La población carcelaria de América Latina y el Caribe supera las 700.000 personas, hacinadas en recintos con capacidad sólo para unos 400.000 presos, advirtió la organización no gubernamental Reforma Penal Internacional (RPI).
La crisis en las cárceles de la región se ha agudizado en los últimos tiempos, en especial por la lentitud de los procesos judiciales, que ha mantenido tras las rejas a una cantidad muy alta de personas sin condena firme y acusadas por lo general de delitos leves, señaló el director ejecutivo de RPI, Paul English.
Esa situación llevó a RPI a intensificar su campaña en busca de una reforma penal y al seguimiento de las condiciones carcelarias y de violaciones de los derechos humanos de los presos, para lo cual inauguró a comienzos de julio en San José de Costa Rica su sede para América Latina y el Caribe, informó.
El estudio de alternativas al encarcelamiento de personas sin sentencia, en particular de jóvenes infractores de delitos menores, es una de las propuestas que impulsa esta organización no gubernamental con sede central en Londres y presencia en 75 países.
English explicó que la situación más grave en materia carcelaria en la región se presenta en Brasil, donde la lentitud de la justicia agrava las condiciones infrahumanas de vida en las instalaciones penitenciarias, sobre todo debido al hacinamiento.
Representantes de RPI admitieron que no cuentan aún con un estudio propio detallado de cada nación latinoamericana y por ello tomaron como base para su trabajo el último informe publicado por el Instituto latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y el Tratamiento del Delincuente (Ilanud).
La investigación de Ilanud indica que en 1999 había en Brasil 194.074 reclusos, mientras que la capacidad de las cárceles sólo admitía 107.040.
El segundo país con mayor población carcelaria era México, con 144.261 presos y establecimientos de detención para 108.551, seguido de Colombia con 57.068 reclusos y capacidad locativa para apenas 32.939.
Pero RPI ha llamado la atención especialmente sobre lo que ocurre en República Dominicana, donde alrededor de 90 por ciento de los reclusos están en situación de prisión preventiva a la espera de la continuación de los juicios.
El Ilanud aseguró en su estudio de 1999 que en República Dominicana había 11.416 presos, pero sus cárceles solo tenían capacidad para 4.460 personas.
Sin embargo, la situación de sobrepoblación aguda se repite en el resto de la región, en especial en América Central, siempre de acuerdo al trabajo de Ilanud.
En Honduras había 10.938 presos en el año estudiado en recintos que admitían entonces sólo 5.235, en Costa Rica 6.080 y espacio disponible para 4.753, en Guatemala 8.169 en celdas aptas para 7.233 y en Panamá 8.517 y capacidad para 6.843 presos.
La situación carcelaria de El Salvador es un poco menos acuciante, ya que presentaba 6.894 reclusos y posibilidad para albergar a 6.419, al igual que Nicaragua, con 5.428 detenidos y espacio para 4.804.
La salvadoreña Alma Benítez, fiscal de la Comisión de Derechos Humanos de Centroamérica (Codehuca) y autora del libro publicado en 1998 Cárceles en Centroamérica o bodegas humanas, dijo a IPS que la realidad en la región tiende a empeorar y aseguró que en su país hoy están en prisión alrededor de 10.000 personas.
El problema es que no se ha logrado el propósito trazado en 1992, después del fin de la guerra civil, de que la cárcel fuera la excepción y no la regla, situación que se repite en Centroamérica, comentó.
Benítez agregó que el problema crece debido a que los gobiernos se preocupan más por construir cárceles que por invertir en programas sociales y, entre menos escuelas y puestos de trabajo, existan más personas que irán a prisión por diferentes motivos.
Por su parte, English insistió en que es necesario establecer una diferenciación en el trato penitenciario para los delincuentes juveniles.
El experto lamentó especialmente lo que ocurre en Argentina, donde los jóvenes van a cárceles que albergan a todo tipo de delincuentes, situación que difícilmente permitirá una reinserción de esas personas en la sociedad.
En esas condiciones, el sistema penitenciario se ha convertido en la gran universidad del crimen, pues los delincuentes con peores antecedentes influyen en muchas personas que caen en la cárcel por una falta de poca gravedad, apuntó a su vez el director de RPI para América Latina, Mauricio Benito Durá. (FIN/IPS/lv/dm/dv hd/02
