El mexicano Javier Suárez fue ejecutado este miércoles en el meridional estado de Texas, Estados Unidos, pese a los pedidos de clemencia del gobierno de México y a las denuncias de presuntas violaciones a los derechos del condenado.
De nada sirvieron las gestiones del presidente de México Vicente Fox ante el gobierno de Texas, ni las de la Unión Europea (UE), la Comisión de Derechos Humanos de la ONU y varias organizaciones humanitarias. Suárez, de 33 años, es el quinto mexicano ejecutado en Estados Unidos desde 1976.
Suárez, quien asesinó hace 14 años al agente antinarcóticos de Estados Unidos Lawrence Cadena durante una operación encubierta, murió mediante una inyección letal ante la mirada de algunos familiares y autoridades texanas.
El gobierno de Fox, que brinda asistencia legal gratuita a los 53 mexicanos condenados a muerte en Estados Unidos, sostuvo que la ejecución consumó una injusticia mayúscula.
Fox —quien llamó por teléfono al gobernador de Texas, Rick Perry, para pedir que suspendiera la ejecución e incluso habló del caso con el presidente George W. Bush— evalúa ahora la postergación de su visita a Texas, prevista para el 26 de este mes, así como otras medidas aún no reveladas.
México pedía que se conmutara la pena capital por cadena perpetua esgrimiendo el argumento de que Suárez, detenido cuando tenía 24 años, no fue notificado entonces de su derecho a comunicarse con el consulado mexicano, violando así la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares.
Esa comunicación que nunca se llevó a cabo, según reconocieron defensores y acusadores de Suárez, podría haber resultado fundamental para evitar que el proceso judicial concluyera en una sentencia de muerte.
Algunos legisladores reclamaron al mandatario mexicano que corte sus vínculos con el gobernador Perry, quien tiene facultades para aplazar una ejecución en su estado, mientras otros piden suspender las relaciones comerciales con Texas.
También la alta comisionada de la ONU (Organización de las Naciones Unidas) para los Derechos Humanos, Mary Robinson, y la presidencia de la UE solicitaron el aplazamiento de la ejecución en sendas cartas enviadas al gobernador de Texas.
Al igual que la mayoría de los países del mundo, México se opone a la pena de muerte, que tiene plena vigencia en Estados Unidos desde 1976, luego de un periodo de cuatro años en el que permaneció suspendida.
Amnistía Internacional sostiene que la pena capital es una expresión de barbarie y que su aplicación tiene un fuerte sesgo racista. Casi la mitad de los más de 3.000 condenados que aguardan la muerte en Estados Unidos son negros, hispanos o asiáticos.
La organización humanitaria con sede en Londres instó a la Comisión de Derechos Humanos de la ONU que reitere sus llamados a abolir la pena de muerte, que en 2001 segó 3.048 vidas en todo el mundo, 66 de ellas en Estados Unidos.
Hasta el último minuto de este miércoles los familiares de Suárez y el gobierno de México albergaban esperanzas de que se suspendiera la ejecución.
Pero tal como estaba programado, Suárez recibió por vía intravenosa las tres sustancias químicas que se usan en estas ejecuciones: sodio de thiopental para dejarlo inconsciente, bromuro de pancuronium para detener su respiración y cloruro de potasio para paralizar su corazón.
Amnistía Internacional asegura que la pena de muerte se ha convertido en Estados Unidos en un instrumento para hacer campaña política.
En Texas, donde fueron ejecutados cuatro de los cinco mexicanos condenados con la pena máxima en Estados Unidos, las elecciones para gobernador se celebrarán en noviembre. (FIN/IPS/dc/dcl/hd/ip/02)
