El relator de la ONU para los derechos indígenas, Rodolfo Stavenhagen, se sumó este jueves en México a intelectuales y artistas que piden, junto a la guerrilla zapatista, la derogación de leyes relacionadas con los derechos de los aborígenes.
Las normas violan convenios internacionales, desconocen derechos esenciales a las etnias y no contribuyen al proceso de paz en el meridional estado de Chiapas, donde tiene asiento el rebelde Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), señala una carta pública firmada por Stavenhagen y otras personalidades.
El conjunto de leyes en vigor desde hace un año es injusto, pues no garantiza el pleno disfrute de los derechos de autonomía y autodeterminación de los 10 millones de indígenas que habitan México, el mayor número en América Latina.
El EZLN, integrado en su gran mayoría por indígenas, suspendió todo acercamiento con el gobierno de Vicente Fox al comprobar que las reformas sobre derechos de los nativos no resultaron en línea con sus demandas.
Los gobiernos tienen temor a otorgar plena autonomía a los indígenas, por eso la ONU (Organización de las Naciones Unidas) no ha logrado aún aprobar una declaración de derechos de los pueblos nativos, un proyecto que ya tiene más de una década en discusión, había declarado anteriormente Stavenhagen.
En el mundo existen unos 400 millones de indígenas, 45 millones de los cuales están en América Latina y la gran mayoría de éstos sumidos en la pobreza y la marginación.
Organizaciones de nativos de América Latina siguen con atención las acciones del EZLN dirigidas a conseguir plenos derechos de autonomía para los indígenas de México.
La carta que suscribió el relator de la ONU, el emérito obispo de Chiapas, Samuel Ruiz, el político opositor Cuauhtémoc Cárdenas y la actriz Ofelia Medina está dirigida a la Corte Suprema de Justicia de México.
La Corte estudia desde hace un año 331 demandas de diversos grupos, municipios y de los gobiernos de algunos estados del país para que se declaren ilegales las reformas.
Si este tribunal declara ilegales las reformas será la resolución de consecuencias sociales más importantes que haya enfrentado en la historia de México, apunta la misiva.
Los cambios en la Constitución se aprobaron luego que jefes del EZLN realizaran un viaje desde sus bases en Chiapas hacia la capital para pedir al Congreso y el gobierno la aprobación de normas sobre derechos indígenas.
El EZLN desea que se apruebe el proyecto redactado por una comisión de diputados en base a los llamados Acuerdo de San Andrés, sobre derechos y cultura indígenas, firmados en 1996 por el EZLN y el entonces gobierno de Ernesto Zedillo (1994-2000), a comienzos de un tenso proceso de diálogo.
Zedillo se negó a aceptar los términos del proyecto de reformas a la Constitución, pues consideraba que balcanizaría el país. Los guerrilleros, que permanecen desde 1996 en zonas de la selva sin realizar acciones armadas, mantienen en suspenso el diálogo con el gobierno.
Fox, tras asumir la presidencia en diciembre de 2000, apadrinó en el Congreso el proyecto que pide aprobar el EZLN, un grupo que se levantó en armas en enero de 1994, pero que apenas combatió dos semanas para luego declarar una tregua que se mantiene hasta ahora.
Los diputados cambiaron el texto de las reformas propuestas por el EZLN y Fox con el argumento de que tenía inconsistencias jurídicas y que otorgaba excesivos derechos de autonomía a los indígenas.
Sin embargo, Fox consideró entonces que los legisladores hicieron un esfuerzo valioso y publicó sin objeciones la nueva normativa.
Si no se aprueba el proyecto original sobre derechos y cultura indígena el EZLN nunca regresará al diálogo de paz y se mantendrá vigilante en las selvas de Chiapas, indicó la dirección guerrillera.
Organizaciones humanitarias advirtieron que la falta de diálogo exacerbó los problemas sociales en Chiapas y amenaza con enfrentamientos violentos entre indígenas, militares y grupos irregulares.
Para Satavenhagen y quienes firman la carta a la Corte Suprema de Justicia, las reformas en materia indígena son ilegales, pues se realizaron sin consultar a los pueblos y comunidades nativas, como lo establecen acuerdos internacionales que México ha suscripto.
Además, señalan que esas leyes no respetan el espíritu del documento de San Andrés firmado por el EZLN y, por tanto, no contribuyen a la paz.
Portavoces de la Corte Suprema de Justicia informaron que entre agosto y octubre emitirán su resolución respecto de las controversias presentadas sobre la normatividad indígena.
Diputados afines a Fox pidieron a los jefes del EZLN aceptar que las reglas de juego democrático no permitieron aprobar las reformas tal como las proyectaron y les solicitan regresar a las negociaciones de paz. (FIN/IPS/dc/dm/ip/02
