El gobierno de Kenia y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) intentan resolver la crisis en dos campamentos de más de 230.000 refugiados somalíes y sudaneses, que ya provocó la muerte de tres personas.
El Acnur fue acusado de corrupción por legisladores de las áridas zonas donde se emplazan los campamentos, en las que la población local vive al borde de la hambruna.
El vicepresidente George Saitoti encabezó el jueves una reunión con representantes del Acnur, en busca de solucionar las tensiones en el nororiental campamento de Daadab, cerca de la frontera con Somalia, y en el noroccidental de Kakuma, en los límites con Sudán.
Dos parlamentarios que habían amenazado con incendiar el campamento de Daadab a menos que fuera reubicado en el plazo de una semana, se retractaron de sus afirmaciones.
El gobierno prometió que se ocupará de la seguridad y (aseguró) que esas amenazas ya no existen, sostuvo el portavoz del Acnur, Emmanuel Nyabera, quien reiteró que el gobierno es el encargado de decidir la ubicación de los campamentos.
La semana pasada, la policía mató a tres personas durante una manifestación de habitantes del distrito Turkana, donde se ubica el campamento de Kakuma, que reclamaban un aumento del precio de la leña que venden al Acnur.
Los parlamentarios afirman que la población sufre por la presencia de los refugiados, pues éstos destruyen el ambiente extremadamente árido de las áreas donde se encuentran, que son proclives a la hambruna.
Los políticos reclamaron mejor trato y oportunidades de empleo para sus comunidades y acusaron al Acnur de cometer gran corrupción a expensas de la población local.
El Acnur distribuye apenas 10 por ciento de los recuros totales destinados a los refugiados, mientras 90 por ciento es empleado en pagar a los policías para que castiguen a los habitantes locales, en comprar antenas parabólicas, cerveza y alimentos ricos en proteínas, aseveró el parlamentario Mohammed Shidiye.
Mi pueblo no fue consultado. Al contrario, fue expulsado de su tierra, dijo el legislador de Turkana septentrional, John Munyes.
La agencia de la Organización de las Naciones Unidas consideró maliciosas y viles las acusaciones.
Pero no se trata de los primeros incidentes en los dos campamentos, donde el año pasado se registraron violaciones, asaltos y golpizas contra los refugiados, presuntamente cometidos por delincuentes keniatas.
Esto sólo sirve para confundir a la población y agravar aún más el padecimiento de un grupo particularmente vulnerable, aseveró el vicerrepresentante del Acnur en Kenia, Sala Ngarm.
En este contexto, resultó sorprendente que la reunión del jueves con el gobierno fuera muy cálida, abierta y comprensiva, según Nyabera.
Entendimos que necesitamos trabajar juntos en beneficio de los refugiados. El tono y el clima del encuentro fueron muy amistosos, sostuvo.
El gobierno se comprometió a presentar propuestas en las próximas semanas, y ambas partes acordaron reuniones periódicas conjuntas y con la población afectada.
En Kakuma, el conflicto se debe a los contratos para el suministro de leña a los refugiados.
Los 41 grupos del distrito de Turkana que ganaron la licitación para el abastecimiento de 84.000 kilos de leña, reclaman un aumento en el precio de 0,3 dólares a 0,5 dólares por fardo.
Esto es una extorsión flagrante. El Acnur estableció un sistema justo de ofertas. Los legisladores quieren contratos para su propio y egoísta beneficio, había dicho el encargado de información de la agencia, Jonathan Clayton.
Pero tras el encuentro con el vicepresidente, los funcionarios del Acnur parecieron dar marcha atrás y prometieron presentar claramente un sistema de ofertas para la leña, generalizarlo e incluir a todos, según Nyabera.
La población que rodea los campamentos es la más pobre de Kenia. El ganado de las comunidades ha menguado mucho por sucesivos años de sequías. Los refugiados parecen vivir en mejores condiciones que los keniatas, pues reciben alimentos, agua, educación y atención de salud gratuitamente.
Pero las comunidades se han visto beneficiadas por la presencia de los campementos, arguyó Nyabera.
Construimos una oficina para el tribunal de justicia y los funcionarios del distrito en Daadab, auspiciamos la rehabilitación de la carretera Daadab-Garissa, y la construcción y reparación de la pista de aterrizaje de Kakuma, aseveró.
Hemos donado vehículos a la policía. Respaldamos programas educativos. Construimos dos salones de clase en la escuela secundaria de Daadab. Damos agua y electricidad gratis, continuó el representante de Acnur.
De hecho, la idea del suministro de leña a los refugiados es uno de los programas que iniciamos para revertir la degradación ambiental. Hemos puesto en marcha varios proyectos que se destinan específicamente a eso. Estamos plantando árboles y tenemos áreas verdes en varias partes del campamento, dijo Nyabera.
También tenemos programas para educar a los refugiados y la población local en el uso de cocinas (a energía solar) que ahorran combustible, añadió.
Cualesquiera sean los problemas, estamos listos para escuchar. Mantengamos un ambiente apropiado para la discusión, concluyó Nyabera. (FIN/IPS/tra-eng/ks/mn/dcl/pr/02
