por la excesiva belicosidad política, afirmó Negrón.
Esa alcaldía se creó en 1999, en el marco de la Asamblea Constituyente, para agrupar y coordinar las políticas de los cinco municipios de Caracas, pero el único resultado hasta ahora ha sido el constante enfrentamiento entre Peña y los oficialistas alcaldes de los dos mayores municipios, aseveró.
Los principales adversarios de Peña son Freddy Bernal, alcalde del municipio de Libertador, y José Vicente Rangel Avalos, alcalde del municipio de Sucre.
Se trata, justamente, de los dos municipios en los cuales se asienta más de la mitad de la población de Caracas y hay mayor cantidad de barrios marginales, explicó Negrón.
En 1990, cuando se llevó a cabo el último censo, había en el actual territorio del Distrito Metropolitano de Caracas 2.890.000 habitantes, 1.970.000 en Libertador y 533.000 en Sucre, y más de 37 por ciento de la población de esos municipios, o sea cerca de un millón de personas, vivían en barrios marginales.
Buena parte de las viviendas de Caracas se construyeron a partir de ocupaciones de tierras, y siempre hubo cierta permisividad con las invasiones, pero antes era menos explícita, y la autoridad actuaba en algún momento, indicó Negrón.
Ahora hay la percepción de que cualquiera puede hacerlo sin que ello le acarree consecuencias, y en los últimos años ha habido incluso incitación a la invasión. Formalmente no es una política gubernamental, pero de algún modo se ha convertido en una política tácita, destacó.
Las consecuencias de los asentamientos son deterioro ambiental, aumento de los riesgos de derrumbe, pérdida de espacios públicos para la recreación, daños a la vegetación y la vida animal, y deterioro estético del entorno, enumeró el urbanista.
Según Osorio, la recuperación de cada hectárea deforestada por ocupantes ilegales le cuesta al Estado casi 700 dólares en mano de obra, sin contar las especies que es preciso plantar, y el proceso dura por lo menos dos años. (FIN/IPS/jz/mp/en dv/02
