Tres proyectos de legislación de emergencia presentados por el gobierno de Japón para afrontar eventuales emergencias militares son rechazados con vehemencia por partidos opositores y activistas.
La aprobación de esos proyectos aumentaría las potestades de las Fuerzas de Autodefensa para afrontar ataques provenientes del exterior, y limitaría en esas circunstancias derechos a la información y de propiedad.
Entre otras cosas, el gobierno podría evacuar a ciudadanos sin indicarles el motivo de esa medida, y confiscar tierras con el objetivo declarado de proteger a la población.
Las autoridades también quedarían habilitadas para ocultar información a periodistas y aplicar otras restricciones a los medios de comunicación. Según expertos en leyes, eso facilitaría la realización de pesquisas y arrestos sin garantías del debido proceso.
La coalición liderada por el primer ministro Junichiro Koizumi espera que el parlamento apruebe esas iniciativas antes de terminar el 20 de agosto su actual periodo de sesiones, pero cuatro partidos opositores boicotean el debate legilativo, y especialistas prevén que los proyectos deberán ser archivados.
La oposición del público es demasiado fuerte, opinó el comentarista político Koichi Ishiyama.
Nada nos impedirá obligar al gobierno a rendirse, aseguró la portavoz de la Unión de Consumidores Japoneses, Hiroko Mizuhara, quien lidera un movimiento contra los proyectos.
Koizumi advirtió en febrero, al anunciar los proyectos, sobre nuevos riesgos para la seguridad del país, tras los atentados del 11 de septiembre en Estados Unidos, y un incidente en diciembre en el cual guardacostas japoneses dispararon contra un presunto buque espía norcoreano en el Mar de China Oriental.
El primer ministro destacó que el país no ha previsto qué hacer para afrontar crisis de seguridad desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, cuando Estados Unidos ocupó el país y le impuso una Constitución pacifista, que acota mucho el desarrollo militar, en el marco de objetivos de defensa.
Pese a esa limitación, el presupuesto de defensa del país es 43.000 millones de dólares anuales, el tercero del mundo, detrás de los de Estados Unidos y Rusia, señaló el especialista en asuntos militares Keizo Nabeshima, de la Agencia de Noticias Kyodo.
En abril, cuando los proyectos fueron enviados al parlamento, 24 por ciento de los consultados en una encuesta de opinión expresaron apoyo a esas iniciativas, 13 por ciento dijeron que deseaban que el parlamento los rechazara, y 47 por ciento dijeron tener dudas en la materia y desear más información.
Desde entonces, los críticos insisten en advertir que la aprobación de los proyectos implicaría riesgos de que el país se involucre en operaciones militares estadounidenses en Asia.
Uno de los artículos más discutidos de los proyectos es el que autorizaría al primer ministro a ignorar en situaciones de emergencia la oposición de cualquier organismo público a la movilización de las Fuerzas de Autodefensa con fines de seguridad pública.
También es muy criticada la propuesta de aplicar multas o penas de prisión a quienes se rehúsen a apoyar a esas fuerzas en coyunturas de emergencia.
Los proyectos evocan el pasado fascista del país, cuando el gobierno obligaba los ciudadanos a apoyar la maquinaria bélica, sostuvo el activista Tamotsu Suzuki, de 77 años, líder de un grupo que demandó por contaminación acústica a la base de la fuerza aérea estadounidense de Atsugi, cercana a Tokio.
Las Fuerzas de Autodefensa pueden afrontar ataques extranjeros en el marco vigente de sus potestades, aseguró.
Las normas propuestas en matyeria de información debilitan la autoridad de contralor de los medios de comunicación, sostuvo el diario Mainichi.
Tenía 10 años cuando comenzó la Segunda Guerra Mundial, y recuerdo en forma vívida la dureza del régimen militarista. Ningún japonés quiere que nuestro país regrese a ese tumultuoso periodo, enfatizó Mizuhara.
En los últimos años, las Fuerzas de Autodefensa fueron autorizadas a participar en operaciones de mantenimiento de la paz en otros países, y el gobierno firmó en 2000 un nuevo acuerdo de seguridad con Washington, que amplió las tareas de apoyo a los militares estadounidenses por parte de esas fuerzas.
En octubre se aprobó una ley antiterrorista que permite a las Fuerzas de Autodefensa cooperar en ese terreno con militares de Estados Unidos.
Es hora de que Japón deje de seguir a Estados Unidos, y enfaice su propio papel en la promoción de la paz, aseveró el activista Katsuhiro Shigemoto, director de la Fundación por la Paz Mundial y el Ambiente, que cuenta con 1.300 integrantes.
Es preciso realizar una cuidadosa revisión de las iniciativas, en el marco de otras potestades conferidas en los últimos tiempos a las Fuerzas de Autodefensa y del nuevo contexto de los problemas de seguridad, opinó Nabeshima.
La política de defensa se desarrollo durante la Guerra Fría, con base en la hipótesis de un ataque de la Unión Soviética, y eso es anacrónico en la actualidad, indicó.
También es conveniente que el parlamento jerarquice el diálogo con países vecinos, para establecer con claridad que Tokio no planea atacarlos, y avanzar hacia dispositivos regionales de seguridad, advirtió.
Dado el histórico militarismo japonés, sería mejor que el gobierno procurara un sistema integral de seguridad, con participación de otras naciones asiáticas, explicó. (FIN/IPS/tra- eng/sk/ccb/js/mp/ip/02
