Explosivos detonados este miércoles en tres lugares de la capital de Colombia, atribuidos a las insurgentes FARC, causaron al menos 14 muertos y heridas a 40 personas y opacaron la investidura presidencial del derechista Alvaro Uribe.
Una de las explosiones afectó la sede de la presidencia, contigua al Congreso legislativo, y obligó a los organismos de seguridad a adoptar medidas de emergencia para proteger los periodistas allí apostados.
Pero en el Salón Elíptico del Congreso, recinto donde se celebraba la ceremonia, nadie escuchó los estallidos.
Uribe tomó posesión del cargo ante el presidente del Senado, Luis Ramos, y en presencia de 48 delegaciones internacionales en las que figuraban los presidentes Hugo Chávez, de Venezuela, Mireya Moscoso, de Panamá, Gustavo Noboa, de Ecuador, Eduardo Duhalde, de Argentina, y Ricardo Maduro, de Honduras.
Pese al operativo de seguridad sin precedentes en las inmediaciones, a cargo de 20.000 efectivos, durante la ceremonia se registraron explosiones en la céntrica plaza de Bolívar, espacio público rodeado por el Congreso legislativo, la sede de la Presidencia y otros importantes edificios públicos.
La policía atribuyó los ataques a las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia). La mayoría de las víctimas eran indigentes.
Mientras, Uribe decía en la ceremonia confiar en que el gobierno y los insurgentes firmarán pronto un cese del fuego y de hostilidades, así como acuerdos humanitarios que abran una negociación de paz, para lo que procura la mediación de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Así mismo, desconocidos lanzaron tres granadas de mortero y un proyectil contra la Escuela Militar José María Córdoba, al norte de la capital, que causaron heridas a tres personas, entre ellos una niña. Otros explosivos estallaron en zonas del norte y del oeste de Caracas.
Cerca de 220.000 soldados participaban en las operaciones de seguridad en todo el país en torno de la investidura de Pastrana, aseguró el segundo comandante del ejército, general Euclides Sánchez.
Uribe asumió la presidencia de un país en que mueren violentamente cerca de 25.000 personas al año, con un desempleo de 16 por ciento y con cerca de 58 por ciento de la población en situación de pobreza.
Horas antes de la investidura, en una entrevista concedida a la radioemisora Caracol, Uribe pidió este miércoles a los colombianos no esperar milagros, pues los problemas del país son muy difíciles y porque pasará mucho tiempo antes de que se perciban las soluciones.
La paz social no será posible si no se toman duras medidas económicas y los empresarios y los sectores de mayores ingresosn tendrán que pagar más impuestos, sostuvo en el acto el mandatario colombiano para el periodo 2002-2006.
Uribe dijo también que, con el apoyo de las naciones vecinas, su gobierno impedirá que el narcotráfico y los grupos armados trasladen sus operaciones a las fronteras, y consideró que, si bien la globalización es un proceso irreversible, los países industriales deberían tratar con dignidad a los pueblos pobres.
El mandatario de 50 años ganó las elecciones del 26 de mayo luego de prometer mano dura contra la insurgencia armada, seguridad y una política social con elempleo, la vivienda y la educación como pilares.
También se comprometió a reducir, mediante una reforma constitucional, la cantidad de legisladores y a combatir la corrupción.
El desempeño de Uribe se verá afectado por la ausencia de motores que posibiliten el crecimiento de la economía, que en el primer semestre de 2002 creció apenas 0,5 por ciento, en parte a causa de la agudización del conflicto armado, dijo a IPS el analista Luis Valencia, de la estatal Universidad Nacional.
La promesa de mano dura contra la guerrilla permite avizorar una escalada bélica, pese a que Uribe también anunció su disposición a negociar la paz si las organizaciones insurgentes aceptan un acuerdo previo de cese al fuego, indicó Valencia.
La organización de derechos humanos Amnistía Internacional envió este miércoles desde su sede en Londres un mensaje en que expresó a Uribe su preocupación por la situación de Colombia.
Amnistía afirmó que los bandos que participan en el conflicto armado muestran un profundo desprecio por los derechos humanos. Es necesario, agregó la organización internacional, que el gobierno aplique una política de Estado que garantice el respeto de los derechos humanos.
Amnistía y otras organizaciones de derechos humanos y de la sociedad civil manifestaron inquietud por creación, propuesta por Uribe, de una red de informantes integrada por un millón de civiles, que involucraría a la población no combatiente en el conflicto armado.
Uribe anunció mano dura cuando lo que hace falta es, por el contrario, una voluntad política firme para proteger y garantizar los derechos de todos, advirtió Amnistía.
El mandatario instalará este jueves en la septentrional ciudad de Valledupar la primera red de informantes civiles no armados, que apoyarán los programas de seguridad ciudadana.
Las organizaciones no gubernamentales también cuestionan la intención de Uribe de dar a las fuerzas armadas atribuciones de policía judicial y la facultad de realizar registros de domicilio y detenciones sin autorización judicial.
Noventa y ocho por ciento de los consultados para una encuesta de la firma Napoleón Franco, publicada este miércoles por el diario El Tiempo, señalaron que la violencia y la inseguridad son los problemas que más les afectan, seguidos por el desempleo. (FIN/IPS/yf/mj/ip/02
