El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela rechazó este jueves por segunda vez someter a juicio a cuatro jefes militares que se sublevaron en abril contra el presidente Hugo Chávez.
Los magistrados decidieron por 11 votos contra 9 que no había méritos suficientes para iniciar el proceso y encargaron la elaboración de un nuevo texto de resolución, que, según fuentes judiciales, será presentado dentro de dos días.
Según la Constitución de 1999, el Tribunal Supremo debe resolver si hay méritos para enjuiciar al ex jefe del ejército, Efraín Vásquez, al general de la fuerza aérea Pedro Pereira, al vicealmirante Héctor Ramírez y al contraalmirante Daniel Comisso por su actuación en el frustrado golpe de estado del 12 de abril.
El fiscal general, Isaías Rodríguez, acusó el 18 de julio a los cuatro oficiales de rebelión y de desplazar durante dos días a Chávez con la amenaza del uso de las armas bajo su mando.
Franklin Arriechi, el miembro del Tribunal encargado de elaborar la nueva presentación, es partidario de disponer el sobreseimiento de los oficiales acusados por entender que en esa ocasión no se produjo una rebelión militar contra Chávez.
La ponencia rechazada este jueves, elaborada por el magistrado Alejandro Angulo, es la segunda que se presenta sobre el mismo caso. Un texto similar fue objetado la semana pasada por 12 de los 20 integrantes del Tribunal Supremo de Justicia.
El escaso margen entre la mayoría y la minoría en la última decisión mantiene latente el resultado de la nueva ponencia.
Muchas gracias, es lo que puedo decir hasta el momento. Uno se contenta cuando ve que hay justicia, apuntó Vázquez apenas conocido el nuevo fallo del Tribunal.
La sede del Tribunal Supremo de Justicia fue rodeada durante la sesión por manifestantes favorables al gobierno de Chávez, quienes indicaron que se mantendrán movilizados hasta que haya un dictamen definitivo.
El rechazo a la primera ponencia fue seguido de una serie de disturbios el viernes en Caracas, con un saldo de nueve personas heridas de bala.
En cambio, este jueves las calles de la capital venezolana permanecieron en calma, vigiladas por miles de efectivos de la Guardia Nacional, de la policía Metropolitana y de la policía de Caracas.
Por su parte, Chávez insistió que fue víctima de un golpe de estado, al hablar este jueves en una visita a la isla de Margarita.
Los cuatro oficiales acusados sostienen que desconocieron la autoridad del presidente luego de que una manifestación opositora fuera reprimida el 11 de abril en el centro de Caracas.
Los disturbios registrados ese día, que costaron la vida de 18 personas, derivaron luego en el derrocamiento de Chávez y en la designación en su lugar del empresario Pedro Carmona.
Sin embargo, días antes a la manifestación, otros militares de diverso rango habían conminado públicamente a Chávez a renunciar.
Chávez, quien había sido detenido por un grupo de militares en la isla de la Orchila, retomó el gobierno el 14 de abril, tras manifestaciones callejeras espontáneas en su favor y del rechazo por parte de un sector de las Fuerzas Armadas a su desplazamiento de la presidencia.
El gobierno afirma que lo ocurrido en esos días fue un golpe de estado y, por tanto, los implicados en los hechos deben ser castigados, mientras que la oposición sostiene que se produjo un vacío de poder, que fue cubierto por Carmona con ayuda de los militares disidentes.
El abogado Alberto Arteaga, quien fue defensor del ex presidente Carlos Andrés Pérez cuando éste fue destituido en 1993, señaló que, pese a que se produjo un golpe de estado, no se puede acusar a los militares de rebelión porque no hubo enfrentamientos armados.
Sectores políticos de la oposición organizaron en las últimas semanas una serie de actos en respaldo a los oficiales militares acusados. (FIN/IPS/jz/DM/IP/02
