El gobernante Partido Laborista de Nueva Zelanda está en dificultades debido a denuncias de que encubrió en 2000 el ingreso ilegal al país de semillas de maíz transgénico, por presión de la transnacional Novartis y otras firmas.
Novartis se fusionó con la compañía AstraZeneca mientras aplicaba esas presiones, para formar la actual firma Sygenta.
La cuestión del cultivo de organismos genéticamente modificados se ha vuelto una de las más discutidas en la campaña para las elecciones previstas para el 27 de este mes, y el escándalo compromete las perspectivas de los laboristas encabezados por la primera ministra Helen Clark.
Las autoridades descubrieron en noviembre de 2000 que un cargamento de 5,6 toneladas de semillas de maíz, provenientes de Estados Unidos e importadas por Novartis, incluía una variedad genéticamente modificada, indicó el periodista Nicky Hager en un libro titulado Semillas de desconfianza.
Hager basó su investigación en el acceso a documentos reservados del gobierno, incluyendo informes del gabinete de ministros, reproducidos en apéndices del libro, pero las autoridades niegan veracidad a esos datos.
La Ley de Sustancias Peligrosas y Nuevos Organismos establece que el ingreso al país de cualquier producto transgénico debe ser autorizada por la Autoridad de Manejo de Riesgo Ambiental.
Cuando el gabinete de ministros fue informado sobre el asunto, a mediados de noviembre de 2000, cerca de la mitad de las semillas de ese cargamento ya habían sido plantadas, y el resto estaban almacenadas, según Hager.
Clark propuso erradicar las plantas surgidas de esas semillas y no permitir la siembra del resto del cargamento ilegal. Esa iniciativa fue aprobada a comienzos de diciembre de 2000 por el gabinete, que otorgó poderes especiales a funcionarios gubernamentales para llevar a cabo la tarea.
Pero Novartis y otras compañías involucradas lanzaron una intensa campaña de presión desde que el ingreso de semillas transgénicas al país fue descubierto, y lograron que el gobierno cambiara sus planes antes de empezar a implementarlos, sostuvo el periodista en su libro.
Esas firmas abogaron en una reunión con funcionarios a fines de noviembre por una nueva política sobre organismos genéticamente modificados, que autorizara el cultivo de los mismos con ciertos límites, afirmó.
El Ministerio de Ambiente propuso disminuir las restricciones en la materia, con el argumento de que los grandes países productores (de semillas) pueden perder interés (en el mercado neocelandés) debido a los problemas y costos adicionales causados por nuestros requisitos para importaciones, indicó.
Nueva Zelanda puede dejar de ser vista como una nación con relación conveniente de costos y beneficios para el almacenamiento de semillas, arguyó el Ministerio según los documentos presentados por Hager.
El periodista afirma que la principal preocupación del gobierno fue facilitar las cosas para las firmas productoras de semillas, y consideró evidente que el régimen conveniente para las transnacionales con sede en Estados Unidos es que los países no limiten la importación de transgénicos.
El gobierno decidió aceptar carganentos de semillas con menos de 0,5 por ciento de transgénicas, y alegó que los resultados de exámenes del cargamento en cuestión no eran concluyentes, señaló.
Según los documentos reproducidos por Hager, esa afirmación sobre los resultados de los exámenes fue falsa.
A mediados de diciembre de 2000, la ministra de Ambiente, Marian Hobbs, afirmó que el gobierno no disminuiría las restricciones al ingreso de transgénicos, sino que las reforzaría.
Se preparan nuevas medidas oficiales para evitar la introducción inadvertida al país de semillas genéticamente modificadas, aseguró.
Pero el gobierno no sólo permitió la cosecha del maíz transgénico ya plantado, que se empleó en productos para el mercado local y para la exportación, sino que también autorizó el uso de las semillas que permanecían almacenadas, denunció Hager.
Las acusaciones del periodista llegaron en un momento muy inconveniente para el Partido Laborista, luego de que Clark convocara a elecciones a mediados de junio, con el propósito de lograr mayoría propia en el parlamento, de 120 integrantes, y no tener que negociar más con el Partido Verde para aprobar leyes.
En los anteriores comicios, realizados en 1999, los laboristas obtuvieron 52 bancas y los verdes siete.
En las últimas semanas, el creciente debate sobre los transgénicos se acompañó de un aumento de la intención de voto por el Partido Verde registrada en encuestas. En 1999, los verdes tuvieron cinco por ciento de los sufragios, y este mes pueden lograr 10 por ciento según esas encuestas.
Clark adoptó la decisión sin precedentes de no brindar declaraciones a periodistas, y Hobbs aseveró en un comunicado que el gobierno no considera aceptable ningún nivel de contaminación con organismos genéticamente modificados.
La ministra sostiene que no hubo tolerancia alguna del uso de semillas de maíz transgénico, e insiste en que no hubo evidencia de la presencia de tales semillas en el cargamento de Novartis.
Hager alega que lo ocurrido en 2000 en el país es un ejemplo de lo que ocurre cuando un gobierno beneficia a un pequeño pero influyente grupo industrial, pese a la masiva oposición del público a los transgénicos.
El secreto fue la clave para que el gobierno pudiera acceder a la demanda industrial, y proteger intereses comerciales contra la voluntad del público, aseveró. (FIN/IPS/tra-eng/bb/js/mp/ip en/02
