Perú podría quedar fuera del mercado internacional de madera en 2005, pues es el quinto país más deforestador del mundo y no controla ni certifica el estado de sus bosques amazónicos, advirtieron expertos y activistas.
Según el Convenio Internacional sobre Comercio de Maderas Tropicales, en 2005 ningún país podrá vender productos forestales que no procedan de bosques manejados, pero muchos países están cerrando anticipadamente sus mercados a los infractores, sostuvo el experto Roger Rumrrill.
Con 74 millones de hectáreas de bosques, Perú ocupa el noveno lugar entre los países con mayor superficie forestal del mundo, una lista encabezada por Rusia, al que siguen Brasil, Canadá, Estados Unidos, China, Australia, República Democrática del Congo, e Indonesia.
Los conceptos de manejo sustentable y certificación de bosques se refieren a la existencia de programas adecuados de reforestación y preservación ambiental, cuya aplicación sea certificada oficialmente, explicó Rumrrill.
Pero Perú está quinto en la lista de las naciones más deforestadoras del mundo, detrás de Brasil, Rusia, Indonesia y Camerún, según el Foro de Liderazgo Forestal, celebrado en mayo en la meridional ciudad estadounidense de Atlanta.
El país sudamericano debería encabezar la lista negra, si se tomara en cuenta la extracción ilegal de árboles, que abastece 90 por ciento de la producción anual de madera, de 1,5 millones de metros cúbicos.
En esto supera incluso a Brasil, donde corresponde a tala ilícita 80 por ciento de los 25 millones de metros cúbicos de madera que se extraen por año.
Todos los países que tienen riqueza forestal, especialmente estos cinco, saben que no podrán seguir comerciando sus maderas si no demuestran que manejan adecuadamente sus bosques, abundó el directivo de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, Jorge Caillaux.
La creciente conciencia ecológica es ahora un factor económico, algo que no deben olvidar los gobiernos con territorios forestales ni las empresas madereras privadas, dijo Caillaux.
En la conferencia de Atlanta se comprobó que en la mayor parte de los países compradores hay grupos ecologistas que presionan fuertemente a sus gobiernos para que dicten normas de importación que excluyan los productos forestales no certificados, añadió.
Mientras (los vecinos) Chile y Bolivia avanzan con visión de futuro, en base a criterios de uso sustentable de sus bosques, Perú sigue siendo campo abierto a los apetitos depredadores de importadores sin control, aseveró Rumrrill.
La mayor parte de la madera exportada por Perú es ilegal, pues procede de zonas no autorizadas e incluso de reservas. La especie más depredada es la más valiosa: la caoba, sostuvo el ambientalista Alex González, de la organización Alternativa Verde.
La fiebre de la caoba peruana comenzó en 1998, con la llegada del consorcio estadounidense Newman Lamber, que quebró el acuerdo de precios de empresas exportadoras ya establecidas y desató una fiebre de extracciones.
Newman paga 1,30 dólares por pie de tabla, casi el doble de lo que se pagaba antes de 1998, señaló Palmer Pastor, ex presidente de la Corporación de Desarrollo del sudoriental departamento maderero de Madre de Dios, donde fueron más violentos los disturbios desatados en junio contra una nueva ley forestal.
La exportación de madera peruana fue de 80 millones de dólares en 2001, 67 por ciento correspondió a madera aserrada, con mínimo valor agregado, y sólo ocho por ciento a productos manufacturados como muebles, seis por ciento a maderas enchapadas y productos semimanufacturados (pisos y otros).
Según un informe del estatal Prompex, organismo de promoción de exportaciones, en el primer semestre de este año se registró un incremento de 49,3 por ciento de las exportaciones respecto de igual periodo del año anterior.
No hay que alegrarse mucho por este crecimiento exportador, pues refleja la voracidad de las empresas madereras, que tratan de extraer toda la caoba posible antes de que se pongan en práctica las reglamentaciones ambientalistas, subrayó Rumrrill.
El gobierno de Alejandro Toledo cedió ante las presiones de las empresas exportadoras de madera, que promovieron una violenta agitación en varias ciudades de la selva para impedir la aplicación de la nueva ley, y consiguieron postergarla por un año, afirmó Rumrrill.
Se retrasó la creación de un sistema forestal moderno, competitivo y sustentable y se concedió a los saqueadores de los bosques amazónicos 12 largos meses para que toda la caoba cortada ilegalmente sea puesta a buen recaudo y blanqueada, concluyó el experto. (FIN/IPS/al/dcl/en/dv/02
