El uso en China de instituciones psiquiátricas para neutralizar a disidentes será denunciado ante la Asociación Psiquiátrica Mundial (WPA, por sus siglas en inglés), que impuso una suspensión de seis años a la ex Unión Soviética por la misma práctica.
La WPA discutirá el asunto por inciativa de psiquiatras y activistas humanitarios en su próximo congreso, que comenzará este viernes en la ciudad japonesa de Yokohama, cercana a Tokio.
El congreso, que durará cinco días, analizará si China viola la Declaración de Madrid de la WPA, aprobada en 1996, que prohibió en forma expresa cualquier uso de diagnósticos y tratamientos psiquiátricos para satisfacer necesidades políticas de los gobiernos.
En 1983, la ex Unión Soviética fue separada de la WPA debido a evidencia de que disidentes eran enviados en forma sistemática a hospitales psiquiátricos especiales, con base en falsos diagnósticos, y ese país no fue readmitido hasta 1989, luego de reformas políticas que pusieron fin a esa práctica.
Dos organizaciones no gubernamentales, la holandesa Iniciativa de Ginebra sobre Psiquiatría y la estadounidense Human Rights Watch, lanzaron un informe conjunto en vísperas del congreso, en el cual comparan los abusos psiquiátricos en China con los soviéticos, con base en numerosos documentos oficiales chinos.
En ese informe, titulado Mentes peligrosas: psiquiatría política contemporánea en China y sus orígenes en la era de Mao (Zedong, líder de la revolución comunista de 1949), se asegura que Beijing retiene y tortura a miles de disidentes políticos y religiosos en instituciones para enfermos mentales.
Entre los retenidos hay integrantes del prohibido movimiento espiritual Falun Gong, sindicalistas independientes del Estado, personas que denunciaron delitos o abusos por parte de instituciones que integraban, y víctimas de persecución política, afirmaron los autores del estudio.
Es probable que por lo menos 15 por ciento de las actuales reclusiones en instituciones psiquiátricas chinas se hayan dispuesto por razones políticas, sostuvieron.
La comunidad mundial debe pronunciarse sobre esta importante cuestión. Los psiquiatras chinos que tienen la valentía de no participar en la represión estatal necesitan saber que cuentan con apoyo extranjero, alegó el director de la División Asiática de Human Rights Watch en Washington, Mike Jendrzejczyk.
Las primeras evidencias de abusos cometidos por Beijing en nombre de la psiquiatría se registraron en relación con la represión de Falun Gong, ilegalizado y declarado culto malvado en 1999.
A fines de 2000, grupos de apoyo a Falun Gong en otros países aportaron documentación sobre más de 100 casos de integrantes de ese grupo arrestados e internados contra su voluntad en hospitales psiquiátricos especiales lamados Ankang, dependientes de los ministerios de Seguridad del Estado y de Asuntos Civiles.
Esos hospitales, dirigidos por funcionarios policiales, fueron creados para albergar a personas con perturbaciones mentales que los llevaron a cometer delitos y las vuelven peligrosas.
Falun Gong significa literalmente Cultivo de la Rueda de la Ley, y ese movimiento promueve una mezcla de budismo con ejercicios y prácticas tradicionales de meditación de China.
HRW e Iniciativa de Ginebra también divulgaron documentación sobre represión de disidentes políticos y sindicales, con base en falsos diagnósticos psiquiátricos.
Entre las personas señaladas como víctimas de esas prácticas está Wang Wanxing, considerado un preso político, cuya esposa pidió este mes que el Estado lo libere para evitar que sea asesinado por peligrosos internados en el hospital psiquiátrico al cual se le trasladó.
Wang, de 52 años, fue arrestado por primera vez a mediados de los años 70, y desde entonces ha permanecido la mayor parte del tiempo detenido, con breves periodos de libertad condicional.
Su último arresto se produjo en 1992, cuando exhibió en la plaza Tiananmen de Beijing una pancarta recordatoria del tercer aniversario de la cruenta represión militar de manifestaciones por democracia encabezadas por estudiantes en ese lugar.
El disidente es retenido contra su voluntad en un hospital Ankang en un suburbio de Beijing, y las autoridades de salud menhtal afirman que recibe tratamiento por una enfermedad que causa anormalidad política.
Durante su último periodo de libertad condicional, Wang grabó un vídeo de 80 minutos de duración en el cual aseguró que no está loco.
Soy una persona normal. No estoy enfermo. Quiero volver con mi familia y reintegrarme a la sociedad. He pasado 10 años en un hospital. Ya es suficiente, enfatizó.
Es imposible saber con exactitud cuántas personas son retenidas por razones políticas en instituciones psiquiátricas, pero muchos documentos oficiales chinos indican que en los años 80 esos casos eran 15 por ciento del total en los hospitales Ankang, según el informe de HRW e Iniciativa de Ginebra.
Informes sobre abusos cometidos con pretextos psiquiátricos han comenzado a aparecer incluso en los medios de comunicación chinos, controlados en forma rígida por el Estado.
El periódico China Economic Times señaló que la policía dispone la internación en hospitales psiquiátricos de personas que se manifiestan contra el gobierno o intentan en forma clandestina crear sindicatos independientes.
Uno de los casos denunciados es el del campesino Huang Shurong, quien se quejó de abusos de poder por parte de las autoridades de su aldea, y terminó encerrado en el hospital psiquiátrico local, aunque se comprobó la veracidad de sus denuncias.
Los delegados al congreso de Yokohama deben aprobar una firme resolución que pida a China el cese de los abusos y plena cooperación con una investigación de la WPA, sostuvo el secretario general de Iniciativa de Ginebra, Robert van Voren.
Una delegación de WPA debería visitar hospitales psiquiátricos chinos, realizar evaluaciones médicas propias de personas internadas, y examinar las condiciones de reclusión, en especial en las instituciones dirigidas por la policía, explicó. (FIN/IPS/tra-eng/ab/aag/mp/hd he/02
