Activistas reclaman una mayor presión de Estados Unidos y la Unión Europea para poner fin a los 19 años de guerra civil entre el gobierno islámico de Sudán y el movimiento separatista del sur de ese país, conflicto que ya causó dos millones de muertes.
Representantes de Jartum y del insurgente Ejército Popular de Liberación de Sudán (SPLA) negocian desde el 17 de junio la paz en la oriental ciudad keniata de Machakos, bajo el auspicio de la Autoridad Intergubernamental para el Desarrollo (IGAD), integrada por países de Africa oriental.
Las negociaciones se prolongarán hasta la tercera semana de este mes. La IGAD y Jartum propusieron un cese del fuego, pero el SPLA consideró que ése debe ser el último punto de la agenda y anunció que continuará combatiendo mientras dialoga.
Solo la presión de países influyentes tendrá la fuerza diplomática y económica necesaria para lograr avances en la negociación, estancada hace nueve años, señaló el Grupo Crisis Internacional (ICG), organización no gubernamental que procura evitar y contener conflictos.
Estados Unidos, la Unión Europea y países clave deben decir lo que ellos podrían hacer para incentivar a Sudán y al SPLA a hacer concesiones, dijo a IPS desde Washington el codirector del programa para Africa del ICG, John Prendergast.
No veo cómo el SPLA o el gobierno se dispondrán a hacer cambios sustanciales en sus posturas sin la acción de la comunidad internacional, señaló Prendergast.
El SPLA lucha desde 1993 contra el régimen islámico de Sudán, controlado por pobladores del norte de ascendencia árabe, para independizar el sur del país, de mayoría cristiana y animista.
Setenta por ciento de los habitantes de Sudán son musulmanes, mientras la cuarta parte practican religiones tradicionales africanas y cinco por ciento son cristianos. Los negros constituyen 52 por ciento de la población, y los árabes, 39 por ciento.
El ICG presentó el informe Diálogo o destrucción: Organizando la paz mientras recrudece la guerra, en el que destaca los factores novedosos que inciden en el proceso sudanés y que la comunidad internacional podría esgrimir para presionar a los negociadores.
El primero de esos factores es la acusación de patrocinar el terrorismo que pesa sobre Jartum desde los años 90 y de la que el régimen islámico trata de desembarazarse.
Organizaciones y dirigentes del radicalismo islámico, entre ellos el saudita Osama bin Laden, acusado por Estados Unidos de los ataques del 11 de septiembre contra Nueva York y Washington, han utilizado Sudán como refugio.
Es del interés de Estados Unidos y de otros actores de la comunidad internacional mantener la presión sobre el gobierno de Sudán como principal estrategia para eliminar la amenaza del terrorismo en el futuro, afirmó Prendergast.
El segundo factor es la grave crisis económica que atraviesa Sudán, en gran parte atribuida a una enorme deuda externa, y sus relaciones con el Banco Mundial y con el Fondo Monetario Internacional, instituciones que pueden condicionar su ayuda al fin de la guerra.
Así mismo, es posible que los principales poderes de la comunidad internacional desaconsejen la inversión en la industria petrolera sudanesa hasta que se alcance un amplio acuerdo de paz.
Invertir en la industria petrolera de Sudán es ahora profundamente contrario a la ética. Algunas compañías están elaborando políticas que conducirán directamente a alguna forma de 'limpieza' de poblaciones, afirmó Prendergast.
No es posible llamarlo limpieza étnica porque realmente no se dirige a un grupo en especial, sino a las personas que se interponen en el camino a la explotación del petróleo, explicó. Si las compañías respaldan este tipo de actividad, debería negárseles el acceso al mercado de capitales, sostuvo.
Legisladores estadounidenses se enfrentan con fuertes presiones con la Bolsa de Valores de Nueva York para imponer sanciones en el mercado de capitales a las compañías que invierten en la industria petrolera sudanesa.
Pero el ICG asegura que la aprobación de estas medidas no es imposible si los congresistas cuentan con el apoyo de más legisladores o del propio presidente George W. Bush.
La paz, además de salvar vidas, puede ser de interés para los inversores. Cualquier inversor en la industria se beneficiará con un acuerdo de paz, y la explotación podría extenderse más al sur, dijo Prendergast.
Para presionar al SPLA hacia una posición más flexible en la mesa de negociaciones, el ICG sugiere negarles financiación, armas y reconocimiento político, con mecanismos como la suspensión de invitaciones a sus representantes a foros internacionales.
Prendergast consideró tiempo perdido los esfuerzos de paz del enviado especial de Estados Unidos John Danforth, quien estuvo en Sudán en noviembre y enero y dirigió un informe al Departamento de Estado (cancillería).
La puerta abierta a la paz, que relumbró más claramente que nunca después del 11 de septiembre, requería una participación inmediata y de alto nivel en el ámbito político. Pero, en lugar de abordar la raíz de los problemas, tuvimos ocho meses de diplomacia humanitaria, dijo Prendergast. (FIN/IPS/tra-en/ks/mn/lp/mj/ip/02
