El nuevo presidente de Colombia, Alvaro Uribe, puso en marcha este jueves su gobierno con la instalación en el norte de la primera Red de Informantes civiles, que apoyará al ejército y a la policía contra las organizaciones armadas.
El primer grupo de 600 personas operará en carreteras del septentrional departamento de César, donde tienen gran actividad las guerrillas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y del Ejército de Liberación Nacional, además de los paramilitares de derecha.
Los informantes trabajarán desarmados, apoyados por policías y militares auxiliares, esos sí con toda la preparación y dotados con uniformes y medios de defensa, aclaró Uribe en el acto de lanzamiento realizado en Valledupar, la capital de César.
La Red forma parte del Plan de Seguridad Ciudadana, una iniciativa de apoyo a las Fuerzas Armadas criticada por Amnistía Internacional y otras organizaciones humanitarias por involucrar a la población civil en el conflicto armado interno.
Uribe instó este jueves a los colombianos a colaborar con las fuerzas de seguridad para devolverle la seguridad al país, tras asegurar que los miembros de su gobierno se van a hacer matar todos si toca para cumplir con el deber de recuperar la paz, como lo pidió el pueblo que los eligió.
El mandatario, además, condenó el sangriento ataque del miércoles en Bogotá, atribuido por la policía a las FARC, y lamentó la muerte de civiles, además de asegurar que no va a permitir abusos de parte de las fuerzas de seguridad contra los civiles.
Las autoridades informaron que suman 20 las personas muertas, entre ellas tres niños, por los atentados perpetrados en la capital, mientras se desarrollaba la ceremonia de entrega del gobierno de Andrés Pastrana a Uribe.
Tres lugares de la capital colombiana sufrieron el miércoles los impactos de explosivos, uno de los cuales afectó la sede de la presidencia, causando además heridas a unas 40 personas.
Mientras, este jueves la ministra de Defensa, Marta Lucía Ramírez, primera mujer que desempeña ese cargo en Colombia, advirtió que las armas sólo deben estar en manos de la fuerza pública.
Ramírez apuntó que es fundamental la cooperación de la comunidad civil, con transparencia y en base a lo establecido en la Constitución, para poner en conocimiento de las autoridades cualquier preparación de actos de violencia.
Analistas políticos indicaron que el acto de Valledupar y otro realizado en la sudoriental ciudad de Florencia, donde lanzó un proyecto educativo, significaron la puesta en marcha de la promesa electoral de Uribe de enfrentar a la guerrilla con mano dura.
Uribe definió, al asumir la presidencia, que el eje de su política es la seguridad democrática, para que los fusiles sean sustituidos por la política.
En el marco de su discurso de sólo 20 minutos ante el Congreso, el nuevo gobernante fue enfático al señalar que apoyará con afecto a las Fuerzas Armadas de la Nación y estimulará a millones de ciudadanos para que concurran a asistirlas.
Sin embargo, mientras Uribe hablaba ante su equipo de gobierno y más de 40 delegaciones internacionales, las FARC hacían sentir su capacidad de fuego a sólo 150 metros del comando general de policía.
El ex asesor de seguridad de la presidencia Alfredo Rangel comentó a IPS que el ataque de las FARC durante la asunción del nuevo gobierno es una clara respuesta de que no aceptan la propuesta de Uribe de negociar la paz con un acuerdo previo de cese del fuego y de las hostilidades contra la población civil.
Rangel puntualizó que las FARC han insistido en que el cese del fuego se negociaría en el marco de un paquete más ambicioso de propuestas, que incluye el cambio de modelo económico y el fin de las fumigaciones de cultivos ilícitos.
La guerrilla también exige la revisión del Plan Colombia, la iniciativa de Pastrana para la lucha contra el narcotráfico que cuenta con apoyo especial de Estados Unidos, que continuará Uribe. (FIN/IPS/yf/dm/ip/02
