Campesinos opuestos a la construcción de un aeropuerto en el municipio rural de San Salvador Atenco, a 15 kilómetros de la capital mexicana, desconocen la autoridad del gobierno, con apoyo de activistas sociales de izquierda.
La policía y los servicios de salud del Estado tienen prohibida la entrada al municipio y los campesinos otorgan salvoconductos para ingresar al centro urbano principal, también llamado San Salvador Atenco, de unos 5.000 habitantes y que está rodeado por vallas de seguridad.
Esa localidad y la mayor parte de las tierras del municipio están en el territorio de 15.000 hectáreas de la zona de Texcoco donde el gobierno se propone construir un nuevo aeropuerto internacional, mediante expropiaciones y a un costo de 3.000 millones de dólares.
Nadie puede entrar (en el casco urbano) si no tiene permiso, dijo a IPS Antonio, un campesino que portaba un machete y mantenía comunicación radial con sus compañeros.
Cientos de campesinos del municipio armados con machetes se enfrentaron el 11 de este mes a la policía, que intentaba disolver una manifestación. La refriega terminó con heridos, detenidos y la destrucción de varios vehículos.
Los dirigentes del grupo estuvieron presos tres días, acusados de motín, subversión y obstrucción de vías públicas. Pero fueron puestos en libertad por presión de sus seguidores, que amenazaron con matar a policías y a otras personas que habían tomado como rehenes.
También advirtieron que estaban dispuestos a enfrentar a las fuerzas de seguridad con cócteles Molotov (bombas improvisadas con botellas de gasolina), y a hacer explotar dos camiones cargados de gas.
El gobierno de Vicente Fox abogó entonces por la liberación de los detenidos y aceptó la posibilidad de cambiar el emplazamiento del aeropuerto, por primera vez desde octubre, cuando anunció su construcción.
Si quieren entrar aquí los del gobierno les partimos la madre (los agrediremos), pues esta tierra no se vende, advirtió Roberto, un joven que participa con su bicicleta en patrullas nocturnas en San Salvador Atenco.
Todo visitante que llega a la localidad es visto con recelo y hostilidad. En la pequeña plaza central son constantes las concentraciones para escuchar largos discursos, y potentes altavoces no dejan de emitir mensajes contra la construcción del aeropuerto.
En los últimos días, los campesinos no permiten ni siquiera el ingreso de médicos del gobierno, que cumplían periódicas tareas sanitarias en la zona.
Casi todos los habitantes del pueblo están organizados en comisiones, entre ellas las de vigilancia, comunicación, alimentación y resistencia armada con machetes, cócteles Molotov y palos, explicaron los rebeldes a IPS.
El autogobierno de los amotinados de Atenco es apoyado por activistas de izquierda, que dicen ver en la resistencia contra el aeropuerto una expresión del combate contra el neoliberalismo.
No estoy de acuerdo con la violencia, y si (las autoridades) hacen una buena oferta, vendo (mis tierras), pero no podemos hablar mucho, dijo Roberta, una habitante del lugar.
Mientras IPS entrevistaba a Roberta, un campesino amenazó a este periodista y le advirtió que sólo se le permitía hablar con integrantes del movimiento de resistencia.
Las tierras de Texcoco son de escasa fertilidad, pero muchos habitantes de San Salvador Atenco viven de sus cultivos de maíz, habas o frijoles, y otros se dedican al comercio en pequeña escala o a tareas de mecánica y albañilería.
Esta tierra es todo lo que tenemos y vamos a morir por ella si es necesario, repiten los campesinos organizados.
Además de los enfrentamientos con la policía, los resistentes atacaron con piedras edificios del gobierno y durante varios días retuvieron a un grupo de ingenieros que visitaron Texcoco para medir terrenos.
Las concesiones del gobierno ante la violencia y amenazas de los campesinos han hecho dudar a los inversionistas sobre la capacidad de Fox para hacer cumplir la ley, opinaron empresarios locales.
Lo que pasa en Texcoco es el mejor aliciente para el estado de impunidad, donde todos pueden pasar por encima de la ley y atropellar a los demás, opinó Jorge Espina, presidente de la Confederación Patronal.
Los interesados en invertir en el nuevo aeropuerto tomarán precauciones para proteger su capital, y eso será perjudicial por más razones que puedan tener los resistentes, afirmó Fernando Shutte, miembro de la Asociación de Profesionales Inmobiliarios.
Tras los violentos acontecimientos de la semana pasada, el gobierno llamó al diálogo y los campesinos aceptaron esa propuesta. Pero en el primer contacto indicaron que ellos escogerían el lugar de las conversaciones, y que no aceptarían como interlocutores a funcionarios de nivel medio.
Uno de los culpables de la situación en Atenco es el propio gobierno, que no supo medir cuál sería la reacción social a su decreto de expropiación y tampoco hizo un adecuado trabajo político previo, comentó el historiador e investigador Lorenzo Meyer, del Colegio de México.
Los campesinos acompañaron sus movilizaciones con demandas ante el Poder Judicial que deberán ser resueltas antes del 31 de julio.
El gobierno ofreció pagar a los campesinos por sus tierras menos de 10 dólares por metro cuadrado, aunque expertos en bienes raíces calcularon que el precio justo podía ser el doble, sin considerar el valor agregado por el plan de construir el aeropuerto.
Ahora el gobierno ofrece subir el pago por las tierras. Así mismo, anunció que mejorará las ofertas de empleo y vivienda hechas a los campesinos que serían desplazados, pero los rebeldes insisten en que no venderán sus propiedades a ningún precio.
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