El gobierno de Uruguay no descarta la restricción de las libertades constitucionales para hacer frente a la ola de saqueos a comercios, mientras considera la congelación de depósitos a plazo fijo en los bancos del Estado.
Centenares de policías patrullan este viernes las calles de Montevideo, con apoyo logístico militar, para evitar saqueos como los ocurridos el jueves en unos 14 locales comerciales y supermercados cercanos a asentamientos irregulares.
La primera señal de alerta de que en Uruguay podrían repetirse las imágenes que la televisión transmitió en diciembre desde la vecina Buenos Aires se concretó el miércoles, cuando unas 15 personas robaron alimentos en un comercio del centro de Montevideo.
La intervención policial, que salvó de igual destino el jueves a otras 15 tiendas de alimentos, derivó en enfrentamiento con centenares de personas. Un hombre joven y dos policías resultaron heridos, y hubo una veintena de detenidos.
El ministro del Interior, Guillermo Stirling, aseguró en conferencia de prensa que los saqueos fueron planeados y organizados por grupos que buscan desestabilizar y romper el estilo de vida de los uruguayos, aunque admitió que no podía identificarlos.
Agregó que la policía tenía información hace semanas de que se preparara el asalto a comercios, pero no pudo determinar el momento ni la zona en que los hechos se iban a producir.
Stirling no descartó, si los incidentes continúan, la imposición de medidas prontas de seguridad, un mecanismo previsto para casos de conmoción interna o internacional, que limita las libertades y garantías constitucionales.
Al respecto, señaló que la aplicación de las medidas prontas de seguridad, que pueden asemejarse al estado de sitio o de emergencia contemplado en otras legislaciones, es potestad del presidente Jorge Batlle
El estallido social se registra en momentos en que Uruguay presenta una profunda crisis económica, financiera y social, con aumento de la pobreza y del desempleo.
El gobierno decretó el martes feriado bancario hasta este viernes inclusive, para evitar el drenaje de depósitos y divisas. El ministro de Economía, Alejandro Atchugarry, advirtió que 40 por ciento de los depósitos abandonaron el sistema financiero desde enero.
Mientras, las reservas internacionales del Banco Central cayeron a un ritmo mensual de 500 millones de dólares, para pasar de 3.100 millones en diciembre a sólo 655 millones en la actualidad.
El otrora fuerte sistema financiero uruguayo fue víctima de la falta de confianza provocada por la larga recesión iniciada en 1999, el contagio del colapso argentino y el supuesto fraude que habrían cometido los propietarios de dos bancos privados.
Una de esas instituciones, el Banco Montevideo-Caja Obrera, cuyos propitarios tienen negocios combinados en Argentina, Paraguay, Brasil y Chile, fue intervenido en junio por el Banco Central, su actividad fue interrumpida el martes y va camino de su liquidación.
Atchugarry prepara este viernes un proyecto de ley de fortalecimiento del sistema financiero, que, según fuentes políticas, incluirá la congelación del dinero depositado a plazo fijo en los estatales Banco de la República y Banco Hipotecario.
Las restricciones, que no abarcan las cuentas a la vista, podría extenderse a los privados Banco Comercial y Banco de Crédito, que ya fueron capitalizados por el Banco Central para evitar su bancarrota. El resto de las entidades privadas deberán ser capitalizadas por sus accionistas.
Estas decisiones fueron comunicadas el jueves por el presidente Jorge Batlle a los principales dirigentes políticos, a quienes informó sobre la marcha de las conversaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Uruguay solicita al FMI el desembolso inmediato de los 1.500 millones de dólares que aún restan de un crédito de contingencia por 3.000 millones que obtuvo en mayo.
Batlle recibió a su predecesor en el gobierno, Julio María Sanguinetti, con quien comparte el liderazgo del Partido Colorado, con el también ex mandatario Luis Alberto Lacalle, del Partido Nacional, que integra la coalición gobernante, y con Tabaré Vázquez, máximo dirigente del izquierdista Encuentro Progresista- Frente Amplio.
La parcial inmovilización de depósitos a plazo fijo en la banca pública sería una de las condiciones del FMI para liberar los recursos que le solicita Uruguay.
El gobierno tiene cifradas todas las esperanzas del adelanto de fondos del FMI y de otros posibles aportes del Grupo de los Siete países más ricos del mundo.
El propio Atchugarry declaró que no existe un Plan A, sino sólo el Plan B, que es la ayuda financiera externa rápida. Portavoces del gobierno admitieron que, en caso de no concretarse esa ayuda, Uruguay deberá posiblemente suspender el pago de su deuda externa. (FIN/IPS/dm/ff/ip if/02
