Casi 80 muertos, según información extraoficial, es el saldo en varias localidades de Colombia de las incursiones de las insurgentes FARC, que redoblaron su actividad en vísperas de la instalación del gobierno de Alvaro Uribe.
Reportes oficiales indicaron que, a menos de 30 horas de que el presidente Andrés Pastrana deje el cargo en manos del derechista Uribe, las izquierdistas FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) llevaron a cabo acciones violentas en varios departamentos del interior del país.
El enfrentamiento más sangriento se registró en el área rural del municipio de Valencia, en el septentrional departamento de Córdoba, donde el estatal Centro de Regulación de Emergencias (organismo de socorro) reportó al menos 60 muertos, la mayoría civiles, 120 heridos y casi 4.000 desplazados de sus hogares.
Por su parte, el alcalde de Valencia, Mario Prada, sólo confirmó la muerte de cinco civiles y 12 combatientes, además de que 18 personas fueron reportadas como desaparecidas y al menos 14 habrían resultado heridos.
Prada explicó que las FARC se enfrentaron con el ejército y con las paramilitares de derecha en busca de recuperar el control de un territorio que perdieron hace más de una década.
Los combates registrados en Valencia no son la excepción, pues la guerrilla tiene intenciones de recuperar los territorios que ha perdido y para ello van a intensificar la guerra, añadió el alcalde.
La agudización del conflicto armado interno era esperada por políticos y analistas ante el cambio de gobierno, a casi seis meses de la ruptura del diálogo de paz entre Pastrana y las FARC, el mayor grupo guerrillero del país.
Precisamente, Uribe aumentó en la preferencias de los colombianos hasta lograr el triunfo en la primera vuelta de las elecciones presidenciales del 26 de mayo con la promesa de ejercer mano dura contra las guerrillas izquierdistas, luego de que se intensificaron sus acciones armadas.
Las autoridades de Valencia también aseguraron que una columna de unos 2.000 guerrilleros recorrió la zona, destruyeron las viviendas y dispararon indiscriminadamente contra hombres, mujeres y niños.
Una fuente de la Defensoría del Pueblo (ombudsman) del departamento de Córdoba, que pidió no ser identificada, calificó el hecho como una verdadera barbarie y una flagrante violación del derecho internacional humanitario.
Mientras, cientos de pobladores del municipio de El Tambo, en el meridional departamento de Cauca, abandonaron la localidad ante las amenazas de las FARC y del también insurgente Ejército de Liberación Nacional (ELN).
Así mismo, al menos 12 guerrilleros de las FARC y un soldado resultaron muertos en los combates registrados en un sector rural del municipio de La Uribe, en el sudoriental departamento del Meta.
Portavoces militares dijeron que las fuerzas de seguridad repelieron un ataque perpetrado por los guerrilleros con La Uribe, uno de los cinco municipios que fueran desmilitarizados para llevar a cabo el frustrado diálogos de paz entre el gobierno y esa guerrilla.
También el municipio de Cubaral, en el mismo departamento de Meta, fue escenario de la explosión de un coche bomba, que causó la muerte de tres supuestos guerrilleros.
Las FARC también llevaron la violencia al septentrional departamento de Bolívar, donde asesinaron el lunes un concejal del municipio de Clemencia y el martes hicieron explotar una bomba ante la sede de la gobernación, en la capital Cartagena, que dejó cinco personas heridas.
En el noroccidental departamento de Antioquia, los rebeldes atacaron cinco localidades y dinamitaron cuatro torres de transmisión de energía eléctrica, dejando a oscuras el oriente de Medellín.
Además, un tramo de un oleoducto en el central departamento de Boyacá fue dinamitado por una columna de las FARC, causando la suspensión del bombeo de hidrocarburos y daños ecológicos.
Esta serie de ataques guerrilleros no pudo ser controlado por las fuerzas de seguridad, pese a que el gobierno de Pastrana duplicó los efectivos, pertrechos y capacidad de acción en sus cuatro años de mandato.
En forma paralela, los grupos insurgentes y los paramilitares se expandieron. El estatal Departamento Nacional de Planeación indicó que existen 36.000 combatientes, 18.000 de los cuales militan en las FARC, 10.000 son paramilitares derechistas y 8.000 del ELN.
Esos grupos mueven anualmente unos 2.000 millones de dólares, de los cuales más de la mitad corresponden a ingresos por tráfico de drogas, según las fuerzas de seguridad. (FIN/IPS/yf/dm/ip/02
