Africa debería anular su decisión de proponer a Libia para la presidencia de la Comisión de las Naciones Unidas sobre Derechos Humanos, debido a los malos antecedentes de ese país en la materia, instó el grupo Human Rights Watch (HRW).
Los países con malos antecedentes nunca deberían presidir la Comisión sobre Derechos Humanos, con sede en Ginebra, declaró Rory Mungoven de HRW, una organización de defensa de los derechos humanos con sede en Nueva York.
La larga lista de abusos a los derechos humanos en Libia no la hace merecedora de esa recompensa, agregó.
En la última década, el régimen de Muamar Ghaddafi detuvo a opositores del gobierno y los mantuvo en la cárcel durante años sin acusación formal ni juicio, prohibió la formación de partidos políticos y organizaciones no gubernamentales, y amordazó a los medios de prensa, afirmó HRW.
En el pasado, el gobierno libio también fue responsable de tortura, despariciones forzosas y asesinatos de disidentes políticos en el exterior, añadió el grupo.
Por otra parte, un portavoz de la misión libia ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) dijo a IPS que HRW tiene derecho a emitir su opinión, pero aseguró que la sociedad libia es abierta, no tiene nada que ocultar y en ella no se violan los derechos humanos.
Además, agregó, el nombramiento de Libia fue respaldado al máximo nivel gubernamental, en una cumbre de más de 50 mandatarios africanos realizada en Durban, Sudáfrica, en julio.
Human Rights Watch no tiene derecho a interferir en una decisión adoptada por estados nacionales soberanos, dijo el portavoz.
Por un sistema informal de rotación geográfica, Africa tiene derecho a designar a su candidato para presidir la Comisión cuando ésta comience su próxima sesión en Ginebra, en marzo del año próximo.
Dado que ese sistema es respetado por todos los países miembros de la ONU, se prevé que Libia será elegida por aclamación y sin votación.
La decisión original de proponer a Libia fue adoptada por el grupo regional africano en la ONU, que comprende a 54 miembros, y reafirmada por los jefes de Estado participantes de la cumbre inaugural de la nueva Unión Africana, sucesora de la Organización de Unidad Africana.
Joanna Weschler, de HRW, dijo a IPS que el grupo africano podría cambiar de opinión sobre la candidatura. La cuestión está 100 por ciento en manos del grupo africano, por lo tanto, si lo desean, pueden modificar su decisión, señaló.
Según Mungoven, el nombramiento de Libia contradice el compromiso de los líderes africanos de promover los derechos humanos y la gobernanza a través de la Nueva Sociedad Africana para el Desarrollo (NEPAD).
NEPAD cuenta con el respaldo del Grupo de los Ocho (G-8, integrado por Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, Alemania, Japón, Canadá, Italia y Rusia), que el mes pasado, en su cumbre de Canadá, le prometió unos 6.000 millones de dólares en ayuda anual a partir de 2006.
No obstante, esa ayuda se basa en la condición de que los países africanos realicen un fuerte compromiso a favor de la democracia multipartidaria, el estado de derecho, el respeto a los derechos humanos y la economía de libre mercado.
HRW consideró que la proposición de la candidatura de Libia es un verdadero revés para el nuevo compromiso de los gobiernos africanos hacia los derechos humanos.
La designación de Libia como integrante del comité directivo de NEPAD ya cayó mal entre los patrocinadores de esa sociedad, pero ahora la presentación de Libia como la elección de Africa para dirigir el foro mundial de derechos humanos será causa de alarma, advirtió Mungoven.
La organización de derechos humanos Amnistía Internacional señaló en su informe de 2002 sobre Libia que decenas de presos políticos fueron liberados, pero otros cientos (…) permanecen en la cárcel, muchos sin acusación ni juicio.
Además, hay informes sobre tortura y malos tratos de años anteriores, sobre los cuales no se realizaron investigaciones imparciales y los reiterados pedidos de Amnistía de enviar observadores no recibieron respuesta de las autoridades libias, dice el informe.
HRW exhortó por carta al comité directivo de NEPAD a retirar la candidatura de Libia o a establecer pública y claramente los objetivos de la participación africana en la Comisión, de acuerdo con las metas de NEPAD.
Libia también está en la lista de países terroristas del Departamento de Estado de Estados Unidos, junto con Iraq, Irán, Cuba, Siria, Sudán y Corea del Norte.
En marzo de 1992, la ONU impuso sanciones a Libia por su responsabilidad en el atentado contra un avión de Pan Am 747 que volaba sobre la ciudad escocesa de Lockerbie en 1988 y contra un UTA DC-10 sobre Níger, en 1989.
Ambas explosiones en el aire causaron la muerte de 440 personas.
El Consejo de Seguridad de la ONU levantó las sanciones en mayo de 2000 debido a la decisión del gobierno de Ghaddafi de entregar a dos ciudadanos libios sospechosos de la planificación del atentado de Lockerbie para que fueran juzgados.
Un tribunal escocés reunido en La Haya halló culpable a uno de los acusados, un agente libio de inteligencia, pero el otro fue absuelto.
Estados Unidos, que impuso sanciones unilaterales a Libia, anunció que no las levantará hasta que el gobierno libio compense a las víctimas del ataque terrorista y se responsabilice de él. (FIN/IPS/tra-en/td/ml/mlm/hd/02
