El Tribunal Supremo de Venezuela se apresta a decidir si somete a juicio a los jefes militares que se sublevaron en abril contra el presidente Hugo Chávez, a quien mantuvieron detenido durante 48 horas.
Según la Constitución de 1999, el Tribunal Supremo debe resolver si hay méritos para iniciar proceso al ex jefe del ejército, Efraín Vásquez, al general de la fuerza aérea Pedro Pereira, al vicealmirante Héctor Ramírez y al contraalmirante Daniel Comisso por su actuación en el frustrado golpe de estado del 12 de abril.
Creo que éste es el momento más grave del Tribunal Supremo de Venezuela, porque en sus manos está el destino de la República, ya que si decidiera enjuiciar a esos generales y almirantes se produciría una implosión política, advirtió el jurista Hermann Escarrá, alineado con la oposición.
El fiscal general, Isaías Rodríguez, en una audiencia oral realizada el 18 de este mes, acusó a los cuatro altos oficiales de rebelión y de desplazar durante dos días a Chávez con la amenaza del uso de las armas bajo su mando.
Pero los oficiales se defendieron señalando que no habían empleado las armas y que, en cambio, evitaron el derramamiento de sangre inocente.
Así mismo, admitieron haber desobedecido al comandante en jefe (el presidente), pero alegaron haberlo hecho respetando un artículo de la Constitución que autoriza a desconocer órdenes que atenten contra los derechos humanos.
Los militares acusados dijeron haber desconocido la autoridad de Chávez después de que murieran 18 personas en los alrededores de la sede del gobierno el 11 de abril. Francotiradores dispararon sobre una multitudinaria marcha opositora que se aproximaba al lugar.
Al día siguiente de los disturbios, decenas de oficiales acompañaron a Vásquez cuando éste designó al empresario Pedro Carmona en reemplazo de Chávez, pero horas y aún días antes de la marcha, algunos militares, como Ramírez, ya habían declarado su desobediencia.
En el debate parlamentario sobre lo ocurrido en abril, varios militares acusaron al gobierno de preparar a los llamados Círculos Bolivarianos para enfrentar las manifestaciones de la oposición, en reuniones en las que habrían participado el fiscal Rodríguez y ministros de Chávez.
Las fuerzas políticas y las organizaciones no gubernamentales opositoras, que realizaron en Caracas nuevas marchas multitudinarias para exigir la renuncia del presidente, han expresado apoyo a los militares sublevados y hacen continuos llamados a la desobediencia civil.
El abogado Hermann Escarrá entiende que se va a acelerar una situación tanto civil como militar, porque la gran mayoría de los integrantes de las Fuerzas Armadas, la sociedad civil y el mundo político saben que estos militares no quisieron violencia y en ningún momento optaron por ocupar el poder político.
Escarrá, ex aliado de Chávez y participante en la redacción de la Constitución de 1999, agregó que los oficiales encausados evitaron un enfrentamiento militar o militar-civil, y en ningún momento optaron por ocupar el poder político, por lo que no se configura un golpe de Estado.
El presidente del partido socialcristiano Copei, José Curiel, pidió al Tribunal Supremo que haga un proceso serio y objetivo a los generales y almirantes que actuaron institucionalmente.
Los militares que evitaron una masacre y se negaron a movilizar tanques, aviones y tropas para masacrar a la población civil no deben ser enjuiciados, sino reconocidos y apoyados, dijo, por su parte, el secretario general del centrista Movimiento al Socialismo, Leopoldo Puchi, ex ministro de Chávez.
A su vez, el presidente del derechista partido Proyecto Venezuela, Jorge Sucre, apuntó que el Tribunal Supremo debe adoptar la tesis del vacío de poder (no golpe de Estado), porque la renuncia del presidente Chávez fue anunciada a toda la nación por el general Lucas Rincón, ex inspector de la Fuerzas Armadas.
En tanto, el grupo socialdemócrata Alianza Bravo Pueblo y el obrerista Causa Radical llamaron abiertamente a la desobediencia civil hasta que Chávez se vaya, en apoyo a los militares insurrectos y como protesta por nuevos impuestos y el creciente cierre de empresas y alto desempleo.
Queremos Elegir, una de las organizaciones no gubernamentales con mayor presencia mediática en Venezuela, convocó para el 11 de agosto a reuniones públicas en las principales plazas de cada ciudad del país para exigir castigo a los culpables de las muertes de abril y en apoyo a los oficiales que desconocieron a Chávez.
También la Confederación de Trabajadores, la principal central sindical del país, cuya dirección es afín al socialdemócrata partido Acción Democrática, anunció que participará en las protestas del 11 de agosto y las seguirá en forma de huelgas en varias regiones y áreas de actividad económica.
En la acera del frente, la diputada Iris Varela, del gobernante Movimiento V República, pidió que el Tribunal ordene procesar a los uniformados rebeldes. Si el Tribunal llegara a desconocer los méritos para enjuiciarlos, significaría un golpe institucional, advirtió.
Haremos una huelga de hambre para que el Tribunal entienda que hay un pueblo reclamando justicia contra los golpistas, anunció Varela.
El Frente Militar Bolivariano, una organización de oficiales retirados que simpatiza con el gobierno, dijo que los oficiales que desconocieron a sus mandos en abril cometieron 12 delitos, entre ellos desobediencia, motín, insubordinación, rebelión, abandono del servicio y traición a la Patria.
El portavoz de ese Frente, el teniente Héctor Herrera, dijo que el Tribunal Supremo no puede dejar impune el golpe de Estado.
Este martes, varios centenares de partidarios del presidente Chávez se ubicaron en las cercanías de la sede del Tribunal Supremo en Caracas para exigir cárcel para los golpistas y castigo a los responsables de las muertes de abril. (FIN/IPS/jz/dm/ip/02
