Un atentado del grupo ilegal ETA que mató a una niña de seis años tuvo amplio rechazo en España este lunes, mediante manifestaciones en todas las ciudades y declaraciones de partidos políticos, sindicatos y otras organizaciones sociales.
La niña, llamada Silvia e hija de un guardia civil, murió en la noche del domingo a causa del estallido de un coche-bomba en Santa Pola, un pueblo de 20.000 habitantes de la costa del mar Mediterráneo, 400 kilómetros al sudeste de Madrid.
La explosión provocada por ETA (Euskadi Ta Askatasuna, o sea Patria Vasca y Libertad, en vasco) también causó la muerte de Cecilio Gallego, de 57 años, hirió a otras 25 personas y provocó grandes daños materiales.
El acto de condena más significativo se realizó en Vitoria, capital del septentrional País Vasco, frente a la sede del Gobierno Autónomo y encabezado por su presidente, Juan José Ibarretxe, quien expresó en nombre del pueblo vasco su más absoluto rechazo a ETA, que no tiene sitio en esta sociedad.
Ibarretxe, del moderado Partido Nacionalista Vasco, gobierna el País Vasco, una de las 17 comunidades autónomas que integran España, en coalición con Eusko Alkartasuna, escisión de ese partido, e Izquierda Unida, una coalición basada en el Partido Comunista.
Miles de personas se concentraron este lunes ante la municipalidad de Santa Pola, que vive tres días de luto oficial, con la presencia de autoridades locales y de los ministros Angel Acebes, del Interior y Eduardo Zaplana, de Trabajo.
Al término de ese acto, los asistentes gritaron repetidamente Asesinos, en vez de la acostumbrada consigna ETA no, vascos sí.
Silvia es la vigésimo quinta víctima infantil de ETA. La primera fue María Begoña Urroz, de 18 meses, quien murió el 28 de junio de 1960 debido al estallido de una bomba en la estación de ferrocarril de San Sebastián, ciudad vasca ubicada en las cercanías de la frontera con Francia.
Nueve de esa víctimas murieron en 1987: cuatro niños por la detonación de una bomba en un supermercado de la noroccidental ciudad de Barcelona, y cinco niñas debido a otra bomba lanzada contra la casa-cuartel de la Guardia Civil en la también nororiental ciudad de Zaragoza.
El único partido que no condenó el atentado del domingo fue Batasuna, que apoya a ETA y es apoyado por ese grupo.
Batasuna es investigado por el juez Baltasar Garzón, quien ordenó el embargo de sus cuentas bancarias y de las de organizaciones afines, para responder a multas e indemnizaciones impuestas por actos destructivos de inmuebles y vehículos públicos y privados.
La coordinadora de Participación y Acción Sectorial del gobernante Partido Popular (PP), Ana Mato, anunció que esa fuerza política pedirá la ilegalización de Batasuna, si se abstiene de condenar en forma expresa el atentado de Santa Pola, en aplicación de la nueva Ley de Partidos.
Mato añadió que el PP seguirá luchando contra el desafío terrorista con todas las armas que nos da el Estado de Derecho.
Batasuna se abstuvo en la votación de una condena del atentado votada por todos los demás partidos integrantes del concejo municipal de Vitoria.
El secretario general del PP, Javier Arenas, señaló que esa actitud pone a Batasuna al margen de lo establecido por la Ley de Partidos, y que el Poder Judicial deberá adoptar una decisión al respecto.
Hasta aquí hemos llegado. Los asesinos lo pagarán muy caro y pronto. No hablo de venganza, sino de justicia recta e implacable, dijo el jefe del gobierno y presidente del PP, José María Aznar, después de reunirse con el rey Juan Carlos, jefe de Estado.
Aznar expresó que le produce asco y repugnancia que la basura de dirigentes de Batasuna se paseen impunemente por las calles, y que eso no se debe permitir por más tiempo.
El Partido Socialista Obrero Español (PSOE), principal fuerza política opositora, también condenó con dureza el atentado.
ETA no alcanzará ninguno de sus objetivos y, por el contrario, a sus miembros les espera el destino que en democracia le corresponde a los asesinos, que es la cárcel, sostuvo en un comunicado la Comisión Ejecutiva del PSOE..
La carga explosiva empleada el domingo, de 40 kilogramos según cálculos policiales, fue transportada en un automóvil robado el 5 de julio en Montpelier, localidad francesa próxima a España.
Ese vehículo fue estacionado cerca de una parada de transportes públicos, en la acera de enfrente de la casa-cuartel de la Guardia Civil de Santa Pola.
La explosión afectó medio centenar de viviendas particulares y el frente de la casa-cuartel, en una de cuyas habitaciones que dan a la calle jugaba Silvia. Gallego transitaba por la acera de enfrente. (FIN/IPS/td/mp/ip/02
