El creciente desempleo en Marruecos impulsa a cada vez más jóvenes a intentar la emigración ilegal hacia España.
Más de 1.000 jóvenes fueron arrestados en los dos últimos meses, cuando trataban de llegar en bote a España sin contar con visa, informó la semana pasada el servicio de rescate marítimo marroquí.
La quietud de las aguas del estrecho de Gibraltar, que separa a Marruecos de las costas españolas por apenas 15 kilómetros, tienta a muchos a cruzarlo en busca de un mundo muy distinto, donde esperan mejor suerte.
El desempleo afecta en la actualidad a 23 por ciento de la población económicamente activa de Marruecos, país de 30 millones de habitantes.
Este verano (boreal) volveré a tratar de llegar en bote a Europa, dijo a IPS Rachid, desempleado y graduado universitario de 27 años, mientras contemplaba las aguas del estrecho de Gibraltar, sentado sobre el muro de una antigua fortaleza.
Nada podrá impedir que cumpla con mi sueño de entrar en Europa, aseguró el joven, quien pagó hace dos años a traficantes de personas para que lo llevaran a España, pero fue arrestado en el meridional puerto español de Algeciras y deportado.
Trabajé duro en los dos últimos años, como lustrador de zapatos y vendedor ambulante de diarios, y logré ahorrar 3.000 dólares para pagarle de nuevo a los traficantes, indicó.
El padre de Rachid recibe una pensión trimestral de unos 250 dólares, con la cual intenta mantener a una familia de nueve integrantes.
Eso es insuficiente para saciar nuestra hambre, y no podemos ni pensar en pagar asistencia médica o comprar ropa, explicó Rachid.
Según datos oficiales españoles, más de 18.000 inmigrantes ilegales marroquíes fueron arrestados el año pasado. Mientras, las autoridades de Marruecos arrestaron a otras 15.000 personas antes de intentar ingresar a España.
Aquí hay desempleo y desesperación. Del otro lado hay trabajo y esperanza, resumió Abdelhafid, de 18 años, quien nunca asistió a la escuela y planea cruzar el estrecho en forma ilegal.
Estoy dispuesto a ir a cualquier país europeo y a trabajar en cualquier cosa para enviar dinero a mi familia, aseguró.
Los jóvenes emigrantes ilegales saben que ponen sus vidas en peligro.
Según la Asociación de Derechos Humanos Marroquí, unas 300 personas que intentaban emigrar de forma ilegal se ahogaron el año pasado en el estrecho de Gibraltar.
El peligro y la posibilidad de deportación no desaniman a Rachid. Aquí ya estamos muertos, afirmó.
El portavoz de la policía española en Algeciras, aFernando Alonso, recomendó a quienes intentan ingresar a su país de forma ilegal que lleven chalecos salvavidas.
Los jóvenes marroquíes son fácil presa de organizaciones de traficantes de personas, que ofrecen traslados ilegales a Europa a cambio de hasta 3.000 dólares por cabeza.
Es un negocio muy lucrativo, que proporciona a la red de traficantes cerca de 100 millones de dólares por año, aseguró el activista Ahmed Attifi, de la Asociación de Derechos Humanos.
La emigración ilegal se ha convertido en otro dilema diplomático entre Marruecos y España, que ya mantienen una relación tensa a causa de la disputa por derechos de pesca.
Las autoridades españolas acusan a Marruecos de hacer poco para reducir la emigración ilegal, y el gobierno marroquí sostiene que no puede luchar solo contra el problema.
La lucha contra la inmigración ilegal debe ser respaldada por un compromiso más activo de parte de Europa, que promueva infraestructuras en los países del sur del Mediterráneo, dijo a fines de junio en Bruselas el primer ministro marroquí Abderrahamane Youssoufi a funcionarios de la Unión Europea.
La inmigración ilegal deja en evidencia fallas de ambas partes, destacó Attifi.
Es un fracaso de Marruecos, que ha sido incapaz de diseñar una política social y económica eficaz, y es un fracaso de Europa, que no ha hecho nada a favor de una asociación euromediterránea eficiente, aseguró el primer ministro.
España solicitó la intervención del ejército marroquí para detener el flujo migratorio. Pero la medida no dará resultado, señaló Attifi, porque los marroquíes sólo tendrán interés en quedarse en su país cuando sus derechos al empleo y a una vida digna estén asegurados. (FIN/IPS/tra-en/na/ss/lp/mj/pr/02
