El alarmante aumento de la pobreza y la falta de confianza en los políticos crean en Argentina un clima de incertidumbre, que puede fomentar respuestas incompatibles con el respeto de las garantías y libertades, advirtió la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Una delegación del organismo humanitario de la Organización de Estados Americanos (OEA) elaboró un informe, al término de una visita de nueve días a Argentina, en el que insta al gobierno de Eduardo Duhalde a detener el deterioro económico y social para preservar los derechos fundamentales.
El actual gobierno tiene una gran responsabilidad en evitar que la crisis se profundice aún más y pueda derivar en situaciones de violencia social y crisis institucional, con graves consecuencias para el futuro de los argentinos, apuntó el documento.
La CIDH también declaró su beneplácito por la categórica negativa de Duhalde a utilizar a las Fuerzas Armadas en cuestiones de seguridad interna.
La Comisión divulgó el martes sus conclusiones luego de más de una semana de reuniones con funcionarios del gobierno de Duhalde y de las provincias y con legisladores, organizaciones de la sociedad civil, trabajadores de la salud y ahorristas afectados por el congelamiento de depósitos bancarios desde diciembre.
Todos los sectores consultados manifestaron escepticismo y desaliento ante la magnitud de las deficiencias endémicas que afectan al Poder Judicial, el principal custodio de los derechos de las personas, destacaron los delegados del organismo de la OEA.
La Comisión recibió información sobre el profundo impacto de la inédita crisis social y económica del país, explicaron.
Además, las autoridades y representantes de la sociedad civil informaron sobre problemas crónicos de las finanzas públicas, la crisis de seguridad jurídica, los cuatro años de recesión con el correspondiente desempleo, el dramático aumento de la pobreza extrema, y la exclusión social, agregaron.
El secretario ejecutivo de la CIDH, Santiago Cantón, explicó que el organismo recibe unas 500 peticiones al año de todo el hemisferio.
Sin embargo, la crisis que afronta Argentina llevó a que en los últimos cuatro meses recibieran desde este país unas 2.000 reclamaciones referidas sólo al llamado corralito bancario, que inmovilizó los ahorros de millones de personas, destacó.
Las visitas de la Comisión a los países miembros de la OEA son periódicas y están destinadas a buscar soluciones amistosas a los reclamos que se presentan y también a realizar diagnósticos que sirvan como un alerta temprano respecto de eventuales conflictos, explicó Cantón.
Por su parte, el relator para Argentina de la CIDH, Robert Goldman, aseguró a IPS que las reuniones mantenidas estos días fueron de las mejores en siete años de visitas, debido a la voluntad de cooperación manifestada por el gobierno.
Hay un empuje notable, excepcional en relación a otras veces, destacó.
Pero esta vez la Comisión se enfrentó a una panorama inédito y dramático, consecuencia de la acelerada profundización de la crisis desde hace unos siete meses, que llevó a una verdadera descomposición social, definió Goldman.
Los delegados del organismo de la OEA recogieron además numerosas denuncias de prácticas de torturas, apremios ilegales y de uso excesivo de la fuerza por parte de la policía, en especial en la central provincia de Buenos Aires.
La policía de la provincia de Buenos Aires fue objeto de unas 1.000 demandas de este tipo de prácticas contra derechos humanos de menores de edad, con un número insignificante de condenas judiciales.
A pesar de ello, los delegados de la CIDH encontraron buena disposición de parte del gobernador de Buenos Aires, Felipe Solá, y resaltaron su decisión de crear una Secretaría de Derechos Humanos en el distrito, que reúne la mayor población respecto de las demás provincias del país.
Las autoridades se han propuesto erradicar la tortura mediante un programa de prevención de los apremios ilegales, comentaron.
Si bien es habitual que los miembros de la CIDH se reúnan con organismos humanitarios para los tradicionales asuntos de derechos humanos, esta es la primera vez que el rango de denuncias abarca también numerosas peticiones por violaciones a los derechos económicos, sociales y culturales, dijo Cantón.
Los miembros de la Comisión se reunieron con representantes de ahorristas que presentaron una demanda ante ese organismo por violación a sus derechos de propiedad, por la negativa del gobierno a levantar las restricciones al retiro de los depósitos bancarios.
También se entrevistaron con dirigentes de asociaciones de médicos, quienes expresaron su enorme preocupación por la emergencia sanitaria que afrontan por el incremento de la desnutrición infantil, la reaparición de casos de tuberculosis y la falta de remedios e insumos básicos en los hospitales.
Los pacientes llegan a la consulta enfermos, pero también con hambre y sin posibilidad de acceder de modo gratuito a los medicamentos más básicos, explicó a la comisión el presidente del Sindicato de Profesionales de la Salud de la provincia de Buenos Aires, Jorge Jacobsky.
Este dirigente visitó la CIDH con representantes de las ligas de diabéticos y de personas con órganos transplantados, que requieren medicamentos y tratamientos permanente.
Líderes de la sociedad civil señalaron, además, que la Comisión concidió con su apreciación sobre la criminalización de la protesta social, expresada en la sangrienta represión gubernamental contra manifestantes, las intimidaciones y amenazas a los dirigentes.
En un escenario de conflicto los enemigos son las organizaciones sociales, por eso es que aumenta la represión y se penaliza la pobreza, señaló a IPS el premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel tras reunirse con la Comisión.
La CIDH informó sobre la posible realización de audiencias en Washington para ampliar el informe sobre Argentina. (FIN/IPS/mv/dm/hd/02
