La reforma política propuesta por el presidente de Colombia, Alvaro Uribe, que fortalece el poder de gobernadores y alcaldes en detrimento del Congreso, agudiza la tensión entre el gobierno y el parlamento.
La amenaza de reducir los escaños parlamentarios y las negociaciones directas de Uribe con gobernadores y autoridades comunales para concretar planes de desarrollo pusieron en guardia al Congreso legislativo, que ve menoscabado su poder político sólo tres semanas después de iniciar su camino el nuevo gobierno.
El Congreso tiene en sus manos el proyecto de llamado a referendo para reformar la Constitución, que debe decidir en votación simple del cuerpo.
Sin embargo, en caso de no prosperar esa instancia, a Uribe le queda la posibilidad de recurrir a la recolección de firmas, para lo cual necesita al menos 10 millones de voluntades en un padrón electoral de unos 24 millones de votantes.
Se está modificando el esquema de las relaciones de poder y todo indica que en el mandato de Uribe, que asumió el 7 de este mes, se pondrá fin al modelo de cohabitación, dijo a IPS el analista Pedro Medellín, de la fundación Ortega y Gasset.
Medellín advirtió que se puede llegar a un estado de presidencia imperial, en el que las instituciones se hagan a la medida del que gobierna, lo que implicaría eliminar la intermediación de los partidos a través del Congreso bicameral.
El proyecto de reforma contempla transformar el Congreso en una sola cámara y la reducción a la mitad del plantel actual de 260 legisladores, con el argumento aumentar su eficacia. También se aduce la necesidad de bajar los costos, para lo cual se propone poner en manos privadas todos los servicios del cuerpo.
Además, se le quita al parlamento la potestad de decidir sobre la asignación de partidas para las regionales, contempladas en el presupuesto nacional del país.
Uribe busca por esa vía aumentar el poder de los gobiernos departamentales para desarrollar un plan nacional de desarrollo y mermar así la influencia directa de los legisladores y la utilización de esos fondos por éstos para fomentar el clientelismo político, según expertos.
La planificación de políticas nacionales de desarrollo e inversión entre Uribe y las autoridades regionales y locales, a través de los llamados Consejos Comunales de Gobierno, es un mecanismo que ha desplazado el poder nominador a la región, sostuvo Medellín.
El Congreso ya manifestó una actitud ambivalente frente a Uribe. Por un lado le aprobó al presidente su declaratoria de estado de conmoción Interior, que restringe libertades y habilita la detención de personas sin orden judicial, entre otras potestades.
En cambio, Uribe no consiguió la mayoría necesaria en el Congreso legislativo para imponer a su candidato en el cargo de Contralor General de la Nación, el ente fiscalizador de las finanzas públicas que es escogido de una terna enviada por la Cortes Suprema de justicia y la Corte Constitucional.
La razón de esta frágil mayoría parlamentaria de Uribe, un disidente del Partido Liberal (PL), es que llegó al gobierno con 54 por ciento de los votos, pero con el apoyo de legisladores de ese sector y del Partido Conservador, dos agrupaciones tradicionales en proceso de fragmentación.
Uribe tiene formalmente a su favor 61 de los 102 senadores y 97 de los 158 diputados, que adhirieron a la campaña presidencial del nuevo Movimiento Primero Colombia luego de haber sido elegidos en marzo al parlamento, que se instaló el 20 de julio.
El segundo en la disputa electoral, Horacio Serpa, candidato oficial del PL declaró la oposición reflexiva, junto a los 28 senadores y 44 diputados que responden a su liderazgo. El resto de los legisladores responden a diferentes corrientes de izquierda o disidentes liberales.
Esa dispersión de fuerzas partidarias y de posturas individualistas se manifestó especialmente al momento de elegir al nuevo Contralor General de la Nación, Antonio Hernández, un adherente al PL de Serpa, en detrimento del postulante oficialista, Emilio Echeverri, del Partido Conservador.
Para el senador Oscar Zuluaga, la elección de Hernández fue una respuesta a la amenaza de revocatoria que pende sobre los parlamentarios en caso de prosperar la reforma política planteada por el gobierno.
Medellín coincidió con Zuluaga. Tengo la impresión de que el Congreso votó contra el gobierno. Muchos de los parlamentarios no votaron por Hernández sino contra Uribe, dijo a IPS.
Zuluaga apuntó que el apoyo a Hernández fue un mensaje de protesta para el presidente ante su anuncio de designar gerentes y directores de institutos del Estado en las regiones, mediante concurso de méritos.
Ese concurso de méritos académicos limita el poder burocrático tradicionalmente en manos de los parlamentarios, que cambian apoyos a proyectos gubernamentales por cuotas de poder en los departamentos y comunas.
Precisamente, los Consejos Comunales de Gobierno es la modalidad aplicada por Uribe para discutir y concertar proyectos de inversión con gobernadores, alcaldes y autoridades locales.
En las tres semanas de vida del nuevo gobierno ya se han realizado Consejos en cinco de los 32 departamentos en que se divide administrativamente Colombia. Expertos entienden que es la salida que busca Uribe para fortalecer su poder en caso de que no cuente con mayoría parlamentaria.
Medellín explicó que los Consejos se pueden convertir en un poderoso instrumento de movilización en favor de los planes del gobierno y de su proyecto de reforma política, incluida la revocatoria del Congreso, con lo que se estaría inaugurando en Colombia una nueva modalidad de populismo.
De ese modo se pondría fin a la cohabitación que caracterizó el gobierno de Pastrana, donde el presidente mandaba y el Congreso gobernaba, según el analista político.
En el periodo anterior creció el repudio de la ciudadanía hacia el Congreso, que simbolizaba todos los males, como ineficacia, corrupción y mala gestión, añadió.
Medellín sostuvo que esa fue la razón del aluvión de más de seis millones de sufragios en favor de Uribe, que lo catapultó a la presidencia sin necesidad de una segunda vuelta con la fuerza suficiente para que en menos de un mes sentara las bases para un cambio de esquema institucional. (FIN/IPS/yf/dm/ip/02
