Organizaciones de derechos humanos de Pakistán exhortaron al gobierno a terminar con el sistema de justicia tribal, que impone a niñas y mujeres castigos atroces por supuestos crímenes de sus familiares varones.
En lugar de impartir justicia, foros tradicionales como los jirga (consejos) y panchayat (jurados locales), que resuelven disputas entre distintas tribus, degradan a mujeres por culpas ajenas, según activistas.
Este año, se registraron en la oriental provincia de Punjab decenas de violaciones y asesinatos de honor. Algunas mujeres fueron asesinadas por su propios padres, hermanos o esposos por no poder concebir un hijo o negarse a prostituirse.
Sin embargo, la policía no realiza investigaciones adecuadas hasta que algún caso trasciende a los medios de prensa, de acuerdo con activistas.
Al permitir libertad de acción a los jirga y organismos similares, el gobierno consolida un sistema paralelo de justicia, advirtió I.A. Rehman, director de la Comisión de Derechos Humanos de Pakistán, en declaraciones a IPS.
Si Islamabad no es capaz de abolir el sistema de justicia tribal, al menos debería tomar medidas para restringir sus poderes y que sus decisiones no impliquen violaciones a los derechos humanos, instó Rehman.
El gobierno del general Pervez Musharraf sólo parece interesarse por la actividad de las jirga cuando una decisión polémica provoca la indignación pública.
Por ejemplo, sólo después de la publicación en un periódico de la situación de ocho niñas y adolescentes obligadas a casarse con hombres mayores como parte de un arreglo tribal, hacia fines de julio, el gobierno tomó medidas para revertir ese acuerdo.
Las niñas, entre ellas Iqra, de cinco años, iban a convertirse en esposas de hombres con edad suficiente para ser sus abuelos o bisabuelos a cambio del perdón de la vida de sus padres y tíos, hallados culpables de dos homicidios cometidos en 1985.
Los acusados, Sardar Khan, Mohammad Akram Khan, Muhammad Ashraf Khan y Asmatullah Khan, del distrito de Mianwali, Punjab, habrían sido ahorcados el 27 de julio si sus familias no hubieran llegado a un acuerdo con el clan de los dos hombres asesinados.
Según el arreglo aprobado por el jirga, la familia de las víctimas perdonó la vida a los cuatro a cambio de ocho millones de rupias (cerca de 1,3 millones de dólares) y del casamiento de dos niñas familiares de cada uno de los condenados con parientes de los asesinados.
Dos de las adolescentes, Tasleem de 14 años y Waziraan de 16, ya habían sido casadas con Mehr Khan y Ata Muhammad, de 55 y 80 años respectivamente, cuando el gobierno intervino y obligó a los hombres a divorciarse de ellas.
Tasleem manifestó luego a la prensa que hizo el sacrificio por su padre, pero que se sintió libre y feliz cuando le informaron que ya no era la esposa de Mehr Khan.
Waziraan era una niña pequeña cuando vio a su padre por última vez, pero de todas formas dijo sentirse satisfecha con su casamiento con Muhammad, de 80 años, por amor a sus padres.
Una ley aprobada en 1990 reconoce la costumbre de los acuerdos tribales para la resolución de disputas, pero prohíbe la entrega de mujeres o niñas como parte de los arreglos y sólo permite el perdón de un asesino a cambio de dinero.
Por esa razón, la intervención del gobierno no revirtió por completo el arreglo tribal de Mianwali, que sigue vigente excepto por el casamiento de las menores.
Miembros de la comunidad afectada criticaron a Islamabad por las medidas adoptadas.
A los habitantes de la aldea no les importa intercambiar a sus hijas en este tipo de acuerdos, porque es una costumbre aquí y lo que importa es el dinero, dijo Zafarullah, un residente local.
Otro caso atroz que conmovió a la opinión pública internacional fue el de una violación colectiva perpetrada en junio en la aldea de Meerwala, en el distrito meridional de Multan, en cumplimiento de la decisión de un tribunal tribal.
Por órdenes de un jirga, Mujtar Mai, una maestra de 26 años, fue violada por cuatro hombres frente a unas 500 personas y luego obligada a caminar desnuda frente a ellas.
Mai fue castigada de esa forma porque su hermano de 12 años había tenido una supuesta relación sentimental con una joven de una casta superior de la aldea.
Posteriormente trascendió que el adolescente había sido violado por miembros de la casta superior, y que éstos tramaron la acusación de la relación ilícita para impedir que la familia del muchacho presentara una denuncia.
Sólo después de la publicación en medios internacionales del caso, denunciado en una mezquita por el imán local Abdul Razzaq, el gobierno tomó medidas y la policía detuvo a 14 hombres vinculados con el hecho.
El 26 de julio comenzó el juicio contra cuatro acusados de la violación de Mai ante un tribunal especial que podría condenarlos a muerte.
Grupos feministas consideraron que los abusos no terminarán hasta que las mujeres tengan mayor participación en actividades sociales y económicas, y acusaron al gobierno de falta de voluntad política para terminar con los abusos de los tribunales tribales.
El Foro de Acción de Mujeres reclama la derogación inmediata de leyes discriminatorias que ponen a la mujer en riesgo y permiten prácticas bárbaras para resolver disputas, como en el caso de Mianwali.
El incidente, ocurrido poco después de la violación en masa de Merwala por orden del 'jirga' local, resalta la necesidad de una campaña sostenida en los medios de prensa, instituciones de educación y otros foros para crear conciencia sobre las costumbres primitivas y prácticas tribales que degradan a la mujer, exhortó el grupo. (FIN/IPS/tra-en/ni/ccb/js/mlm/hd/02
