La violencia doméstica, tratada como cuestión de salud, es el blanco en Brasil de un ejército de 35.000 médicos pediatras en busca de reducir la mortalidad infantil y juvenil.
Datos del Ministerio de Salud indican que 59 por ciento de las muertes de niños, niñas y adolescentes entre cinco y 19 años registradas en 1999 fueron por causas externas. Las estadísticas señalan que 7.162 de esas muertes correspondieron a agresiones y 4.766 a accidentes de tránsito.
Ante esa realidad, la Sociedad Brasileña de Pediatría promueve desde hace cuatro años la Campaña Nacional de Prevención de Accidentes y Violencia en la Infancia y Adolescencia.
Sin embargo, la violencia dentro del hogar exige un tratamiento especial, porque hay un muro de silencio dificultando el conocimiento y el combate contra ese gravísimo problema de salud pública, explicó a IPS la coordinadora de la campaña, Rachel Niskier.
La experta lamentó que no haya estadísticas nacionales en Brasil sino sólo estudios ocasionales y evaluaciones de especialistas, lo cual no permite calcular con exactitud la cantidad de víctimas de agresiones y abusos ocurridos en el ámbito familiar.
Por eso el aumento de las denuncias en los últimos años es interpretado como una consecuencia de la mayor conciencia de la sociedad sobre el problema y los mecanismos creados para hacerle frente y no como una expansión de la violencia hogareña.
Una campaña contra la tortura promovida por el Ministerio de Justicia y el Movimiento Nacional de Derechos Humanos desde el 30 de octubre recibió hasta el 8 de este mes 420 denuncias, donde se señala que los agresores fueron de carácter particular, no por parte de policías o de otras fuerzas de seguridad.
Además, el lugar donde se cometió la agresión en 300 de los casos denunciados, es decir 71,4 por ciento, fue la residencia.
Los miembros de la familia de los agredidos componen el tercer grupo de autores de torturas o tratamientos deshumanos, superado sólo por policías civiles y militares.
Las informaciones por teléfono, cartas u otras vías que aseguran el anonimato, pero permiten comprobar su veracidad por comisiones descentralizadas, estimularon el aumento de las denuncias, incluso por parte de habitantes de pequeñas ciudades, más conservadores y reacios a meterse en casos de familia.
La Asociación Brasileña Multidisciplinaria de Protección a la Infancia y Adolescencia utiliza el teléfono para recibir denuncias de prácticas aún más ocultas, como la explotación y el abuso sexual.
Entre febrero de 1997 y diciembre de 2001 se registraron 2.498 casos comprobados, según datos recopilados por la Asociación entre 16.870 denuncias. La residencia fue el lugar de 84,9 por ciento de los abusos, mientras que 63,8 por ciento de esos ataques fueron perpetrados por miembros de la familia de la víctima.
La violencia doméstica era un tabú, restringido al foro privado de la familia, pero hubo avances que mejoraron la situación de los niños y adolescentes, sostuvo Cecilia Minayo, coordinadora del Centro Latinoamericano de Estudios sobre Violencia y Salud (Claves).
Los pediatras y otros profesionales de la salud cumplen un papel decisivo en la lucha por reducir ese tipo de violencia oculta, pues están entrenados y sensibilizados para tratar el problema, que muchos aún se resisten en considerar una cuestión médica, observó.
La Sociedad de Pediatría viene capacitando a sus 35.000 afiliados, con manuales, carteles y cursos para el diagnóstico precoz del problema. Algunos tipos de lesión, cambios de comportamiento, inapetencia y desasosiego pueden indicar maltratos, señaló Niskier.
Los médicos tienen que hacer un buen examen físico, conocer la historia familiar y escuchar al niño, cuya voz los padres abusadores en general intentan acallar o desmerecer, recomendó la pediatra y miembro del Consejo Nacional de los Derechos del Niño y Adolescente.
Como ejemplo, mencionó el caso de un niño que presentaba quemaduras circulares en el vientre. Al respecto, apuntó que el uso de cigarrillos es frecuente en los maltratos físicos.
La violencia doméstica y la social se fomentan mutuamente y estudios internacionales revelan que todos los jóvenes criminales sufrieron agresiones y abusos en el hogar, destacó Minayo.
La familia es una institución compleja, indispensable al niño como ámbito del afecto, pero puede ser fuente de violencias, con los padres considerándose dueños de los niños, argumentó.
Los avances en Brasil, en especial en el conocimiento de la sociedad sobre el problema, se deben a dos resoluciones básicas, coincidieron Minayo y Niskier.
Una es el Estatuto del Niño y del Adolescente, aprobado por el Congreso legislativo en 1990, y que define los derechos infantiles y juveniles y las directivas para políticas en su favor.
Esa ley establece la creación de Consejos Tutelares, con cinco miembros elegidos por la comunidad, que pueden intervenir en la protección de niños, niñas y adolescentes, a la vez que orientan a padres y responsables de menores.
La otra resolución es una política adoptada el año pasado por el Ministerio de Salud en busca de reducir los accidentes y la violencia que provocan miles de muertes, además de traumas físicos y psicológicos en millones de niños y adolescentes brasileños. (FIN/IPS/mo/dm/pr he/02
