La prohibición de la actividad sindical independiente en China agrava la conflictividad laboral, en especial en el nordeste, región minera y petrolera asolada por la desocupación, advirtió este viernes la organización de derechos humanos Human Rights Watch (HRW).
El (gobernante) Partido Comunista chino afronta un serio dilema, pues asegura que protege a los trabajadores, pero esos trabajadores están protestando en las calles, dijo el director de la División de Asia de HRW en Washington, Mike Jendrzejczyk.
Quienes participan en las manifestaciones quieren que se les reconozca el derecho de integrar sus propios sindicatos y de tener voz en las decisiones que afectan su trabajo y sus beneficios, explicó Jendrzejczyk.
El informe de 50 páginas titulado Pagando el precio: inquietud laboral en el noreste de China detalla tres grandes protestas realizadas entre marzo y mayo en esa región, donde se ubican las grandes minas y refinerías que aceleraron la industrialización del país durante medio siglo.
Las ciudades de Liaoyang, Daqiong y Fushun fueron escenario de protestas prolongadas y sin precedentes en que participaron decenas de miles de trabajadores despedidos u obligados a jubilarse. En algunos casos, hubo choques entre policías y manifestantes.
El gobierno reaccionó con cautela y autocontención frente a las protestas, en contraste con la represión a que fueron sometidos en los últimos años disidentes políticos y líderes religiosos, pues calcularon que una dura represión podría desatar en este caso una oposición violenta y generalizada, según HRW.
La conflictividad laboral amenaza la legitimidad del Partido Comunista de China como ningún otro desafío, porque el artículo uno de la constitución afirma que China 'es un estado socialista bajo la dictadura democrática del pueblo, conducida por la clase trabajadora', indica el estudio.
La respuesta del gobierno también sugiere que las autoridades reconocen la profunda insatisfacción entre los trabajadores despedidos y el apoyo popular que concita esta causa. Las autoridades temen que una reacción mayor perjudique su imagen ante la población, según HRW.
La inquietud laboral creció sin pausa desde que las reformas económicas lanzadas a fines de los años 70 comenzaron a amenazar el sistema de empleo de por vida con grandes beneficios, como vivienda y servicios de salud gratuitos, generosas pensiones y vacaciones pagadas.
A medida que aumentaba la orientación de la economía hacia el mercado y se ordenaba a las empresas estatales el recorte de gastos o las privatizaciones a fines de los años 90, el empleo dejó de ser una seguridad, en especial en las industrias más antiguas, incapaces de competir con los productos importados.
Entre 1996 y 2000, decenas de millones de trabajadores fueron despedidos de empresas estatales o privatizadas en el noreste de China. El desempleo en la zona se calculó en al menos 20 por ciento en 2000. En la mayoría de los casos, los despedidos recibieron escasas compensaciones.
Mientras, las autoridades se negaron a admitir la creación de sindicatos independientes que podrían canalizar las quejas de los trabajadores.
China ratificó en 2001 la Convención Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que garantiza, entre otros, el derecho de los trabajadores a organizarse en sidnicatos, pero el gobierno ha reprimido con dureza cualquier esfuerzo en ese sentido al margen de la Federación de Sindicatos de Toda China.
Informes de corrupción generalizada en todos los niveles oficiales, en especial referida al proceso de privatizaciones, agregó combustible al fuego. En muchos casos, los ganadores de los contratos de privatización eran dirigentes comunistas locales y altos funcionarios en el gobierno o de esas mismas empresas.
La mayoría de los analistas pronostican que el desempleo en el noreste aumentará mucho más a medida que la integración de China a la economía mundial se acelere, tras su incorporación a la Organización Mundial de Comercio (OMC), la que obliga al país a reducir aranceles que protegen a la industria de competidores extranjeros.
En la ciudad de Liaoyang, en la provincia del mismo nombre, trabajadores siderúrgicos despedidos protestaron, luego de cuatro años de reclamos, en una serie de grandes manifestaciones durante diez semanas.
Cuatro dirigentes fueron encarcelados, acusados de asamblea ilegal, marchas y protestas, un delito que se castiga con cinco años de prisión.
Los cambios inconsultos en los acuerdos sobre reducción del personal alcanzados por los trabajadores y la dirección de la Compañía Petrolera de Daqing originaron protestas que duraron tres meses y que derivaron en la detención de 60 obreros y el despliegue de miles de policías y soldados.
Miles de obreros mineros e industriales de Fushun bloquearon carreteras y vías férreas para protestar luego de recibir cada uno el equivalente de nueve dólares como compensación por despido.
HRW sostuvo que el denominador común de las protestas fue el profundo sentimiento de injusticia. Los trabajadores protestan por la hipocresía del gobierno chino. La constitución afirma que los trabajadores son los 'amos del país', pero el gobierno trata a quienes protestan como delincuentes, dijo Jendrzejczyk.
La Federación de Sindicatos de Toda China no ha hecho nada en defensa de los trabajadores que protestan, los detenidos y sus dirigentes, según el informe.
La organización llamó al gobierno chino a liberar de inmediato a los detenidos por ejercer el derecho a la protesta pacífica y a reconocer el derecho a crear sindicatos independientes. (FIN/IPS/tra-eng/jl/mj/lb/02
