El arribo a Venezuela de una misión del estadounidense Centro Carter y la decisión de Washington de destinar dos millones de dólares a medios de prensa y a organizaciones no gubernamentales marca el comienzo de una operación para superar la crisis política.
El portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Philip Reeker, explicó que ese es un dinero para respaldar la democracia, que a través de la embajada se entregará a organizaciones no gubernamentales y a medios de prensa independientes, y no a partidos políticos.
Reeker añadió que la denominada Oficina de Iniciativas de Transición (OTI, por sus siglas en inglés) será la encargada de coordinar los trabajos de Estados Unidos en apoyo a organizaciones y tareas que, a su juicio, propicien la democracia en Venezuela.
La OTI, que funciona en la embajada estadounidense en Venezuela, es una instancia igual a las que Washington ha implementado en otros países, justificó el diplomático.
Mientras, la directora del Programa para las Américas del Centro Carter, Jennifer McCoy, inició el jueves su gestión de mediación entre el gobierno y la oposición con una reunión con Chávez y el vicepresidente José Vicente Rangel.
McCoy concurrió a la entrevista acompañada del jefe de gabinete de la Organización de Estados Americanos (OEA), Fernando Jaramillo, y por la directora para América Latina del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Elena Martínez.
La presencia de representantes de la OEA y del PNUD abrió el abanico de la mediación en hacia los términos propuestos por Estados Unidos y los opositores de Chávez.
La mediación del Centro Carter fue pedida en junio por el propio gobierno venezolano.
El director y fundador de esa entidad, el ex presidente estadounidense Jimmy Carter (1977-1981), y sus colaboradores McCoy y el ex gobernante dominicano Leonel Fernández trataron sin éxito entonces en Caracas de sentar alrededor de una mesa Chávez y a sus contendores políticos.
La polarización política de Venezuela se profundizó luego que un golpe de Estado cívico militar desalojara del gobierno a Hugo Chávez entre el 12 y el 14 de abril.
La pretensión de Chávez de montar una mesa de diálogo tras su retorno al gobierno sucumbió por la negativa o el retiro inmediato de ella de los partidos, organizaciones no gubernamentales, de los grandes medios de comunicación y de las centrales empresarial y sindical, todos en la oposición.
Carter ofreció en junio garantías de conducir un encuentro con Chávez, pero la oposición se negó y realizó el 11 de julio una nueva marcha de protesta, reclamando la renuncia del gobierno y la presencia de la OEA para garantizar cualquier acercamiento con las autoridades.
El gobierno se había opuesto en la reunión de abril de cancilleres la OEA a que ese foro enviara una misión mediadora, una iniciativa propuesta en esa oportunidad por el secretario de Estado de Estados Unidos, Colin Powell.
Los venezolanos ya vestimos pantalones largos y somos nosotros quienes debemos resolver nuestros asuntos, dijo el entonces canciller de Venezuela, Luis Dávila.
Sin embargo, Chávez se vio obligado ahora a buscar nuevas rendijas de mediación internacional, con la fórmula de que la OEA y el PNUD acompañen la gestión del Centro Carter, para tratar de destrabar la situación, con una oposición que se ha adueñado de la calle y blande su poder económico y mediático.
Las tres organizaciones que estamos aquí ofrecemos nuestro apoyo, que es un apoyo modesto, porque este es un proceso venezolano y el esfuerzo para resolverlo debe ser de los venezolanos, dijo McCoy al término de su reunión con Chávez.
El presidente venezolano insistió poco antes de partir a la occidental ciudad ecuatoriana de Guayaquil, para asistir este viernes y el sábado a la segunda Cumbre de América del Sur, en tesis de diálogo con justicia como único camino hacia la paz.
Chávez subrayó que en Venezuela no triunfarán ni la guerra ni la confrontación sino el entendimiento y la democracia.
La agudización de las posiciones políticas enfrentadas en Venezuela ha alejado los intentos de superar la crisis política en este país.
Chávez rechaza el pedido de que abandone el gobierno antes de cumplir su mandato en 2006 o al menos convoque un referendo revocatorio en 2003, como lo permite la Constitución.
Por su parte, la oposición entiende que la renuncia del presidente es un requisito previo para cualquier otra concesión política o económica.
El gobierno busca dialogar, apoyado en la mediación internacional, en busca de acuerdos sobre temas concretos, mientras la oposición propone como único punto a discutir con los mediadores una fórmula para la destitución de Chávez.
Incluso son dejadas de lado las dudas sobre viejos principios nacionalistas supuestamente vulnerados. El ecretario general del opositor partido socialdemócrata Acción Democrática, Rafael Marín, desestimó, por ejemplo, que la oficina estadounidense para la transición afecte la soberanía.
No lo creo, pues una oficina similar ya funcionó en Perú, comentó.
En tanto, el presidente del también opositor socialcristiano COPEI, Omar Calderón, sostuvo que el el país requiere la presencia de actores externos, como la OEA y otros, que puedan constatar la constante violación flagrante de la ley que hace el jefe del Estado.
Gerardo Blyde, del derechista partido Primero Justicia, indicó que cree muy poco en las palabras del presidente, por eso es que siempre hemos pedido un intermediario, institucional, confiable, como lo es la OEA.
En cambio, parlamentarios oficialistas confesaron su aprensión por la instalación de la OTI, aunque en tono bajo para no aumentar la fricción entre los gobiernos de Chávez y del estadounidense George W. Bush, y se muestran inclinados a favorecer más a los buenos oficios del Centro Carter. (FIN/IPS/jz/dm/ip/02
