Alvaro Uribe asumirá este miércoles el gobierno de Colombia con el reto de superar en los próximos cuatro años la severa crisis social, derivada del deterioro de la economía, el alto desempleo y la agudización del conflicto armado interno.
A Uribe lo espera un país con 56 por ciento de sus habitantes en la pobreza, nueve millones de ellos sobreviviendo con menos de un dólar por día, 16 por ciento de la población económicamente activa desempleada y la brecha entre ricos y pobres en constante aumento desde hace 10 años.
A esa crítica situación social se le agrega el recrudecimiento de la guerra civil que desangra a Colombia desde hace más de cuatro décadas.
Por eso, la ceremonia de entrega de la presidencia de Andrés Pastrana a Uribe se realizará en medio de fuertes medidas de seguridad, con la movilización de 10.000 efectivos policiales, del ejército y de los servicios de inteligencia, explicó el comandante de policía de Bogotá, general Héctor Cabrera.
El operativo de seguridad se pondrá en marcha este martes en Bogotá, con la restricción de porte de armas y de circulación de vehículos con cilindros de gas, utilizados con frecuencia por la guerrilla para la fabricación de bombas, y el sobrevuelo de un avión del servicio de aduanas de Estados Unidos.
Las autoridades también anunciaron medidas similares para prevenir atentados de la guerrilla izquierdista en las occidentales ciudades de Medellín y Cali y en la septentrional Barranquilla, los tres centros urbanos más importantes del país en su orden después de Bogotá.
La preocupación del gobierno se debe a informaciones de los organismos de seguridad sobre la supuesta preparación de un ataque este miércoles contra la plaza capitalina de Bolívar, donde se llevará a cabo uno de los actos de trasmisión del mando.
Las insurgentes Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), a modo de anticipo de su ofensiva, destruyeron el lunes 90 por ciento de las instalaciones del noroccidental aeropuerto de Saravena, con un saldo de seis militares y cinco civiles heridos.
Además, las FARC secuestraron la semana pasada a los 1.200 habitantes de Puerto Alvira, una localidad del nororiental departamento de Meta, y el domingo detonaron una bomba en el norte de Bogotá y otra en el sur de esta capital, causando la muerte de dos personas.
El general Cabrera informó que la policía pudo desactivar otras bombas, que habrían dejado mayores consecuencias tanto para la vida de los capitalinos como para la seguridad del Estado.
La proliferación de ataques guerrilleros también incluyó Medellín, donde una bomba estalló en la planta eléctrica que abastece el Metro (tren subterráneo) y una estación de policía.
Analistas políticos locales entienden que las FARC aumentaron sus ataques a modo de recibimiento del gobierno del derechista Uribe, quien ganó las elecciones en la primera vuelta, el 26 de mayo, con la promesa de imponer mano dura contra los grupos armados ilegales y recuperar la seguridad ciudadana.
Las FARC, la principal fuerza guerrillera del país, fueron declaradas organización terrorista por Pastrana tras la ruptura el 22 de febrero del diálogo de paz iniciado a fines de 1998.
Pero Uribe, un disidente del tradicional Partido Liberal que es apoyado por una coalición pluripartidista, también ofreció en su campaña electoral llevar adelante una política social, en la que el empleo, el acceso a la vivienda y la educación serían los pilares básicos.
El humo de las bombas de los enfrentamientos armados no deja ver la dimensión del deterioro social del país, que se expresa en la pobreza, la mortalidad, el desempleo y subempleo y en el desplazamiento de personas de sus hogares, comentó a IPS Luis Valencia, de la estatal Universidad Nacional.
La desocupación alcanzó a 16 por ciento de la población económicamente activa en el primer semestre del año, mientras que la pobreza creció para abarcar a otras tres millones de personas en el último cuatrienio de gobierno de Pastrana, según un estudio del estatal Departamento Nacional de Planeación (DNP).
El último informe divulgado por el DNP detalló que la población pobre en 1998 sumaba unas 21 millones de personas, mientras que este año llegan a 24 millones, 56 por ciento de los 43 millones de colombianos.
Además, casi 20 por ciento de los habitantes de Colombia viven en la indigencia, es decir que cuentan con menos de un dólar diario para sobrevivir.
La encuesta también mostró un incremento de la brecha social en este país, ya que 10 por ciento de los colombianos más ricos tenían en 1990 ingresos 40 veces más altos que el 10 por ciento más pobre, mientras que en 2000 esa diferencia es 60 veces.
El representante del Banco Mundial en Colombia, Alberto Chueca, apuntó que en este país hay más pobres que nunca, en buena medida porque los niveles de quienes tienen ingresos más altos crecieron más rápido que el ingreso nacional y que el ingreso de los pobres.
El conflicto amado interno ha sido una de las causas del aumento de la pobreza, pero también se agregan la recesión económica y el diseño equivocado de los programas de atención a los pobres, destacó el experto.
Los analistas consideran que el conflicto armado afecta la actividad productiva y la creación de empleo, además de obligar a destinar grandes recursos a la seguridad.
Las propuestas de Uribe prevén una política social localizada en los puntos neurálgicos del conflicto, sin grandes cambios macroeconómicos, lo cual puede llevar al estallido de la crisis social, entienden varios análisis.
Su política económica gira alrededor de dos ejes, que son vivienda y educación, porque es donde puede mostrar resultados inmediatistas, pero necesita recursos para ello, lo cual implicará que tenga que renegociar con el Fondo Monetario Internacional y aplicar nuevos impuestos.
El futuro mandatario puntualizó que el país necesita invertir anualmente 1.000 millones de dólares en defensa y seguridad, un monto que la población aún no sabe de dónde saldrán.
Colombia gasta anualmente cerca de 3.100 millones de dólares en defensa, que representan 3,3 por ciento del producto interno bruto. (FIN/IPS/yf/dm/ip/02
