Actos de sabotaje causan frecuentes fallas en el suministro de electricidad de la capital de India, un servicio privatizado hace sólo 10 días para evitar el consumo ilegal de energía.
Muchos de los 13 millones de habitantes de Nueva Delhi tienen problemas para dormir, pues no pueden usar sus ventiladores y el calor del verano boreal les impide conciliar el sueño.
Llego muy tarde a la oficina porque sólo logro dormirme en las madrugadas, cuando la temperatura desciende un poco, dijo a IPS Jeet Kalra, empleado del servicio privatizado este mes.
La mayoría de los 25.000 empleados de la compañía de electricidad se resisten a mencionar los actos de sabotaje, pero no así Kalra. Se trata de actos perpetrados para que la orivatización fracase, afirmó.
Muchos no pueden perder los ingresos ilegales provenientes de mirar para otro lado cuando hay robos de electricidad, alegó.
La privatización se resolvió para acabar con el consumo ilegal de cerca de 60 por ciento de la energía eléctrica que llega a la capital, que no podría realizarse sin la complicidad de funcionarios corruptos.
Un simple paseo por las atestadas calles de la ciudad permite ver gran cantidad de conexiones ilegales a la red eléctrica.
Durante décadas ha sido un secreto a voces que muchas industrias pagan sobornos para que se les permita robar grandes cantidades de electricidad, y se ha demostrado que 40 por ciento de la energía que llega a la red de transmisión de la capital se pierde en el área industrial de Okhla.
Otro 10 o 15 por ciento del total es robado por residentes en barrios ricos, en gran parte para equipos de aire acondicionado.
La primera ministra y del estado de Delhi, Sheila Dixit, y el ministro de Energía del mismo, Ajay Maken, aseguran que la privatización no será dejada sin efecto, porque cumple una promesa electoral a los usuarios que pagan por el servicio.
La privatizada empresa de distribución de electricidad lleva a cabo una campaña en barrios pobres y asentamientos irregulares con la intención de convencer a los residentes en ellos de que paguen el servicio.
Ya logramos que muchos acepten la colocación de medidores de consumo, y el promedio diario de conexiones legales es en la actualidad el doble que antes de la privatización, aseguró a IPS el responsable de esa campaña, Jagdish Sagar.
Maken admitió que hay demoras deliberadas en la respuesta a quejas de usuarios por parte de empleados, muchos de los cuales pidieron ser transferidos a otras empresas públicas.
El gobierno prepara leyes específicas contra el robo de electricidad, a pedido de las firmas Tata Power y Bombay Suburban Electricity Supply (BSES), que se hicieron cargo de servicio.
El Sindicato de Obreros Indios, filial del gobernante Partido Bharatiya Janata, presentó ante la Corte Suprema de Nueva Delhi un recurso contra la privatización, con el argumento de que es contraria al interés nacional.
Maken opinó que la resistencia a la privatización es un claro caso de alianza entre grupos de presión política y ladrones de energía.
Las firmas que asumieron el servicio comenzarán a ganar dinero apenas pase la actual crisis de crecimiento, y las ganancias dependerán de su habilidad para lograr que los usuarios paguen lo que consumen, aseguró Sagar.
Pero todo indica que puede haber graves disturbios, si esas compañías no logran pronto regularizar el suministro.
Hace poco, la policía tuvo que intervenir para evitar que airados consumidores golpearan a empleados del servicio privatizado que no habían atendido el teléfono para registrar sus quejas.
Las autoridades de la capital estudian medidas para garantizar la seguridad del personal de ese servicio.
El gobierno espera que la privatización en la capital sea exitosa y se transforme en modelo para el resto del país, explicó el ministro federal de Energía, Suresh Prabhu.
El ministro calcula que la sustracción ilegal de energía eléctrica en todo el país cuesta al Estado unos 4.000 millones de dólares por año, sobre todo en beneficio de grandes industrias, a las cuales resulta más barato sobornar a inspectores y políticos que pagar su consumo de electricidad.
Prabhu, un exitoso contador antes de asumir su cargo, pretende imponer criterios de excelencia en las tareas de control, que serán realizadas en forma continua y estricta mediante programas informáticos de compañías locales con fama internacional, como Infosys y Tata Consultancy Services (TCS).
La idea es lograr lo que llamo 'total auditoría energética', explicó.
Esa política ha vuelto impopular a Prabhu entre quienes se han beneficiado durante años con un sistema caracterizado por la ausencia de controles eficaces, que durante años intentaron corregir, sin éxito, especialistas de muchas instituciones, incluyendo al Banco Mundial.
La Agencia Internacional de Energía (AIE), con sede en París, publicó en abril un informe titulado Electricidad en India – Energía para millones, en el cual advirtió que la situación del país en la materia ha llegado a una fase crítica.
La cuestión central es asegurar que las instalaciones energéticas aseguren un retorno justo de las inversiones, ya que las de muchos estados se hallan al borde de la quiebra, debido a que no reciben los ingresos que deberían, destacó. (FIN/IPS/tra- eng/rdr/js/mp/dv/02
