La violencia doméstica, el embarazo adolescente, la falta de atención de salud y las marcadas diferencias salariales con los hombres golpean con inusitada dureza a las mujeres argentinas debido a la debacle económica y social.
Una de cada cinco parejas argentinas vive episodios de violencia, mientras se practican 400.000 abortos ilegales por año y las mujeres perciben remuneraciones 40 por ciento inferiores a las de los hombres de igual nivel educativo, afirma un estudio redactado por organizaciones independientes.
Siete organizaciones de mujeres y de derechos humanos de Argentina expusieron este escenario en un informe que presentarán el 16 de este mes en Nueva York, ante el comité de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (Cedaw, por sus siglas en inglés).
La convención, adoptada por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en 1979, impone a los países firmantes como Argentina la aplicación de políticas que aseguren el goce efectivo de los derechos de las mujeres, y controla su cumplimiento a través de un comité de expertas.
El informe independiente o contrainforme, elaborado por la sociedad civil, completa la información que los estados deben entregar cada cuatro años al comité, a fin de evaluar el avance o retroceso de esos derechos y el cumplimiento de las recomendaciones efectuadas por el comité.
El hundimiento económico de Argentina, que comenzó a agravarse en la segunda mitad de los años '90, y adquirió proporciones de caástrofe en los últimos seis meses, constituye un escenario proclive para el retroceso de casi todos los derechos.
Uno de esos síntomas fue la pérdida de peso del Consejo Nacional de la Mujer, que a partir de enero se convirtió en un mero programa dependiente del más amplio Consejo Nacional de Políticas Públicas, con la consecuente pérdida de fondos para financiar varios proyectos.
La pobreza afecta a 51,4 por ciento de la población y el desempleo a 21,4 por ciento de la población económicamente activa, de acuerdo a cifras oficiales.
Si bien no hay estadísticas por género, el contrainforme asegura que las principales víctimas de la pobreza son las mujeres, los niños y las niñas.
En este contexto, la presidenta de la organización Mujeres en Acción, Noemí Aumedes, aseveró en el documento que se agravaron las situaciones de violencia sexual y doméstica, y no se cumplieron casi ninguna de las recomendaciones que hizo el comité al Estado argentino en 1997.
Aumedes dijo a IPS que la cantidad de condenas por violaciones y delitos sexuales es 10 veces menor que las denuncias, mientras el país carece de una ley que condene el acoso sexual en el ámbito privado, y faltan campañas de información sobre violencia doméstica. Una de cada cinco parejas registra episodios violentos.
En 1997, el comité había calificado como inquietante la influencia de las actitudes machistas hacia las mujeres y su consecuencia directa, la alta incidencia de los casos de violencia contra ellas.
Cuarenta y dos por ciento de los homicidios contra mujeres tienen como victimarios a sus compañeros.
Como en Argentina no existe un registro unificado de denuncias policiales, hay casos de mujeres que se mudan para eludir a sus maridos agresores, y cuando mueren por una golpiza las autoridades descubren el historial de seis o siete denuncias realizadas en diferentes distritos, sin conexión aparente entre sí.
Para contrarrestar esta situación, el comité de la ONU había recomendado una amplia campaña de información sobre derechos y servicios de asistencia para las mujeres, pero según las organizaciones de mujeres, éstas no se cumplieron.
Las políticas públicas del Estado argentino han apuntado fundamentalmente al aspecto asistencial, brindando asesoramiento psicológico y jurídico en materia de violencia doméstica, destacó el informe, pero no hay suficientes planes de prevención que lleguen a las destinatarias.
Del mismo modo, Cecilia Lipsick, de la Asociación de Mujeres Universitarias, señaló que en 1997 el comité observó que el Estado no contemplaba el creciente fenómeno de la prostitución y la explotación sexual de niñas, y sin embargo no hubo ninguna acción ni ninguna política orientada a enfrentar este tema.
Diversos estudios, uno de ellos realizado por Unicef (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia), señalan que la crisis provocó un aumento sustancial de la prostitución de mujeres y niñas debido al brutal empobrecimiento de las familias, al tiempo que se dieron a conocer casos gravísimos de redes que traficaban con mujeres y niñas, dijo Lipsick a IPS.
Por la crisis aumenta la cantidad de niñas explotadas sexualmente a edades cada vez más tempranas, agregó.
Por primera vez las estadísticas registran casos de muertes maternas (durante el parto) de menores de 15 años, subrayó la presidenta de la Fundación para el Estudio e Investigación sobre la Mujer, Mabel Bianco.
La médica sanitarista señaló que el acceso a los servicios de salud está severamente limitado y cuando se logra, faltan insumos, medicamentos y métodos anticonceptivos.
Se debe garantizar la vigencia del acceso a la información sobre anticoncepción, pero también a los métodos y al servicio, porque con una sola cosa no alcanza, sostuvo.
Por otra parte, el Estado argentino no difundió debidamente las recomendaciones de 1997 del comité, que señalaban la necesidad de reforzar la política destinada a informar sobre anticoncepción a niñas y adolescentes, ya que el aborto es ilegal en el país.
Bianco lamentó que no se lograra siquiera sancionar una ley sobre salud reproductiva, empantanada en el proceso legislativo. Sólo hay normas que rigen en 14 distritos, pero en la mayoría de los casos los servicios no cuentan con dispositivos para distribuir a las mujeres más pobres.
Por la agudización de la crisis, las mujeres recurren más al aborto ante la falta de políticas que garanticen su acceso a la anticoncepción, explicó Bianco. Se estima que en el país se llevan a cabo unos 400.000 abortos voluntarios por año.
Según esta estadística independiente citada en el contrainforme, la principal causa de muerte materna es justamente la práctica del aborto (29 por ciento) sin las condiciones de asepsia necesarias.
El Centro de Estudios Legales y Sociales analizó las debilidades en materia de derechos económicos y sociales y detectó que las mujeres cobran 60 por ciento de las remuneraciones de los hombres en igual condición educativa.
La organización de derechos humanos que se suma por primera vez al trabajo del movimiento de mujeres aseguró que es insuficiente el plan de asistencia para jefas y jefes de hogar desocupados, puesto en práctica este año por el gobierno para hacer frente a la crisis.
Mientras la canasta básica de alimentos para una familia de cuatro miembros cuesta unos 173 dólares por mes, el monto del subsidio es de apenas 41 dólares, concluyó el centro. (FIN/IPS/mv/dcl/hd/pr/02
