La recién aprobada Ley Perben, que permite en Francia la prisión de niños y niñas mayores de 13 años incluso por insultar a sus profesores, es objeto de críticas de juristas, educadores y activistas de en derechos humanos.
La aprobación de la ley, que lleva el nombre del ministro de Justicia, Dominique Perben, es la prueba de que los políticos hemos escuchado el desesperado reclamo de los ciudadanos franceses, sostuvo el ministro del Interior, Nicolas Sarkozy.
Pero organizaciones de derechos humanos, profesores, cientistas políticos y expertos legales aseguran que la norma tiene objetivos propagandísticos y que será contraproducente.
La norma aprobada el 3 de este mes, último día de sesiones parlamentarias antes del receso del verano boreal, son aun más duras que las propuestas por Perben en el proyecto original.
La ley prevé la posibilidad de prisión preventiva para mayores de 13 años, sanciones educativas para los mayores de 10, la suspensión de las subvenciones que reciban los padres pobres de niños recluidos y seis meses de cárcel y hasta 7.500 dólares de multa para los estudiantes que insulten a sus profesores.
Estas normas están incluidas en una reforma general del sistema judicial, que admite la introducción de testimonios anónimos para delitos cuyo castigo previsto sea de hasta tres años de prisión.
Las reformas costarán 3.500 millones de dólares en los próximos cinco años, pues obligan a construir 11.000 celdas y 25.000 empleos, entre ellos 14.000 policías.
La enmienda es demasiado cara y demandará una gran inversión en materia de personal sólo para el encarcelamiento de niños, en detrimento del trabajo educativo y psicológico, dijo el director del programa de detención de adolescentes de entre 16 y 18 años en la meridional ciudad de Marsella, Jacques Bouygues.
La nueva legislación alimenta la ilusión de que la prisión mejora el comportamiento de las personas y que, por lo tanto, es un fin en sí misma, agregó Bouygues.
La reforma responde más a propaganda política que a una necesidad real de administración de justicia, que, por el contrario, sufrirá caos administrativo y grave riesgo de parálisis debido a las incongruencias legales, advirtió el jurista Philip Cohen.
Por otra parte, los testimonios anónimos son éticamente inaceptables y legalmente peligrosos, aseguró el presidente de la Liga Francesa de Derechos Humanos, Michel Tubiana.
La Convención Europea de Derechos Humanos rechaza este tipo de procedimientos pues reduce el derecho a la defensa al impedir el debate abierto de los testigos ante los jueces y el jurado, explicó Tubiana.
El gobierno realizó acciones policiales espectaculares en barrios pobres de la periferia de grandes ciudades como París, Lyon y Marsella, dirigidas contra una población considerada proclive al delito, cuestionó el experto.
La mayoría de los residentes de las áreas pobres de grandes ciudades francesas son inmigrantes. Las últimas redadas policiales en esos barrios no arrojaron los resultados que se esperaba en cuanto a la detención de delincuentes, incautación de drogas o de propiedad robada.
En cambio, Sarkozy afirmó que esas acciones documentan la voluntad del gobierno de restaurar la autoridad del Estado.
El experto en menores infractores François Dubet afirmó que la posibilidad de castigar a los estudiantes que ataquen a sus profesores es demagógica y contraproducente y advirtió que la norma no cambiará el comportamiento de los niños y niñas problemáticos.
Por el contrario, sostuvo Dubet, la posible sanción será embarazosa para los educadores. Imaginen a una profesora arriesgando a un alumno de 13 años a sufrir una pena de prisión como consecuencia de su queja. Será terrible, explicó.
La enmienda convierte a policías y jueces en protagonistas de la vida escolar, agregó. Si continuamos así, muy pronto los profesores pasarán más tiempo redactando quejas que preparando clases, según Dubet.
El diario izquierdista Libération resumió declaraciones realizadas por actuales ministros del gabinete derechista cuando estaban en la oposición al gobierno del Partido Socialista.
El viceministro del Interior Patrick Devedjian dijo, hace dos años: Debemos evitar que los niños estén en las prisiones, pues son las mejores escuelas del crimen. Devedjian fue uno de los principales impulsores de las enmiendas aprobadas.
El diputado derechista Pierre Albertini dijo un año antes de votar la ley: No podemos formular una política penal concentrando nuestra atención en la pequeña delincuencia urbana. Debemos actuar sobre sus causas en lugar de pensar sólo en reprimir las conductas problemáticas. (FIN/IPS/tra-eng/jg/mj/hd/02
